El departamento de Justicia de EEUU acusó el 14 de febrero a los primeros cuatro hombres de un conjunto más amplio e impreciso por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de agosto de 2021 en un juicio en territorio de EEUU, arrogándose jurisdicción en la materia. También detalló un plan que, según los fiscales, involucraba a un ex juez de la Corte Suprema haitiana aún no identificado, mercenarios colombianos y un cargamento ilegal de armas de Estados Unidos.
El asesinato y sus consecuencias es producto de una desmadejada trama donde la presencia de los involucrados, los suministros, las reuniones conspirativas y aun el pedido de ayuda al FBI para desplazar a Moïse (rechazado sin despertar alarma en las autoridades de EEUU) tiene más presencia en territorio y agencias estatales de Estados Unidos que en el de Haití.
En el papel protagónico en la investigación del asesinato que asumió EEUU, ya había 11 acusados en prisión en EEUU y otros 11 involucrados que serían trasladados a EEUU, a los que ahora se 
suman un ex comando colombiano Mario Antonio Palacios Palacios, el empresario haitiano e informante del gobierno de EEUU Rodolphe Jaar, el exsenador de Haití John Joël Joseph, y tres estadounidenses, entre otros.
Entre los detenidos y acusados por un gran jurado federal en el sur de Florida el martes, se encuentran Antonio Intriago, un venezolano estadounidense, y Arcángel Pretel Ortiz, un colombiano residente en los Estados Unidos, dueños de una empresa de seguridad estadounidense que, según los fiscales, organizó el complot para asesinar al ex líder haitiano.
En el momento del asesinato, Pretel era un informante del FBI, pero la agencia terminó su relación con él después del asesinato, según documentos de la corte federal. Pretel había utilizado su relación con la agencia para concertar una reunión entre los conspiradores y agentes federales con el pretexto de que tenía información sobre terrorismo, según los registros judiciales. Respecto del pedido al FBI, los documentos de la corte federal indican que varios “conspiradores” en el asesinato del presidente Jovenel Moïse de Haití en 2021 se reunieron con el FBI unos meses antes del asesinato y trataron de involucrar a los agentes “en una discusión sobre el cambio de régimen en Haití”.
En respuesta, un agente les dijo a los hombres “que el FBI no podía ayudarlos porque Haití tenía que resolver sus propios problemas políticos”. La revelación planteó preguntas inquietantes sobre cuánto sabía el gobierno de Estados Unidos sobre la conspiración antes del asesinato, afirma The New York Times. Al menos otros tres sospechosos en el caso eran ex informantes de la Administración de Control de Drogas. DEA.
Según los fiscales, Solages y Sanon se reunieron en abril de 2021 en el sur de Florida para hablar sobre el “cambio de régimen en Haití”, así como para respaldar a Sanon, pastor, médico y aspirante a candidato político haitiano. Al mes siguiente, dijeron los fiscales, el pastor Sanon contrató el equipo necesario para apoyar a su propia fuerza militar en Haití, incluidos 20 ciudadanos colombianos. Después de esa reunión, agregó el departamento, los dos hombres recibieron una lista del equipo necesario para la “operación de cambio de régimen”, incluidos rifles, ametralladoras, gases lacrimógenos, granadas, municiones y chalecos antibalas.
El plan era originalmente secuestrar al presidente haitiano y escapar del país en avión pero se decidió asesinarlo, porque había fracasado un intento anterior de secuestrar a Moïse y además los conspiradores averiguaron que Sanon no tenía condiciones constitucionales para ser presidente. Si esto es cierto, es una referencia importante a la pobre calidad de la conspiración.
El 6 de julio de 2021, el día antes del magnicidio, Solages, Vincent y Rivera se reunieron con otros conspiradores en una casa cercana a la residencia de Moïse, según el expediente. Se distribuyeron armas de fuego y otros equipos, y el Sr. Solages anunció que su misión era una “operación de la CIA” para matar al presidente haitiano. La afirmación fue recibida con naturalidad.
El interés de ls conspiradores era habilitar nuevos negocios parea ellos y mantener el tráfico de drogas con sus actuales jefes, que Jovenal Moïse trabajaba para relevar. De lo poderosa de esta organización narcotraficante da pauta el que EEUU le dijera a Moïse que una pista de aterrizaje clandestina tenía un uso ‘desmedido’ (sic). El presidente mandó destruirla pero no fue obedecido.
Los conspiradores relacionados con agencias de seguridad de EEUU y, simultáneamente, con el delito, son muchos. Una figura central, es Charles Saint-Rémy. El empresario no solo era sospechoso de tráfico de drogas sino cuñado del expresidente Michel Martelly, quien había colocado en el puesto de presidente a Moïse para que fuera su sucesor, hasta que ambos se distanciaron abruptamente por los intentos de Martelly de manipular su gestión.
Actualmente Martelly, un excantante todavía popular, considera presentarse nuevamente a las elecciones. Paralelamente, su cuñado fue una voz influyente durante los cuatro años de gestión de Moïse debido a su poder en la sombra para conseguir contratos públicos o decidir ministros, que deben ser aprobados en las cámaras. Otro de los nombres incluidos en la lista es el de Dimitri Hérard, un miembro esencial de la fuerza de seguridad presidencial de Martelly, que se convirtió en el jefe de la unidad de policía que protegía también a Juvenal Moïse.
Entre los sospechosos que estarían en la lista de Moïse está también el hombre que lideraba a los sicarios la noche del 7 de julio. Se trata de Joseph Felix Badio, un exinformante de la DEA que tuvo varias conversaciones telefónicas con Ariel Henry, el nuevo primer ministro impuesto al país por EEUU, en los días antes y después del magnicidio. La conspiración tenía el apoyo de un ex juez de la Corte Suprema de Haití todavía anónimo, que emitió un documento eximiendo de responsabilidad a los asesinos, y que cobraría mayor protagonismo.
El asesinato fue así: en la madrugada del miércoles 7 de julio de 2021, un comando de 28 hombres blancos, armados y con chalecos de la DEA, avanzó por Pelerin 5, una calle estrecha y asfaltada del barrio de Petion Ville, hacia la residencia del presidente. Una voz con un megáfono irrumpió a gritos en la calle. “¡Esta es una operación de la DEA [agencia antidrogas de EE UU], no salga de casa! Repito, somos agentes de la DEA y si sale de casa recibirá un disparo!”, grita en inglés a los vecinos. Los pocos valientes que se atrevieron a desobedecer grababan agazapados con el teléfono móvil al comando: cinco vehículos, dos camionetas oscuras y tres pick up, que avanzaban lentamente intercambiando instrucciones en inglés y en español. El presidente recibió 12 balazos de dos calibres diferentes. Su esposa, herida, se hizo la muerta y luego fue trasladada a un hospital de EEUU en helicóptero.
En respuesta, un agente les dijo a los hombres “que el FBI no podía ayudarlos porque Haití tenía que resolver sus propios problemas políticos”. La revelación planteó preguntas inquietantes sobre cuánto sabía el gobierno de Estados Unidos sobre la conspiración antes del asesinato, afirma The New York Times. Al menos otros tres sospechosos en el caso eran ex informantes de la Administración de Control de Drogas. DEA.
Según el Departamento de Justicia, al menos desde febrero de 2021 hasta julio de 2021, el sur de la Florida sirvió como un lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar al presidente Moïse del poder y reemplazarlo con alguien que sirviera a los objetivos políticos e intereses financieros de los conspiradores.
Ortiz e Intriago son directores de Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security (colectivamente, CTU), y Veintemilla es director de Worldwide Capital Lending Group (Worldwide). CTU y Worldwide son empresas del sur de la Florida. Según los documentos de acusación, Bergmann, que vivía en Tampa, tenía vínculos con Sanon, un ciudadano haitiano-estadounidense con doble nacionalidad que tenía aspiraciones políticas en Haití.
Como se alega, en abril de 2021, Ortiz, Intriago, John, Solages y Sanon se reunieron en el sur de Florida y acordaron un plan: Ortiz e Intriago, a través de CTU, apoyarían el derrocamiento del presidente haitiano Moïse y su reemplazo por Sanon. A cambio, una vez que Sanon asumiera la presidencia, otorgaría lucrativos contratos a CTU para proyectos de infraestructura en Haití, la provisión de fuerzas de seguridad y el suministro de equipamiento militar a un gobierno haitiano liderado por Sanon, según las denuncias.
Se alega que a fines de abril de 2021, Veintemilla y su compañía Worldwide acordaron ayudar a financiar el golpe de estado, extendiendo una línea de crédito de $ 175,000 a CTU y enviando dinero a los cómplices en Haití para comprar municiones. Veintemilla esperaba obtener importantes beneficios financieros a través de Worldwide en caso de que el presidente Moïse fuera reemplazado como presidente, al igual que Ortiz e Intriago a través de CTU.
La planificación y el gasto continuaron en el sur de Florida desde abril hasta junio de 2021, según los documentos de acusación. Por ejemplo, Ortiz e Intriago, como directores de CTU, retuvieron un grupo de unos 20 ciudadanos colombianos con entrenamiento militar (incluidos Rivera y Palacios) para brindar seguridad a Sanon. Bergmann se convirtió en partidario e inversionista que ayudó a financiar el alojamiento de los colombianos en Haití y trabajó con Sanon e Intriago para enviar 20 chalecos balísticos con la marca CTU desde el sur de Florida a Haití, falsificando la documentación de exportación requerida.
Para junio de 2021, el plan evolucionó cuando Ortiz, Intriago, Veintemilla y otros cayeron en la cuenta de que Sanon no tenía las calificaciones constitucionales para convertirse en presidente. Entonces cambiaron su apoyo a Sanon para la presidencia, a un ex juez de la Corte Suprema de Haití, hasta ahora no identificado pero ya mencionado en esta nota por encubrir un complot para arrestar y encarcelar al presidente Moïse, firmando un documento que “afirmaba brindar inmunidad en Haití a los que participaron en el operativo”. Este nuevo candidato contrató a CTU y Worldwide para atender los intereses financieros de las empresas al convertirse en presidente.
El Departamento de Justicia dijo que Sanon luego conspiró con otros en junio de 2021 para enviar chalecos antibalas desde el sur de la Florida a Haití para que los usara un grupo de 20 mercenarios colombianos, encabezados por García, “que fueron reclutados para ayudar en la operación y brindar seguridad a Sanon”; éste aparentemente seguía en la conspiración aunque ya no como candidato presidencial.
Para el 6 de julio de 2021, el día anterior al asesinato, el plan había cambiado, según el Departamento de Justicia: Solages anunció a Vincent, García y otros conspiradores que matarían a Moïse.
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