El Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador (FUT) convocó para hoy una marcha de protesta contra las reformas al código laboral impulsadas por el presidente Guillermo Lasso. El acto aumenta la presión política sobre el mandatario, en el marco de un juicio político en ciernes por casos de corrupción.
La central sindical caracteriza su gestión como neoliberal e inepta ante los problemas sociales y económicos que atraviesa el país sudamericano.
La presidenta de la organización gremial, Marcela Arellano, acusó al gobierno de Lasso de tomar medidas con el objetivo de alejar a los trabajadores de las organizaciones sindicales, en lo que sería, según sus palabras, “una demostración más de ineptitud frente a la crisis social”. y problemas económicos que atraviesa el país”.
En la conferencia de prensa realizada en la tarde del lunes, Arellano también criticó a parte de la prensa local por defender el discurso del gobierno de que las manifestaciones contra el gobierno buscarían desestabilizar el país y promover la ingobernabilidad.
“La movilización es parte de los derechos humanos fundamentales, está dentro de la Constitución, y estamos protestando precisamente porque en este momento estamos en un estado de indefensión”, respondió el dirigente gremial.
Arellano agregó que organizaciones estudiantiles, campesinas e indígenas dijeron que se unirán a los eventos que se realizarán en las tres principales ciudades del país, Quito, Guayaquil y Cuenca.
Además de criticar las políticas del actual gobierno, las centrales sindicales y los movimientos sociales se proponen reforzar la presión por la destitución de Lasso, lo que puede favorecer la iniciativa que se discute en la Asamblea Nacional ecuatoriana a favor de la destitución del presidente.
El viernes 3, jefes de distintas bancadas de la unicameral Asamblea Nacional de Ecuador, llegaron a un acuerdo para iniciar un proceso de destitución del presidente; procedimiento similar al juicio político en Brasil.
La iniciativa se basa en el dictamen publicado el 1 de marzo por la Comisión de la Verdad, la Justicia y el Combate a la Corrupción, sobre una supuesta red de corrupción en varias empresas públicas durante el actual gobierno, caso que la prensa local denomina “El Gran Gran jefe».
El documento fue aprobado en ese momento por seis votos a favor y solo uno en contra, y recomienda la destitución de Lasso por “mal uso de dinero público, atentando contra las instituciones y la seguridad pública del Estado”.
El acuerdo del viernes pasado involucra a los partidos Revolución Ciudadana [que encabeza el expresidente Rafael Correa, y que cuenta con 47 parlamentarios], Movimiento Plurinacional Pachakutik [24 parlamentarios], Izquierda Democrática [15 parlamentarios] y Partido Socialista Ecuatoriano [1 parlamentario], que en conjunto conforman hasta 87 de los 137 miembros de la Asamblea.
Este quórum es suficiente para instalar el juicio político contra Lasso, que requiere la formalización de un documento con las firmas de 69 parlamentarios, que cubren holgadamente la mayoría simple requerida.
Si el proceso llega a la etapa final, luego de presentadas las acusaciones y la defensa del representante, se requiere una mayoría de dos tercios, es decir, 92 votos, para que se apruebe el juicio político.
En ese caso, la bancada de 87 parlamentarios comprometidos con el acuerdo contra Lasso sería insuficiente. El grupo actual tendría que convencer al menos a cinco de los 16 parlamentarios elegidos por partidos pequeños o siglas regionales, que no suelen actuar en bancada, para obtener los votos necesarios.
El grupo de gobierno, encabezado por el Movimiento CREO (Criando Oportunidades), partido ultraliberal fundado por el propio Lasso, cuenta con 34 diputados, y está más lejos de reunir los 46 votos necesarios para evitar la aprobación del juicio político.
(Reproducción autorizada por Operamundi.uol.com.br)
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