Un asunto realmente grave ocurrió en el Perú en la última semana de enero; particularmente grave para los muy pocos que tienen mucho. La calificadora Moody´s rebajó la calificación del país de estable a negativa por primera vez en 20 años, por la inestabilidad política. Los presidentes son últimamente inestables en sus puestos (7 de ellos 2006 a 2022, y ahora la señora Boularte), pero al director del Banco Central Julio Velarde, que asumió el cargo en 2006, nadie lo mueve. Como todo Banco Central, se preocupa primordialmente de la inflación, y aunque subió el año pasado a 8,4%, es de las cifras bajas de la región.
Hasta ahora, la actividad empresaria venía perfectamente separada de la política, y solo goteaba el dinero imprescindible, en corrupción, canonjías, prebendas y sueldos para que sus lacayos con responsabilidades en el Estado cumplieran con su función de dejar que las empresas sigan en lo suyo, y los muy muy ricos se puedan alinear con cada vez más dinero.
La ilegal destitución de Pedro Castillo / En la foto, Eugenio Zaffaroni conversa con la abogada Indira Rodriguez Paredes, del equipo legal del presidente. Están en la puerta del penal de Barbadillo, dentro está el presidente Pedro Castillo, y de él se sabe por la única entrevista lograda a él, tomada a pulso, porque los grabadores fueron prohibidos, que publicó el medio español El Salto.
Castillo dice que él sigue siendo el presidente del Perú porque como tal lo eligieron, y su apresamiento y condena preventiva a 18 meses de prisión tendrá 60 acusaciones de corrupción. Pero no tiene los fundamentos constitucionales y legales imprescindibles para proceder en contra de su cargo, su libertad ambulatoria y su persona. Lo que hubo fueron acusaciones verbales, apresamiento por su propia policía y encarcelamiento en trámite express.
Castillo tiene su propia versión de los acontecimientos y sus motivos, pero fue destituido sin escucharlo. Hay en esto una ilegalidad manifiesta y bárbara, porque –dice– se basa en el racismo y los intereses de grandes empresas, y los funcionarios que se sirven de la aberración del racismo y atienden esos intereses económicos desde el Estado. Hay una frase de de Castillo en la entrevista que lo resume: “El imperialismo quiere el litio y mi Gobierno quería darle el litio al pueblo”.
El abogado penalista Eugenio Zaffaroni es un destacado jurista argentino, ex miembro de la Suprema Corte de su país y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y, sumado al cuerpo de abogados que tiene Castillo, decidirá qué batalla y cómo se dará para que se restablezca la legalidad de todo este penoso affaire.
En el camino, ya hay pronunciamientos a favor del rescate de la legalidad de la situación. “Los hermanos mandatarios de los diferentes países se han solidarizado con Perú y es importante agradecer a países democráticos como Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, México y Ecuador, así como a los pueblos de Guatemala, Cuba, Italia, Grecia, Francia, Alemania y otros diversos países. Sí creo que la solidaridad internacional puede revertir esta situación.”
Pero ahora se está en la novena semana de movilización, y esta gente corta carreteras que impiden la exportación de lo tanto que sacan de las entrañas de la tierra, y además amenazan y perturban lugares de trabajo. El capital podría soportar que los que viven de ellos y tienen casas con piscina no puedan desplazarse por carreteras cortadas y demás incomodidades, pero estos inútiles de los llamados políticos no hacen que la economía siga su sagrado ritmo de acumulación de capital.
Si los llamados políticos quisieran negociar, no tendrían con quién. “Sorprende que en dos meses de protestas uno no conoce ni un nombre de alguien que ejerza algún tipo de liderazgo ni social, ni universitario, ni juvenil, ni indígena, ni siquiera tuitero. De las protestas de Chile salió gente como Gabriel Boric. De las de España, nació Podemos, que hoy gobierna en coalición. En Perú eso no existe”, afirma Inés Santaeulalia en una nota en El País de Madrid. Es que, aunque se movilicen al mismo tiempo, tienen intereses distintos surgidos de los problemas de sus formas particulares de economía. Cuando llegaron a Lima, sus columnas convergieron, pero luego acamparon en lugares separados.
Algo sin embargo los une, y es la pobreza. La gran mayoría de ellos proviene de Cusco, Apurímac, Huancavelica, Puno y Cajamarca, que registran altos índices de pobreza monetaria y trabajos fundamentalmente informales, según los reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática del 2021. El Perú registró una pobreza de 25,9%, con lo que la población del país está al nivel de 2012; un retroceso de once años. La cifra en las zonas rurales supera con creces el promedio nacional, y la media marca 39%. Pero peor están Ayacucho, Huancaveliica y Puno, regiones que presentan menores niveles de integración económica y estatal, y la pobreza llega al 40,6%. Eso da cifras insuficientes para las necesidades básicas alimentarias, salud y educación. El trabajo informal parte allí del 68,1% y llega al 75%.
Del otro lado del muro La ONDA digital, el de las casas con piscina, tenemos hechos como que ex presidentes investigados por corrupción reciben pensiones (en el caso de Alan García, su familia) por un total de 1.820.000 dólares. Una veintena de parlamentarios de licencia sin goce de sueldo cobran sin embargo bonos de representación por 2.800 soles, que son unos 770 dólares. Después está el tema de los asesores, personal contratado mediante el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG), y según un pedido de acceso a la información pública de Centro Liber, se gastaron sobre 72 millones de soles (18,7 millones de dólares) del erario público para financiar 1184 contrataciones FAG de asesores. Ellos deberían contar con un alto grado de especialización, pero resultaron ser personas con investigaciones fiscales por diversos delitos, entre ellos corrupción; asimismo, con afiliación política al partido de gobierno y sin experiencia para ocupar el cargo, etc.
Del actual gabinete de la presidenta gustosa de su silla Dina Boularte, se sabe que de los 19 ministros de Estado, incluyendo al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la actualidad cinco de ellos afrontan investigaciones fiscales. El Ministro del Interior, Víctor Eduardo Rojas Herrera. encabeza la lista con 4 investigaciones.
El 90% de los gobernadores regionales, electos para el periodo 2023-2026, dieron inicio a sus gestiones arrastrando un rosario de investigaciones fiscales que afrontan por diversos delitos penales. Centro Liber identificó que 23 gobernadores y 6 vicegobernadores registran, en total, 556 procesos en curso en el Ministerio Público. Con un récord de casos fiscales lidera la lista Wilfredo Oscorima Nuñez, el nuevo gobernador de la región de Ayacucho, cuyos pobladores marchan a Lima en procura de respuestas. El gobernador Oscorima llega a la dignidad del cargo con 111 casos activos en investigación, que incluyen nombramientos ilegales, abuso de autoridad, usurpación y lavado de activos. Y de ese calibre, muchas otras.
Pero ellos no parecen preocupados por la acción de la justicia. Si algo hizo el gobierno de Alberto Fujimori por ellos, y fundamentalmente por las grandes empresas, es transformar al tercer poder del Estado en maleable y muy maleable, dependiendo de la altura desde la cual se le reclame inoperancia. La mayor deuda tributaria de 100 empresas del Perú suma el 93,11% del total de la deuda tributaria. Y, en dólares, eso suma 6.753 millones de dólares. Eso es lo que importa, y no las migajas que dejan caer para sus lacayos. Los cinco primeros puestos son de las empresas Telefónica del Perú, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, Minera Las Bambas, Scotiabank Perú y Compañía Minera Antapaccay. De estas, la empresa que mantiene una mayor deuda es la empresa de Telefónica con 5,450,903,223 soles; unos 1.416 millones de dólares (Centroliber Perú )
Pero, tal como se planteó al inicio, la calificadora Moody´s rebajó la calificación del país de estable a negativa por primera vez en 20 años, por la inestabilidad política. Temen ellos que las disconformidades se sumen y no solo se agrupen, y haya una revuelta social a fondo en Perú. Es distinto el riesgo de invertir en un país donde la revuelta social es posible que en uno donde no, que era el Perú que subsistía.
Los apañadores de grandes negocios con decisiones y leyes no saben bien qué hacer, en verdad. La presidenta dice que no va a renunciar y le pide al Congreso que convoque a elecciones adelantadas; los congresistas quieren, pero no juntan los votos para hacerlo. Si la presidenta renunciara, se disolvería el Congreso y habría elecciones anticipadas. Pero si las hubiera, un 70%, dicen encuestas, no sabría a quién votar.
Tanta contradicción seguramente hizo que la capacidad de decisión de Boularte se le cayera de las manos, y hoy la tiene el primer ministro Alberto Otárola, que es quien conduce realmente el gobierno. Seguramente el verbo es equivocado: no conduce; decide cosas. Y lo que atina a decidir es más represión, que deben ejercer fuerzas policiales de formación escasa y bajos salarios.
Si Otárola tuviera elementos de la lógica política en sus decisiones, sabría que solo la represión a manifestantes hartos de desigualdad, pobreza, racismo e invisibilidad es una política que, al acumularse, presenta un punto de quiebre. Entonces, los reprimidos perciben alguna suerte de ruta en común para avanzar. Más manifestaciones y más muertos es una dinámica que conduce inevitablemente a ese cambio.
Ampliando su espectro represivo, ahora Otárola descubrió la represión de la palabra. No hay dictadura que no lo haya hecho. Otárola parece que buscara el membrete de dictadura para el Perú: la apología del terrorismo en redes sociales se sanciona ahora con penas de 8 a 15 años de cárcel. El denunciante deberá adjuntar alguna prueba, como captura de pantalla, foto, video o enlace, y colaborará con la política de terrorismo cero, que es como quieren llamar a esto. La imprecisión de los términos va a favor del gobierno: quejarse de la desigualdad bien puede ser una incitación a la violencia, y un largo etcétera de interpretaciones. Y toda violencia es terrorista.
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