El 28 de marzo en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar), se realizó la mesa redonda «Caso Astesiano: dilemas y criterios periodísticos».En el evento, los periodistas Guillermo Draper, editor de política del semanario Búsqueda, Martín Natalevich, subeditor jefe del diario El Observador, Lucas Silva, periodista de La Diaria y director informativo de TV Ciudad y Rosario Touriño, editora de política del semanario Brecha, expusieron su perspectiva y contestaron preguntas del público. La actividad, organizada por la Sección Académica Periodismo de la FIC, tuvo el objetivo de pensar la profesión y el papel del periodismo en la sociedad a través del caso Astesiano, «que permitió un excepcional ejercicio del periodismo, que puso en cuestión muchos de los asuntos que hacen al trabajo de los periodistas», señaló la moderadora del evento.
«El trabajo de los medios en tela de juicio»
Uno de los aspectos de este proceso judicial, que continúa aún para comprobar si hay más implicados que hayan cometido delitos y que ha suscitado editoriales periodísticas y declaraciones de dirigentes políticos, es el que motivó esta mesa redonda, el desplazamiento por momentos del interés del tema, de los delitos cometidos por el ex jefe de seguridad del presidente, a la labor de los medios. «El trabajo a conciencia de los medios sobre este inmenso material, fue puesto en tela de juicio, el gobierno incluso habló de un goteo intencionado de información con fines políticos», apuntó la moderadora.
Algunas de las preguntas disparadoras sobre las que expusieron los periodistas en este bloque fueron: «¿Qué volumen de material recibieron? ¿Accedieron a la información de manera fragmentada? ¿Cómo procesan el material? ¿Qué tipo de verificación aplicaron? ¿Qué dilemas periodísticos enfrentaron? ¿Qué publicar y qué no? ¿Dónde trazar el límite entre la vida privada y el interés público?».
Un arduo trabajo
Silva puntualizó que el material vinculado al caso Astesiano no se restringe a los chats extraídos del celular incautado, sino que incluye todos los que se encuentran en una carpeta judicial que tiene muchísimos componentes. Recordó que cuando se incautó el teléfono celular de Astesiano el material que contenía pasó a formar parte de la carpeta judicial y los periodistas sabían que este sería estudiado e investigado por la fiscalía, el Ministerio del Interior y los defensores de los imputados. «A partir de ese momento los periodistas más que recibir información la fuimos a buscar y en algunos casos se consiguió», resaltó Silva. Sobre ciertas expresiones, «en especial de personas que en el fondo no querían que esto saliera a la luz de ninguna manera», que plantearon la teoría de un «goteo de información» utilizado intencionalmente por los periodistas para dosificar las publicaciones en torno al caso, sostuvo que «no tienen nada que ver con la realidad, eso no sucedió así». «El periodismo salió a buscar el material, lo consiguió y después lo trabajó como pudo», afirmó. Recordó que en una primera etapa los periodistas accedieron solo a los textos de los chats de Astesiano y posteriormente pudieron conseguir también los audios, material más completo que les permitió reconstruir los 1300 chats que se encontraban en el teléfono.
Resaltó que el volumen de información con el que tienen que trabajar en torno a este caso es muy grande y complejo, lleva mucho tiempo procesarlo, a lo que se suma el momento que viven hoy las redacciones que están muy disminuidas de personal y con los periodistas sometidos a las condiciones del multiempleo. Añadió que además la carpeta judicial fue creciendo e incorporando nuevos materiales a medida que se desarrollaba el proceso contra el ex custodio, los que se vinieron a sumar a la ya compleja tarea de los periodistas. En ese sentido destacó que un material que se prevé que se incorpore a la carpeta del caso en los próximos meses son los chats del presidente Lacalle con Astesiano, que hasta junio tienen carácter de reservado. En cuanto a la verificación de la información señaló que una ventaja de los chats es que tenían los números de teléfonos con los que se comunicaba el jefe de custodia por lo que era relativamente simple comprobar a través de una llamada a esos números si la información que emanaba de los chats era cierta.
Con respecto a si publicar una información o no, Silva definió como muy digno el trabajo y la actitud de los periodistas de El Observador que difundieron a través de sus redes sociales la información acerca del seguimiento de la esposa del presidente por parte de la seguridad privada presidencial y por orden del primer mandatario uruguayo, ya que se les prohibió publicar la noticia en el Medio. Asimismo destacó como cuestiones muy relevantes a discutir que se extraen de este caso «la política y su mirada sobre los medios de comunicación y en qué lugar se coloca a los medios» y los personajes secundarios, militares, servicios de inteligencia, «numerosos personajes que no son Astesiano pero que están formando una segunda línea, que estuvieron antes, están ahora y van a estar en el futuro».
Profundizar en la narrativa
Natalevich recordó que una de las primeras informaciones que se hicieron públicas acerca del caso, fue que algunas de las reuniones que Astesiano mantenía por el tema de la falsificación de partidas de nacimiento para la confección de pasaportes para ciudadanos rusos, las realizaba en el piso 4 de la Torre Ejecutiva. Entiende que este hecho invalida la estrategia de quienes han querido minimizar la gravedad de este caso. Señaló que el diario El Observador accedió bastante tarde a los chats, el 1º de diciembre de 2022 llegó a 843 archivos de texto que eran conversaciones del whatsapp de Astesiano y en los que se basó el trabajo más fuerte del Diario y el 22 de enero de 2023 a nueve carpetas integradas por texto, audio e imágenes.
Los periodistas de El Observador apuntaron a una lectura total del material y para diferenciarse de otros medios que cubrían el caso, a profundizar aspectos como quién era Astesiano, cómo actuaba, cuáles eran sus vínculos y por qué. Algunos elementos complejizaban la tarea por ejemplo que no contaban con los audios de los chats en esa primera tanda de materiales y Astesiano tenía muchos de sus whatsapp en ese formato, no se facilitaron los chats con el presidente y había dispositivos celulares de Astesiano a los que no se accedió. En lo que se refiere a la verificación apuntaron a comprobar si el material que analizaban coincidía con lo que se encontraba en la carpeta judicial, a un cruzamiento de datos, a llamar a los involucrados y a la reconstrucción de trayectorias. En cuanto al por qué de la publicación dosificada de la información entre el 8 y el 14 de diciembre apuntó que fue por una cuestión de economía editorial, si toda la información se hubiera publicado en notas que salieran el mismo día, estas hubieran competido entre ellas y la información se perdería.
«Determinar cuando algo pertenece a la esfera pública o a la esfera privada no siempre es estrictamente claro, se resuelve caso a caso», afirmó. Entiende que en el caso de un presidente lo público y lo privado tienen un límite difuso ya que muchas veces durante la campaña electoral ellos mismos se exponen públicamente sin necesidad de que nadie indague sobre eso. «Hablan de si están separados de sus parejas, de lo que les gusta o no les gusta, de sus rutinas, por eso cuando llegan al gobierno no está tan clara la separación entre lo que pertenece a la esfera pública de los que pertenece a la esfera privada», señaló.
Destacó que el criterio que utilizan en el diario para identificar este límite se vincula con la afectación social que tiene el hecho en cuestión, si lo que se publica es de relevancia e interés público.
Contar historias
Draper por su parte resaltó que «nunca estuvo en discusión en el semanario Búsqueda que este era un tema de interés periodístico y que acceder a la carpeta fiscal y a todos los materiales vinculados al caso Astesiano era importante para nosotros». Coincidió con Silva en que no hubo una intención de dosificar la información sino que esta se publicó cuando pudieron acceder a ella y procesarla.
En cuanto a qué publicar y qué no, señaló que los periodistas de Búsqueda lo discutieron caso a caso, hubo información que consideraron que estaba dentro de la vida privada de las personas y no se publicó. En el caso de si publicar o no el seguimiento de la esposa del presidente por parte de la seguridad privada presidencial y por orden del primer mandatario uruguayo, fue una discusión que los periodistas de Búsqueda estaban dando y no habían llegado a saldar aún cuando esta información fue difundida por los periodistas de El Observador. Entiende que «como periodistas no tipificamos delitos, no somos jueces ni fiscales, tratamos de contar, de escribir y muchas veces de arrojar luz sobre cosas que están en la oscuridad y hay gente que quiere que sigan ahí».
Buscar conexiones
Touriño recordó que Brecha comenzó a publicar acerca del caso Astesiano el 1º de diciembre de 2022. Resaltó las publicaciones acerca de la vinculación del jefe de la custodia presidencial con diversos empresarios, en especial con la empresa Vertical Skies, «a partir de allí uno empezó a ver el tenor del asunto», expresó. Recordó que para construir la información en torno a este vínculo comenzaron investigando acerca del perfil de los ex militares propietarios de la empresa Vertical Skies. Con esta metodología de investigación también pudieron saber que uno de los accionistas de esta empresa era asesor del senador Juan Sartori. Para algunas de estas investigaciones se valieron de herramientas como la dirección General de Registros que aporta la información con un costo actual de aproximadamente 600 pesos uruguayos, acerca de quién es el titular de una empresa, el que abre la sociedad comercial. De esta manera pudieron verificar cuál era la sociedad anónima de Vertical Skies en Uruguay. Apuntaron a buscar patrones y conexiones entre los chats en vez de analizar conversaciones aisladas, uno de los objetivos fue entender cuál era el «vastísimo círculo de influencia de Astesiano».
Destacó que uno de los aspectos que surgen de esta información es que la corrupción siempre se centra en el ámbito público pero en Uruguay no hay demasiada legislación acerca de la corrupción privada y resaltó que es necesario profundizar en este tipo de corrupción. En cuanto a qué publicar y que no, recordó que en el análisis de los chats en algunas ocasiones aparecieron personas que no tenían gran relevancia en los hechos, que no estaban en la órbita del Estado y cumplían órdenes de otro y en esos casos los periodistas de Brecha decidieron citarlos en la publicación por sus iniciales. «Se evaluó caso a caso que publicar y que no», señaló. En lo que se refiere a que se publicara la información sobre que el presidente había ordenado un seguimiento de su esposa para conocer sus movimientos, entiende que «es relevante y la gente tenía que saber que el presidente mandaba a su servicio de seguridad a averiguar». Señaló que los medios periodísticos escritos dieron «un puntapié inicial muy fuerte» para que la sociedad accediera a esta información, en cambio los canales de televisión privada, aunque hicieron un seguimiento de los cambios que se iban dando en el caso y existen matices entre los diferentes programas, «me parece que en general tendrían que haber calibrado un poco más la gravedad de este asunto».
Fuente Portal de la Udelar
Finalizada la exposición de los periodistas se abrió un espacio para preguntas del público.
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