Bolsonaro, acusado de genocidio

Lula acusó a Bolsonaro de genocidio contra los yanomamis en la Amazonía, al animar a mineros ilegales, provocando la destrucción de bosques y enfermedades y muertes entre los pueblos indígenas. El ministro de Justicia de Lula, Flávio Dino, anunció en consecuencia una investigación de la policía federal sobre «indicaciones sólidas» de que los yanomamis habían sufrido crímenes, incluido el genocidio, es decir, el intento deliberado de destruir parcial o completamente a un grupo étnico, nacional, racial o religioso.

El presidente viajó el sábado al estado amazónico de Roraima junto a su ministra para los Pueblos Indígenas de Brasil, Sônia Guajajara, en medio de la indignación pública por una catástrofe humanitaria en el territorio indígena más grande del país.

La visita fue precedida de la publicación de fotos de niños y adultos yanomamis demacrados, dejando al descubierto la magnitud de la crisis de salud que enfrentan los 30.000 habitantes indígenas del territorio.

“Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño”, tuiteó Lula el domingo, un día después de visitar una clínica superpoblada para pacientes yanomami en la capital de Roraima, Boa Vista.

Las tierras de los yanomamis, supuestamente protegidas, han entrado en crisis por la negligencia del gobierno y la explosión de la minería ilegal. Antes de viajar, Lula vio las fotos, y comentó que “realmente me impactaron porque es imposible entender cómo un país como Brasil descuida tanto a nuestros ciudadanos indígenas”, dijo el presidente a los periodistas al llegar a Boa Vista.

Lula culpó a su predecesor Jair Bolsonaro (2019-2022) por abandonar a las comunidades indígenas y envalentonar a los miles de mineros salvajes a inundar el enclave yanomami, un territorio de bosques tropicales de 96.664 kilómetros cuadrados (más de la mitad del Uruguay) reconocido por su relevancia en materia de biodiversidad amazónica, calidad homologada por un decreto presidencial de 1992.

Esos mineros contaminaron ríos y destruyeron bosques, privando a las comunidades yanomami remotas de fuentes de alimentos clave (peces y otros animales como monos y jabalíes) al mismo tiempo que propagaban la malaria y obstaculizaban los esfuerzos de los trabajadores sanitarios del gobierno.

“Además del desprecio y descuido del último gobierno, la principal causa de este genocidio es la invasión de 20.000 mineros ilegales, cuya presencia fue alentada por el expresidente. Estos mineros envenenan los ríos con mercurio, causando destrucción y muerte”, escribió Lula. Y prometió: “No habrá más genocidios”.

Hablando antes de volar a Roraima con Lula, la ministra de Pueblos Indígenas Sônia Guajajara dijo que es su prioridad absoluta proteger a los niños yanomami de niveles escandalosos de malaria, verminosis (un gusano que habita los intestinos), desnutrición y diarrea. “Cada 72 horas muere un niño por una de estas enfermedades, según la información que hemos recibido”, dijo Guajajara, quien pidió la expulsión de los mineros en los próximos tres meses.

El domingo, la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff declaró que los 570 niños yanomamis han muerto de hambre o envenenamiento por mercurio desde 2019 “y son prueba del genocidio yanomami. Hay un motivo: la codicia de los mineros que invadieron sus tierras. Y hay un perpetrador: Jair Bolsonaro, quien abanderó esta invasión y negó asistencia médica a los indígenas”, escribió Rousseff en Twitter. Agregó que “todos los responsables, incluido Bolsonaro, deben ser procesados, juzgados y sancionados por genocidio”.

La deforestación del Amazonas aumentó casi un 60 % gracias al desmantelamiento de la protección ambiental e indígena por parte de Bolsonaro. “Fue un gobierno de sangre”, dijo el líder yanomami Júnior Hekurari a The Guardian el mes pasado en Boa Vista.

Durante una visita de campaña a Roraima, antes de su elección de 2018, Bolsonaro advirtió a sus partidarios que rivales extranjeros podrían invadir territorios indígenas, a cuya creación se opuso. “Tarde o temprano, otras potencias podrían convertir estas áreas en otros países”, dijo Bolsonaro sobre las reservas que creía que deberían abrirse al desarrollo comercial.

Pero fueron los mineros ilegales, incluido al menos un empresario multimillonario vinculado a Bolsonaro, quienes sitiaron las tierras yanomami, y el número estimado de garimpeiros (mineros a pequeña escala) que operaban allí se cuadruplicó a 20.000 durante el gobierno de Bolsonaro.

Los críticos acusan a la administración de Bolsonaro de no hacer nada para detener el creciente desastre yanomami.

Hekurari dio testimonio de haber enviado alrededor de 50 pedidos de ayuda por escrito al gobierno de Bolsonaro como resultado de la invasión de las minas de oro y los crecientes niveles de desnutrición, malaria y muertes. “Él ignoró nuestro grito de ayuda”, tuiteó el activista el sábado.

El medio informativo internacional en que se encontró esta información es The Guardian, y de él se tomó la información para esta nota.

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