El detonante de esta etapa de la crisis en desarrollo en el Perú fue la remoción y encarcelación del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, pero “la crisis política y el descontento social no son hechos aislados, sino que guardan estrecha relación con la desigualdad estructural y la discriminación histórica, en particular hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país”, afirma el trabajo presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tras su visita en enero.
La investigación comprendió el período entre el derrocamiento de Castillo y el 23 de enero. Según la Defensoría del Pueblo, en ese período se registraron 477 protestas, incluyendo 323 movilizaciones, 80 paralizaciones, 68 concentraciones y plantones y 6 vigilias. Adicionalmente, esa entidad reportó 45 marchas por la paz y, al menos, 68 hechos de violencia . En este periodo de 1tiempo, 57 personas perdieron la vida en el contexto de la conflictividad social, entre ellos 2 bebés que no pudieron ser atendidos en centros asistenciales por los bloqueos de carreteras; 8 adolescentes; y un agente policial cuyo cuerpo, según la información recibida, apareció quemado . Conforme a información del Ministerio 135 Público, también se reportaron al menos 912 personas heridas , de las cuales 136 eran miembros de las fuerzas de seguridad.
“Las protestas, afirma la CIDH, tienen lugar en un marcado contexto de discriminación histórica por origen étnico-racial y situación socioeconómica. Esta discriminación se hace visible en diversos aspectos y espacios, como la insuficiente representación política de comunidades rurales, campesinas, pueblos indígenas y personas afrodescendientes; la falta de desarrollo e inversión social en las provincias apartadas de la capital; y, en general, la desigualdad en el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y la corrupción. A ello se suma la baja ejecución presupuestal en todos los niveles del Estado, en particular, en gobiernos regionales y locales.
Respecto a la corrupción, CIDH da cuenta que Contraloría señala que 8730 funcionarios públicos estuvieron involucrados en actos de corrupción en el 2022. La institución señaló que la suma del dinero involucrado en diversas transacciones asciende a 5.735 millones de soles, o 1.570 millones de dólares. Y al menos 7 ministros del gobierno anterior fueron acusados de actos de corrupción ; la actual Fiscal General fue denunciada por los delitos de organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción de la justicia ; la ex presidenta del Poder Judicial fue sometida a un proceso disciplinario por supuestos actos de corrupción ; y para agosto de 2022, al menos 16 congresistas enfrentaban investigaciones de corrupción.
La situación, y la impunidad con que suelen salir adelante los imputados, se da en el marco de una crisis que no cesa al menos desde 2016, y se expresa en fuertes enfrentamientos entre los poderes públicos, como consecuencia de los cuales el país ha tenido 6 presidentes y 3 congresos en 7 años, así como períodos de intensas protestas sociales. Estas crisis político-institucionales han ocasionado diferentes impactos en la situación de derechos humanos de toda la población, debilitado la confianza ciudadana en las instituciones y obstaculizado la gobernabilidad del país.
Es en ese contexto político que las grandes empresas extractivistas reciben exenciones impositivas. La situación está generalizada en las esferas del Estado, y contrasta fuertemente y es facilitada por la profunda brecha social del país. “Esta crisis denota que en el país persiste una fuerte estigmatización hacia las comunidades indígenas y campesinas de ciertas regiones, tal como fue documentado durante el conflicto armado interno entre 1980 y el 2000. Si bien el conflicto armado de fin de siglo no fue categorizado como un conflicto étnico en sentido estricto, pues los grupos en pugna no manifestaron estas motivaciones de forma explícita, contó con un fuerte componente por origen étnico-racial.”
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, “el haber nacido en departamentos como Ayacucho, Puno o Apurímac, o ser quechua hablante, conllevaba percepciones discriminatorias de «inferioridad», o era asociado con ser «indio», expresión utilizada para estigmatizar y deshumanizar. En las recientes protestas sociales pudo observarse una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, particularmente en los mensajes que reproducen autoridades, perpetuando la noción de que las personas campesinas e indígenas que protestan tienen vínculos con actos de terrorismo y que incluyen la utilización de palabras como “terroristas”, “terrucos”, “senderistas” o “indios” . Estos mensajes no son inocuos, afirma CIDH, sino que, por el contrario, crean un ambiente de permisividad y tolerancia de la violencia institucional y discriminación hacia las comunidades campesinas y los pueblos indígenas originarios de Perú.
Un 60% del Perú estima que la brecha de desigualdad ha aumentado en los últimos dos años, afirma CIDH. “En tal sentido, si bien las 53 protestas que comenzaron el mes de diciembre de 2022 tienen consignas políticas puntuales, en el fondo guardan relación con el modelo social y económico, así como el acceso a derechos en condiciones de igualdad. Máxime cuando una de las fuentes de conflictividad social histórica se relaciona con el modelo extractivista que incluye concesiones de largo término con beneficios tributarios.
La CIDH observa que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en áreas rurales también han sido los más afectados por los pasivos ambientales de las industrias extractivas que han impulsado una parte importante del crecimiento económico del país. En este orden de ideas, la Defensoría del Pueblo ha revelado que, de los 211 conflictos sociales activos a septiembre de 2022 (al menos dos meses antes del derrocamiento de Castillo), 136 estuvieron motivados por causas socioambientales, vinculadas, en el 67% de los casos, con actividades mineras que afectan territorios, ríos y reservas naturales.
En Perú se dan situaciones como las del llamado VRAEM, valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, zona sin presencia del Estado al menos hasta 2006, cuando el entonces presidente Alan García envió un contingente militar a la zona. El valle es tal vez el de más alta desnutrición infantil del país, y hoy sede del narcotráfico a partir de un grupo armado que pertenecía a la organización terrorista Sendero Luminoso. La ausencia eficaz del Estado en la zona sigue avalando el cultivo ilícito de coca de los habitantes, con apoyo logístico y financiero del narcotráfico.
Adicionalmente, dentro de los desafíos que enfrenta la institucionalidad de Perú, está la economía ilegal dedicada a actividades como la minería, la trata de personas y el tráfico de drogas, que mueve al menos 6.650 millones de dólares al año . Esas economías se instalan en regiones con débil presencia del Estado para asegurar control territorial y ejercer sus actividades libremente. Se estima que las economías ilegales se concentran en la región de VRAEM y el Huallaga –principalmente para el tráfico ilícito de drogas– y en las provincias de Puno, Madre de Dios, Piura o Ayacucho –principalmente para la minería ilegal.
El índice de pobreza en el país en 2021 fue del 25,9%, y los mayores niveles se reportaron en la sierra rural, con 44,3% y en la selva rural con 35,0% . “De acuerdo con las mediciones multidimensionales de la pobreza (enfoque integral que comprende las múltiples carencias que impiden a una persona asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas) ésta afectó en el año 2019 al 42,4% de los hogares del país, revelando que los incrementos en los ingresos de los hogares no estuvieron acompañados de mejoras similares en el acceso a la educación, salud, vivienda y otros servicios elementales para la vida. Además, existe una profunda brecha que dificulta o impide el acceso y calidad de estos servicios en áreas rurales y urbanas.”
“El fenómeno de la pobreza impacta de manera diferenciada a las personas indígenas quienes además enfrentan profundas dificultades para acceder al mercado de trabajo. De hecho, tan solo el 11% de la población indígena del país tiene un empleo formal en una economía que se caracteriza por un elevado índice de informalidad laboral.”
“Mediante las manifestaciones se canalizaron demandas de índole político coyuntural que guardan relación con demandas sociales de carácter estructural derivadas de un contexto de discriminación y desigualdad que han generado la exclusión en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En particular, la exclusión se dio hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país; regiones donde se ha concentrado la mayor cantidad de protestas, de mensajes estigmatizantes y de denuncias de violaciones de derechos humanos, así como hechos de violencia”, señala el informe.
Por Shoichi Yokoi
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