Si hay un sector que quiere paz social y quisiera mucha más eficacia de los políticos, es el de los empresarios. El presidente de la convención internacional de empresarios mineros PERUMIN36, Miguel Cardozo, salió a declarar que “para salir de esta situación cada vez más crítica lo primero que ha de conseguirse es paz”. También, que “el contexto político no estaba siendo manejado adecuadamente.”
Ya el 19 de enero, la agencia Bloomberg, dedicada a transmitir eficazmente los intereses empresarios, reclamaba porque casi el 2% de la producción mundial de cobre no estaba llegando a los mercados, principalmente China, que retomó la plena producción en su territorio al levantar el encierro ante el Covid-19. Ese casi 2% significa 4.000 millones de dólares, y cinco días después, a la parálisis de la mina de Las Bambas, de la china MMG y la reducción de la producción de Antapaccay (de Glencore), se agregaba la paralización total de la segunda y una tercera, la mina Constancia, de Hudbay Perú.
Es que esto de las manifestaciones y bloqueo de carreteras está impidiendo la exportación. Con los datos de setiembre, los empresarios estaban muy contentos: “El cobre fue el producto minero que registró un mayor incremento en sus exportaciones entre enero y agosto, con un valor acumulado de us$ 13,080 millones, lo que significó un aumento de 1.1% sobre lo acumulado en 2021, de us$ 12.936 millones”, decía la Sociedad Nacional de Industrias.
Luego vinieron los asesinatos de gente que portaba palos y piedras (fuera de Lima, faltaba más) en un país sin pena de muerte, y la indignación popular que no cesa. Eso se reflejó en las preocupaciones empresarias. “Las exportaciones mineras de Perú —sobre todo de cobre, oro, estaño y zinc, entre otros— terminarán 2022 muy por debajo de 2021; 6,4% menos”, se anticiparon a declarar.
La presidenta Dina Boularte –esa estadista– hizo una propuesta: Paran un día de bloquear, se exporta, y luego siguen. Ni le contestaron. El Ministerio de Economía y Finanzas estimó que las protestas habrían costado casi un punto porcentual del PIB de diciembre.
Ya en junio 2022, el embajador chino había hecho un planteo al gobierno ante la sucesión de paros en Las Bambas, propiedad de la minera de capitales chinos MMG. A mediados de diciembre, declaró que las protestas y los bloqueos de carreteras estaban causando unas pérdidas diarias de US$6 millones a sus operaciones en Apurímac al impedir el transporte de concentrado a los puertos. A fines del último mes del año, el gobierno afirmó que se habían desbloqueado todas las carreteras, pero los conflictos resurgieron y se registran interrupciones desde entonces.
Las minas de la zona sur de Perú, Las Bambas, Hudbay y Antapaccay, no pueden transportar concentrados de cobre por bloqueos en tramos del Corredor Minero Sur (CMS). El CMS es una vía que conecta por tierra a diversas operaciones con el puerto de Matarani, en la costa de la Región Arequipa. El Ministerio de Transportes informó que actualmente hay tres tramos del corredor minero con tránsito restringido; y existe la amenaza de que comunidades campesinas traten de invadir ilegalmente las operaciones mineras. Ante esta situación, la conclusión de hierro del empresariado es que no hay un panorama alentador para las exportaciones mineras en el corto plazo.
Llevar a los empresarios a adoptar tesituras de sensibilidad social y críticas serias a la incapacidad política que permitió este estallido social sin dirigentes no se sabría decir si es nuevo, pero es sin duda es importante. La oposición política que planeaba cesar al presidente Pedro Castillo antes de que él se inmolara en su torpeza, daba cuenta del temor de congresistas a un levantamiento de la población (La ONDA) pese al apoyo con que contaban: “Gracias a Dios, Fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y los grandes medios de comunicación están con nosotros para empoderarnos.”
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) contradijo la realidad con un relato: afirmó en su página web, que “millones de peruanos en el sur demandan derecho al trabajo, defensa de los comercios, minas, fábricas y restablecimiento del turismo”. Ni mención a la protestas sociales. Sí que se habían donado 800 colchones a la policía, de los aportes de esa gremial “a la reactivación y desarrollo social y económico” del país, y la alianza de SNI con la Conferencia Episcopal, Cáritas y otros en apoyar ollas populares, que tienen como meta llegar a 70.000 personas. El índice de pobreza del 2022 fue del 30% en el Perú.
Otra es la posición de Vaticano. Ante las manifestaciones de protesta y su violencia por personas “invisibilizadas pór años o postergados, desconociendo sus derechos”, dijo el nuncio apostólico Nicola Girasoli, “se esconde otra forma de violencia más insidiosa, la que desprecia a los iguales, sobre todo cuando sus exigencias perjudican sus intereses”. La violencia es inevitable pues “una parte de la sociedad pretende disfrutar de todo, como si los pobres no existieran, y eso tiene consecuencias. Ignorar los derechos y la misma existencia de los demás, tarde o temprano provoca que alguna forma de violencia”.
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