EL VIGÍA (3)

EL VIGÍA Luis Fabre y Alfredo Falero

Torre Einstein del Instituto de Astrofísica de Potsdam en Alemania

La marcha anual del 20 de mayo y su importancia simbólica

Germán Coca y Alfredo Faleroⁱ

Transcurrió una numerosa marcha más por verdad y justicia en un mes que es clave en la memoria histórica de este país. Cabe recordar de nuevo el por qué de la fecha en este mundo que se presenta como un conjunto de eventos fugaces y sin conexión entre si: el 21 de mayo de 1976, como parte de un plan sistemático de exterminio de la disidencia y de la transnacionalización del terrorismo de Estado (Plan Cóndor), fueron encontrados en Buenos Aires los cuerpos de Zelmar Michellini, Héctor Gutierrez Ruiz, Rosario Barredo y William Withelaw en Buenos Aires. Sobre este proceso de transnacionalización de la represión se puede hablar mucho e incluso aún hoy van apareciendo nuevos elementos, pero el objeto de este breve artículo es mucho más puntual: adjudicarle la importancia adecuada a la disputa de sentidos o disputa simbólica a la que contribuye la movilización.

Pues sin lugar a dudas desde 1996, año que se comienza a realizarse, constituye una instancia clave para las organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos pero también para el campo popular en general, ya que el tema atraviesa movimientos y organizaciones y muestra que se trata de un tema aún pendiente, abierto para una parte importante de la sociedad. Es decir, por más actitud distraída, incómoda, contradictoria o de respeto a regañadientes que pueda tener un gobierno, no deja de interpelarlo. Más aún, no deja de interpelar al Estado más allá de gobiernos, pues la maquinaria de represión desbocada con apoyo de intereses políticos y económicos, es también parte del Estado en Uruguay y América Latina más en general.

Ahora bien, dicho esto, ¿puede considerarse la “marcha del silencio” un mecanismo de presión hacia el poder militar para destrabar el tema?. Esto es más difícil de sostener, sería olvidar cómo funciona ese poder en términos formales institucionales (cadena vertical de mandos, jerarquías estrictas, etc.) y en términos informales (agrupamientos e internas, conexiones con organizaciones de retirados, etc.). Y no creemos que ningún evento anual “civil” tenga esa capacidad considerando que desde la instalación del primer gobierno democrático en 1985 este poder ha mantenido –en general- un carácter declarativo de respeto institucional, pero también un carácter ubicado más en las sombras de autoasignación de vigilancia o “tutela democrática” que por ejemplo implicó operativos de inteligencia, seguimiento de figuras políticas y sociales.

De esta manera, en la complicidad civil-militar de este estado de cosas, el tema pasó por tres diferentes “estados” que se fueron sucediendo desde el período postdictadura: negación de lo ocurrido y la idea de excesos, la perspectiva de aceptación parcial pero enfatizando la nueva época y cuestión del pasado y de aceptación más general pero de limitaciones ante la falta de cooperación para el suministro de información sobre torturas, ejecuciones, enterramientos, etc. Si en términos generales puede considerarse un avance -al que contribuyeron las organizaciones de Derechos Humanos y el campo popular en general- el ocultamiento o el suministro de información falsa vuelve al poder militar evidente y con una autonomía respecto a autoridades civiles que aniquila algunos mitos frecuentes sobre el Uruguay actual.

Y esto lo podemos afirmar a partir de hechos concretos. En nuestra investigación que incluyó una revisión sistemática de prensa durante el período de los tres gobiernos del Frente Amplio, se pueden identificar varios eventos que dan cuenta de este poder. Aquí vamos a ser muy telegráficos y remitimos a dos capítulos de libros al final para quien quiera ampliar.

Uno de esos eventos ya ocurrió en 2005 con tensiones entre el Ejecutivo y el Ejército en donde no faltaron amenazas por parte de éste en suspender las investigaciones ante el avance de la justicia (recordemos el respaldo del entonces presidente Vázquez en cuanto a que todos los crímenes cometidos antes del 27 de junio de 1973 estaban por fuera de la ley de caducidad). Otro evento posterior –en 2006, presidencia de Tabaré Vázquez – fue la destitución de Carlos Díaz como Comandante en Jefe del Ejército al comprobarse que este había convocado una reunión a espaldas del gobierno con los principales líderes políticos de la oposición.

En la lista de amenazas desde filas militares hay que recordar al «Comando Barneix», al grupo denominado Libertad y Concordia, las que llegaron al grupo de investigación en Arqueología Forense de la Facultad de Humanidades con hurto incluido en 2016 y así se podría seguir. También se desarrollaron operaciones de contrainteligencia y de espionaje a políticos, jueces y organizaciones sociales. En suma el tema siempre fue más allá del ocultamiento de información o de proporcionar información falsa que igualmente es gravísimo.

Pero ahora debemos volver brevemente a una suerte de balance general porque en la actual situación de estancamiento respecto al tema, las luchas simbólicas –entre las cuales están los efectos de la marcha del 20 de mayo- se vuelven imprescindibles para enfrentar la imposición de una representación del problema como cosa del pasado y por consecuencia que no contribuye a pensar el futuro, de tema saldado, de cuestión de una parte pequeña de la sociedad, entre otras falsedades.

Peor aún: más que tema cerrado ahora a veces se intenta reabrir en forma tergiversada principalmente por parte de Cabildo Abierto en su defensa de intereses militares, cuando se intenta construir -como parte de la cultura conservadora de los últimos tiempos- un negacionismo de lo ocurrido incluso antes de 1973. Esta operación política puede ser visible para muchos que siguen el tema, pero no para una parte importante de la población. Y por ese camino, nada se va a solucionar como sociedad. En un país en el que parece que todo pasa por decisiones de gobierno o de partidos políticos, debe insistirse entonces: todas las luchas sociales que contribuyan a evitar el ocultamiento, la minimización, la tergiversación o directamente la negación del terrorismo de Estado, no son nada menor dado el actual estado de cosas y los futuros posibles.

PARA AMPLIAR

Coca, G., y Falero, A. (2022) Luchas por la memoria en Uruguay: insumos analíticos para América Latina. En M. Domingues, J. Torres Estebán (coords.), Nuevos actores y cambio social en América Latina. CLACSO. https://www.clacso.org/nuevos-actores-y-cambio-social-en-america-latina/

Falero, A. y Coca, G. (2023) Las luchas por los Derechos Humanos en Uruguay: Poder militar y Contradicciones en el progresismo. Mauro Cristeche, Fabiana Parra (coords.) Desigualdades, resistencias y derechos en Latinoamérica y el Caribe, CICSHAL. https://press.religacion.com/index.php/press/catalog/book/22

i Sociólogos.

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La Caja de Jubilaciones Profesionales 2023

Por Luis Fabre

Reseño de Búsqueda del 18 del corriente mes. La Caja de Jubilaciones Profesionales presentó al Poder Ejecutivo una medida consistente en un aporte anual de los afiliados en situación de no ejercicio. Recordamos que esa situación implica no aportar a la misma. Como hemos argumentado en este medio hasta ahora sin ser refutado-la condición de afiliado a la Caja reviste mayores beneficios que la primordial jubilación. Entre ellos mantener ese propósito fundamental sin aportar por varios períodos de tiempo y volver a la situación regular con todos los derechos y beneficios que brinda la Caja. Y en los casos de cesación de aportes recobrar el tiempo adeudado con frecuentes refinanciaciones de largos plazos y acordes a posibilidades personales. Por tanto sería congruente reservar potencialmente los derechos con una cuota mínima en ambas situaciones. Y fijar la misma con un valor incuestionable sobre su posibilidad de pago. Para la Caja, multiplicada por la si cuestionable, no controlada, cantidad de 90.000 profesionales en no-ejercicio sería un efectivo apoyo. En otros clásicos, históricos colectivos, solo el aporte sistemático de la cuota social mantiene el derecho a servicios que se anulan al deudor salvo nuevo ingreso sin deudas . Pero el Gobierno no habilitó esta medida cuando es obvio que el Estado, teniendo injerencia directa en el enorme y valioso colectivo de los profesionales uruguayos de toda índole, no cumple sus obligaciones. Injerencia por demás comprometida cuando, simultáneamente practica su teoría liberal promoviendo la enseñanza estatal y privada para formar profesionales con dudosa inserción en el endiosado mercado de trabajo. Mas aún con la impactante desagregación actual que afecta las mismas y el desacople con sistemas contributivos de previsión cuya obsolescencia resulta evidente.

Hora de participar

Ante la crisis financiera de nuestra Institución, mas que señalar omisiones flagrantes como la del Estado y falencias propias de administración, nuestra obligación fraterna como afiliados es apoyar con audacia la mutación a un sistema integrado que contemple la equivalencia de todo trabajo humano y derechos generalizables a todos.

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