La media sanción que tiene el proyecto de ley de Corresponsabilidad en la Crianza y Tenencia Compartida alcanzó para que se diera una oposición tan vasta y diversa que asombra hasta a quienes promueven la oposición.
“Pocas veces había visto una reacción tan unánime de las organizaciones de la sociedad civil y la academia, asociaciones y organismos como Unicef, con fundamentos en contra”, señala la presidenta del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Ana Lima.
El proyecto, de 2016, es una iniciativa del entonces senador Luis Lacalle Pou, y Lima no duda en calificarla de “embestida de los grupos religiosos, conservadores, y políticos del mismo signo por voltear la ley de violencia basada en género”. Su eventual aprobación en Diputados solo exacerbará la oposición al proyecto, que se extiende mucho más allá de la oposición política y además se imbrica en los movimientos feministas. Así, el proyecto se ha transformado en un parteaguas que aísla e identifica a la concepción filosófica misma que aglutina a la coalición de gobierno.
El proyecto de ley, señala Lima, “quiere beneficiar a los varones violentos y abusadores”, y la oposición a él viene denunciando la vulneración de derechos fundamentales de la infancia que implica. “Es violatorio de compromisos internacionales y de legislación interna. Inventa un instituto, el de corresponsabilidad en la crianza. Lo que existe son las obligaciones de los padres en el ejercicio de la patria potestad”.
Un ejercicio que, según explica, no se ve reflejado en los hechos, lo que se traduce también en números. “En la exposición de motivos argumentan que ‘hay compatriotas sufriendo’ por la situación. Hablan de denuncias falsas por violencia para perjudicarlos Jamás llevaron evidencias, ni estudios ni casos de denuncias falsas que hubieran conducido a decisiones erróneas de los jueces”.
“Nosotras hemos llevado las cifras del Poder Judicial y comprobamos que, frente al número de divorcios en Uruguay, la gran mayoría de los padres no llega a juicios por tenencia, es decir, que lo resuelven entre ellos. Luego, los que llegan a los tribunales tenemos como máximo 10 casos. De los que sí hay miles son casos por pensión alimentaria. Y un dato del Banco de Previsión Social (BPS) indica que en 2021 se recibieron más de 80.000 órdenes de retenciones judiciales de alimentos”.
“Este proyecto surgió en 2016 como iniciativa personal del actual presidente, Luis Lacalle Pou, senador en ese entonces. Y no han parado hasta conseguirlo. El abogado Lacalle Pou forma parte de un grupo de padres llamado ‘Todo por nuestros hijos’. Ese grupo es poderoso aunque no muy grande; su línea argumental es que por decisiones injustas están privados de ver a sus hijos. Pero cuando los investigas, tienen todos una causa, ya sea de pérdida de patria potestad, prohibición de visitas por acontecimientos violentos y más.”
“En Uruguay desde el siglo XIX tenemos la patria potestad compartida, la guarda compartida, y la tenencia. Los padres acuerdan la tenencia. Estos señores dicen que se las niegan, pero lo que sucede en realidad es que no la solicitan. Cuando lo hacen, es porque hay una cuestión de medidas de protección para los niños y niñas o lo que buscan de esta manera es no pagar pensiones alimenticias. Así que la corresponsabilidad en la crianza no lo resuelve la tenencia compartida y los niños van a quedar completamente desprotegidos”.
Las y los especialistas muestran preocupación por el adultocentrismo de la ley y la desprotección que implica para la infancia y el descrédito de la palabra de niños y niñas, que está contundentemente demostrado que no mienten ni tergiversan hechos ante graves situaciones. “Es un retroceso brutal. Como cuando luchábamos para conseguir las medidas de protección para las mujeres. ¿Qué niño va a inventar una historia, por ejemplo, de violencias sexuales, como tantas terribles que vemos?. El daño que va a causar es muy alto porque en estos casos, los procesos de reparación, si están en manos de agresores, no se pueden hacer; se obstaculizan”.
El del proyecto de ley “es un título engañoso. Todas queremos que haya una corresponsabilidad en la crianza, pero eso no se cambia con una ley. Esto requiere un cambio cultural en la lógica de los vínculos, en los lugares que ocupamos mujeres y varones en sociedad”.
“Estos grupos de varones, propulsores de esta ley, han dicho expresamente que quieren desarticular , quitar los efectos de la ley basada en género porque es injusta y no respeta la igualdad. Sin embargo, la Corte ya se ha pronunciado en más de una ocasión diciendo que esta ley no es inconstitucional, sino que cumple con los convenios internacionales a los que se adhirió Uruguay”.
Como buena abogada, Lima se pregunta el clásico cui bono, a quién beneficia, que tanto guía la acción judicial. ¿Y a quién quieren beneficiar con esta ley? “A los adultos varones. ¿A qué varones? A los violentos, a los abusadores”.
Ana Lima es consciente que el panorama es complejo y teme por lo que ocurrirá si finalmente se aprueba esta ley. Le cuesta explicarse cómo muchas personas no visualizan todo lo que implica. De todas formas, ya consideran posibles acciones en caso de que se apruebe y por dónde seguir la lucha.
Valentina Rodríguez Ventancort
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