Tras arrasar la democracia peruana, la presidenta Dina Boularte se empeña en destrozar también la imagen del país ante el mundo. La protesta y rebelión en las regiones del interior peruano tienen motivaciones concretas. El economista Efraín Gonzales de Olarte dice, con base en una exhaustiva investigación, que el “sistema centro periferia” es el mecanismo por el cual estas regiones y sus pueblos han sido excluidos de cualquier posibilidad de desarrollo, mientras que Lima y otras capitales regionales se han beneficiado. Los números son abrumadores: el producto per cápita en Lima es cuatro veces el de las regiones juntas; cinco veces más que los lugares donde se registra el mayor número de protestas: Puno, Ayacucho, Apurímac y Huancavélica.
El crecimiento de Lima y sus contrapartes regionales ha sido centralista y excluyente, lo que ha llevado a que los ingresos de un trabajador urbano sean tres veces superiores a los de un trabajador rural. El Índice de Desarrollo Humano de Lima es de 0,7, mientras que las demás regiones apenas llegan a 0,4. Todo esto implica que se profundice la brecha socioeconómica entre las regiones y Lima, comparable a la que existe entre los países europeos y el país más pobre de África.
Estos son los motivos de la rebelión regional, junto con la indignación por el asesinato de más de 60 manifestantes desde diciembre pasado. Un movimiento que continuará en marzo con la misma o incluso mayor fuerza que la vista en los 80 días anteriores.
Desde el 1 de marzo comenzaron a llegar marchas a la capital del Perú, provenientes de diferentes regiones, para la “segunda toma de Lima”. El gobierno sabe perfectamente que la rebelión es un acto profundamente político y que pone en entredicho el poder que actualmente gobierna el país.No es solo un reclamo. Tampoco basta con hacer obras al azar para calmar los ánimos de los descontentos, que es la estrategia del gobierno de Dina Boluarte –títere en manos de sectores conservadores civiles y militares–, siguiendo una lógica fascista.
No es “una marcha más”, como dicen los soldados que asedian el Estado. El acto que anuncian los movimientos regionales tiene una base política y la capacidad de cuestionar el sistema “centro-periferia” que desprecia al interior, privilegia a Lima y genera extremos insostenibles.
Más de 60 muertes sin ser investigadas por la Fiscalía de la Nación. Una muestra de que el régimen autoritario de Boluarte cuenta con el apoyo no sólo de las Fuerzas Armadas, sino también del Poder Judicial, el Ministerio Público, del Tribunal Constitucional y del Congreso de la República. Y, por supuesto, también con la tutela desvergonzada de Estados Unidos.
El informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH), que denuncia “masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos degradantes y violencia sexual contra detenidos” no ha logrado hasta ahora mover a los tribunales. Según el informe, “no hay ningún elemento en el catálogo de derechos humanos que no haya sido violado”. Estas conclusiones, según el portavoz del Gobierno, estarían influidas por “comunistas”, cuando no por “terroristas”. ¡Atroz!
Esto se refleja en que el 77% de los ciudadanos desaprueba la gestión de Boularte como presidente, mientras que el Congreso, su principal apoyo político, tiene una imagen negativa del 90%. Aun así, cerrando los ojos y tapándose los oídos, el Ejecutivo y el Legislativo repiten sin cesar que el gobierno es “sólido” y que “hay paz” en el Perú, “bajo el principio de autoridad”. Es decir, bajo represión y territorio militarizado.
Luego de destruir la democracia en el Perú, Boluarte insiste en destruir la imagen del Perú como país amigo y como destino turístico. También hace añicos la reputación de nuestra diplomacia a lo largo de su historia, a partir de las vergonzosas actuaciones de los tres últimos cancilleres, Ana Gervasi, César Landa y Oscar Maurtua. El camino para convertirse en un fracaso internacional parece estar asegurado.
El diario más poderoso de Perú, puesto al servicio del gobierno de Boluarte, confronta al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, diciendo que con su actitud hacia el actual gobierno –de apoyo al expresidente Pedro Castillo– “manchó la trayectoria de los mexicanos”, y justificó la “retirada definitiva” del embajador peruano de México, haciendo que las relaciones con ese país quedaran únicamente en el plano comercial. Seguir esta escalada de ruptura de relaciones diplomáticas sería un paso más, y el más estúpido, en el ya avanzado proceso de aislamiento internacional del Perú.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, mostrando que sabe jugar este juego, respondió diciendo que, “a pesar de la desafortunada decisión del gobierno peruano, mantendrá su representación diplomática y consular en Lima”. Lección para las contrapartes peruanas sobre cómo funcionan los protocolos de política exterior.
Pero no es sólo López Obrador quien critica expresamente al gobierno de Boluarte, cuyos elementos fascistas son cada vez más evidentes. También lo hicieron públicamente los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, Bolivia, Luis Arce, Argentina, Alberto Fernández, Honduras, Xiomara Castro, y Chile, Gabriel Boric. Todos ellos, con énfasis propios, pero sin eufemismos.
“Condenamos el golpe de Estado y la agresión de la que es objeto el pueblo peruano”, dijo Castro, desde Honduras.
“No podemos quedarnos indiferentes cuando, en el Perú, personas que quieren manifestarse son asesinadas por quienes deben defenderlas”, declaró Boric.
“No reconocemos al actual gobierno (peruano) y apoyamos a nuestros hermanos que luchan contra la dictadura de Boluarte”, expresó Arce.
“Repudiamos la detención de Castillo, que carece de sentencia judicial definitiva”, comentó el colombiano Petro.
“No debemos dejar solo al pueblo peruano. Fue una infamia lo que le hicieron a Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo a la gente”, opinó el mexicano Lopez Obrador.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante la presión internacional, exigió a las autoridades peruanas «realizar investigaciones rápidas, efectivas e imparciales» sobre las muertes registradas en las protestas, y que «eviten la estigmatización de las víctimas». En un plazo de 60 días, el gobierno debe entregar un informe al respecto.
Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA), a regañadientes, se limitó a invitar a Boluarte a una reunión protocolar en la que nada se dijo ni se acordó. Sin embargo, tras la decisión de la ONU, la entidad panamericana deberá adaptarse pronto.
Ambos organismos multilaterales son perfectamente conscientes de que Boluarte cuenta con el apoyo de Estados Unidos, hecho que les obliga a actuar con “prudencia y consideración”. Es decir, miedo al jefe.
* Cusqueño, economista con maestría en planificación del desarrollo y doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Columna publicada originalmente en Operamundi,uol.com.br, con cuya autorización se reproduce.
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