El cercano fin de la democracia israelí

Dos académicos israelíes, Eliav Lieblich y Adam Shinar, describen los planes de lo que llaman «el gobierno más derechista en la historia de Israel», cuyos planes, dicen, son de manual para construir una autocracia. La coalición lograda por el primer ministro Benjamin Netanyahu tras su por cierto importante triunfo en las elecciones de noviembre, se unió en el objetivo central de debilitar el poder judicial de Israel y fortalecer el control del gobierno sobre los tribunales y el servicio civil.

La relativa constitución israelí / Israel no tiene una constitución establecida y final, con reglas rígidas de consulta popular para modificarla. Al año de fundado Israel, en 1949, se eligió una asamblea constituyente pero ésta llegó a un punto muerto (el dicho de su cultura es “dos judíos, tres partidos”) y sus miembros decidieron convertir el cuerpo en una legislatura, Knesset, que mantendría el poder constituyente de la asamblea. Allí se acordó que la constitución se dividiría en capítulos, cada uno con una «ley básica», que algún día se convertiría en parte de una constitución formal.

De 1949 a 1992, la Corte Suprema llevó a cabo revisiones judiciales de las decisiones administrativas, considerando la legalidad de las acciones ejecutivas pero sin poder anular la legislación sobre la base de que violaba derechos individuales. Estos derechos fueron objeto, en 1992, de la aprobación por la Knesset de dos leyes básicas, llamadaas fundamentales: Dignidad Humana y Libertad, y Libertad de Ocupación. Esas leyes eran novedosas no solo porque protegían ciertos derechos, como la dignidad, la libertad, la privacidad, la propiedad, el movimiento y la ocupación, sino también porque contenían las llamadas cláusulas de limitación que especificaba que los derechos enumerados podían limitarse solo si la derogación era compatible con los valores del Estado, promulgada para un propósito apropiado y en una extensión no mayor a la requerida. Sobre esa base y tres años más tarde, la Corte Suprema sostuvo que las leyes básicas eran superiores a la legislación ordinaria y que, por lo tanto, tenían el poder de derogar cualquier legislación que las violara.

Desde entonces, la Corte Suprema ha anulado 22 leyes y disposiciones en asuntos que incluyen el encarcelamiento de solicitantes de asilo, la privatización de prisiones y la expropiación de tierras privadas palestinas para permitir asentamientos judíos en Cisjordania. Con el tiempo, la Corte también ha interpretado que el derecho a la dignidad consagrado en la ley básica incluye el derecho a la libertad de expresión y la igualdad.

Desde 1953, Israel ha seleccionado a sus jueces a través de un comité diverso compuesto por tres jueces de la Corte Suprema, dos ministros del gobierno, dos miembros de la Knesset y dos miembros de la Asociación de Abogados de Israel. Para nombrar a un juez de la Corte Suprema, se requiere una mayoría de siete votos del comité de nueve miembros, lo que significa que ningún grupo político puede actuar solo. Los jueces pueden vetar la voluntad de los políticos, y los políticos la de los jueces. Esto ha llevado a un sistema de construcción de consenso y negociación que produce jueces que en su mayoría son del centro político.

Pero la combinación de sus fallos en defensa de las leyes básicas y su membresía ha convertido a la Corte Suprema en un objetivo para la derecha israelí, que acusa cada vez más a la Corte de ser demasiado liberal y de extralimitarse en sus poderes. Netanyahu y sus aliados argumentan que las leyes básicas no facultaban explícitamente a la Corte para invalidar leyes y que, en cualquier caso, la Corte ha interpretado sus poderes de revisión constitucional y administrativa de la manera más amplia al tiempo que ha ampliado sus normas vigentes. La derecha alega que la Corte Suprema ha sido excesivamente intervencionista en materia de seguridad nacional. De hecho, la Corte ha sido bastante respetuosa con el estado, particularmente en asuntos de seguridad nacional y más explícitamente al revisar las acciones del gobierno en relación con los territorios ocupados. La Corte se ha negado sistemáticamente a pronunciarse sobre la legalidad general de los asentamientos de Israel en Cisjordania, que se consideran ilegales según el derecho internacional. También ha autorizado la demolición de viviendas de militantes palestinos, lo que viola las leyes de la guerra.

Los planes anunciados por el gobierno son precisamente esos, aunque su lenguaje no sea tan directo: erosionar casi todos los controles y equilibrios institucionales, concentrando un inmenso poder en manos del ejecutivo. Los académicos Eliav Lieblich, profesor de derecho en la Facultad de derecho Buchmann de la Universidad de Tel Aviv, y Adam Shinar, profesor asociado en la Facultad de Derecho Harry Radzyner, de la Universidad Reichman, entienden que esto permitiría avanzar en el plan ya acordado por la coalición, de empujar a la nación en la dirección del autoritarismo, tanto en Israel como en los territorios que ocupa.

Netanyahu justifica estas reformas como necesarias para restablecer el equilibrio de poder entre el poder legislativo y el judicial. El 21 de enero, las manifestaciones en contra de este rumbo político pusieron a 130.000 personas en la calle para protestar, y desde entonces se suceden manifestaciones diarias en Tel Aviv y otras ciudades en protesta por los cambios propuestos. Una nueva manifestación importante, el 28 de enero, puso a 100.000 personas en la calle, y desde entonces se suceden manifestaciones diarias de protesta. Lo que expresan los manifestantes es que temen la inminencia de una dictadura.

El gobierno desestima las protestas por elitistas, financiadas desde el extranjero y radicalmente de izquierda. Pero estudiantes, académicos, profesionales y miembros de la sociedad civil se han movilizado contra el plan del gobierno, que según advierten los economistas podría dañar la economía y afectar la capacidad de Israel para atraer inversiones extranjeras para su sector de alta tecnología. La intervención de los dos académicos citados forman parte de esa reacción de la sociedad civil israelí.

Esta situación es posible porque Israel no tiene una constitución rígida (ver recuadro). La fuerza política de de Netanyahu ha atacado repetidamente al sistema judicial, particularmente cuando las acusaciones judiciales en su contra han cobrado fuerza. Netanyahu niega con vehemencia que los cambios que está planeando tengan algo que ver con su juicio. Pero si se promulgan, tendrá la facultad de reestructurar las oficinas del fiscal general y designar a los funcionarios que revisarán los casos en los que está acusado de delitos. Afirmar el control gubernamental de los nombramientos judiciales también podría permitir a Netanyahu determinar qué jueces escuchan su apelación.

En la situación de hoy, las reformas planteadas serán aprobadas. El gobierno tiene una mayoría parlamentaria estable, y su asalto al poder judicial se da en el marco de una nube de proyectos de ley que presenta para desviar la atención, aunque lo endeble de esos proyectos improvisados sea evidente. Si la Corte Suprema invalidó las reformas aprobadas, se estaría ante una crisis constitucional en toda regla; aún así, el gobierno habrá profundizado las divisiones de Israel y debilitado su democracia.

De hecho, la Corte ha autorizado casi todas las políticas relacionadas con los asentamientos al tiempo que brinda una apariencia de legitimidad internacional a la ocupación de 55 años. Esto no es suficiente para el actual gobierno. Decidido a despojar a la Corte Suprema de sus poderes para brindar incluso las protecciones mde menor entidad, la coalición de extrema derecha se ha propuesto revisar todo, desde el proceso mediante el cual se hacen los nombramientos judiciales hasta el estado y los poderes de los asesores legales del gobierno.

Según el plan, la Corte Suprema sólo podrá derogar leyes si todos sus 15 jueces consideran el asunto y 12 de ellos están de acuerdo, con lo que muy pocas leyes, si es que alguna, serían derogadas. Aun si la Corte logra invalidar una ley, ese no sería el final. El plan también incluye una «cláusula no obstante» ilimitada, que permitiría a la Knesset anular cualquier decisión de derogar una ley por mayoría simple de votos.

De hecho, hay pocos controles sobre el poder legislativo y ejecutivo. El gobierno controla la Knesset, y la coalición suele votar en bloque de acuerdo con las decisiones tomadas por un comité ministerial, lo que significa que varios ministros controlan la legislación. En consecuencia, el control más importante sobre el poder ejecutivo es la revisión judicial, a la que el plan del gobierno pondría efectivamente fin.

La incidencia de los cambios, sin pretensión de una enumeración exhaustiva, son:

ѳ Un proyecto de ley de inmigración de gran alcance que permitiría la detención ilimitada de solicitantes de asilo.

ѳ Enmendar las leyes electorales para prohibir incluso las declaraciones esporádicas de «apoyo al terrorismo», lo que podría incluír críticas severas a la ocupación de Israel e incluso un vago estímulo a la resistencia palestina. Esto dificultará la postulación de árabes a las elecciones a la Knesset, y en consecuencia una caída significativa en la participación electoral entre los ciudadanos palestinos de Israel, lo que fortalecerá aún más al gobierno de Netanyahu al dificultar que la oposición logre el mínimo de 61 miembros de la Knesset necesarios para formar un gobierno.

Ѳ Los acuerdos de coalición incluyen enmendar las leyes contra la discriminación del país, permitiendo que los dueños de negocios rechacen brindar servicio y contratar en base a creencias religiosas, lo que afectará a la comunidad LGBTQ y otras minorías.

Ѳ Está declarada la intención del gobierno en reformar los medios de comunicación. El ministro de comunicaciones, Shlomo Karhi, ha declarado su intención de privatizar las estaciones de radio y televisión financiadas por el estado israelí. La ministro de Diplomacia Pública, Galit Distel Atbaryan, apoya el cierre de los medios financiados por el Estado en lugar de privatizarlos porque, dijo, “siempre que se privatiza, la izquierda se filtra”. La contundente reacción ciudadana a lo que se entendió como el intento de reprimir la cobertura de prensa crítica y los informes independientes, obligó a postergar el proyecto. La razón esgrimida fue que “las reformas judiciales son la máxima prioridad del gobierno, por lo que no debe haber distracciones antes de obtener su aprobación”. Y es cierto que aprobadas las reformas judiciales, será más fácil desmantelar las estaciones de radio y televisión públicas.

Ѳ Se limitará el gasto público en las artes, negando la financiación de obras que, argumentó el ministro de Cultura, Miki Zohar, “dañen la imagen del Estado”.

Ѳ Habrá un enfoque más duro en los territorios ocupados. Netanyahu afirmó que los judíos tienen derechos exclusivos sobre toda la tierra de Israel, incluida Cisjordania. Esto terminó efectivamente con cualquier pretensión de que los palestinos tienen derechos en los territorios. Y en sus acuerdos de coalición, Netanyahu prometió a sus socios de extrema derecha que su gobierno promovería más asentamientos en Cisjordania y sentaría las bases para su eventual anexión. También declaró que tiene la intención de “regularizar” los asentamientos establecidos en tierras palestinas privadas después de que la Corte Suprema invalidara una ley que pretendía hacerlo.

Ѳ Habrá un ministro especial dentro del Ministerio de Defensa encargado de supervisar los asuntos civiles en Cisjordania. Para el cargo, Netanyahu designó a Bezalel Smotrich, un colono y uno de los políticos antipalestinos más extremistas de Israel, lo que le quita esa autoridad a los militares y se entiende como una reafirmación de la intención anexionista de su gobierno.