Aquel domingo, el flamante ministro de Justicia Flávio Dino y otros altos funcionarios fueron a las 22 y 30 al predio junto al cuartel en el que los bolsonaristas venían acampando y al que se retiraron tras la asonada, con el propósito de hacer detenciones. Los esperaban tanques y tres líneas de efectivos militares. “Usted no va a arrestar a nadie aquí”, le dijo el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Júlio César de Arruda.
Así lo atestiguaron dos oficiales presentes en el momento a dos periodistas de The Washington Post, Anthony Faiola y Samantha Schmidt, que encararon una vasta investigación sobre el intento de golpe del 8 de enero. Altos funcionarios del nuevo gobierno afirmaron que eso le dió tiempo a centenares de insurrectos a escapar. Ese es uno de los muchos indicios del preocupante patrón de conducta que sugiere colusión entre militares y policías con los insurrectos. La investigación agregó ya a personas vinculadas al agronegocio clandestino y la minería ilegal, muchos relacionados con la devastación del Amazonas; y también empresas turísticas. Es elocuente la tesitura de legalidad al respecto del gobierno de Lula en el caso de un fuerte empresario, insistentemente mencionado en las redes sociales como financiador de la asonada, pero sobre el que el actual gobierno dice no tener suficientes pruebas para acusarlo. Esta nota se basa en esa investigación.
Dos días antes de ese domingo 8, militares impidieron dos veces que las autoridades despejaran el campamento de los golpistas, según el testimonio del coronel Fábio Augusto Vieira, hoy arrestado ex comandante de la policía militar del distrito de Brasilia por defectos y falencias de la represión durante los disturbios. Un oficial superior de la policía militar decidió declararse en vacaciones ese día.
Las autoridades trabajan también en la identificación de los autores de mensajes en medios de comunicación social llamando a la asonada, y a los donantes que subvencionaron los ómnibus que transportaron gente a Brasilia. A esto se agrega lo que pueda revelar o aceptar quien fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro y su jefe de seguridad, el hoy arrestado Anderson Torres.
La firma tecnológica brasileña Palver, que monitorea 17.000 grupos de whatsapp y otros medios de comunicación social, da cuenta que se usaron intensamente para pedir donaciones. Muchos de los que pedían eran relativamente poco conocidos, según el presidente de la firma Felipe Bailez.
El plan de la asonada era que se aprobara una ley que permitiera a los militares restaurar el orden en la capital brasilera. Se entiende que si eso se producía, la participación militar podía extenderse a partir de ese punto. En declaraciones públicas, Lula señaló que “había un montón de agentes cómplices; de gente en connivencia con las Fuerzas Armadas. Estoy convencido que la puerta del Palacio presidencia fue abierta para esta gente, porque no está rota; alguien les facilitó la entrada”.
El nuevo gobierno formó un cuerpo para negociar la detención de los insurrectos, cosa que pudieron hacer a partir de las 6 de la mañana del lunes. Pese al preaviso, requisaron 1.300 celulares cuyo contenido hoy está a estudio.
El senador Carlos Portinho, ex líder del gobierno de Bolsonaro en el Senado, condenó la violencia pero también atribuyó parte de la responsabilidad de las fallas de seguridad al gobierno de Lula. “Ahora sabemos que 48 horas antes del domingo, les advirtieron que esto podía pasar, y 20 horas antes del domingo, desmontaron todo el plan de seguridad”, dijo Portinho. “Esto es seguridad nacional. Creo que fue una falta general en el gobierno de Brasilia pero ciertamente también en el Ministerio de Defensa y de Lula”.
El gobierno de Lula dice que ellos estaban al tanto de los planes de protesta, pero que el plan de seguridad fue aguado por jerarcas del gobierno saliente, sin conocimiento de la gente de Lula.
Foto portada ministro de Justicia Flávio Dino
(Síganos en Twitter y Facebook)
INGRESE AQUÍ POR MÁS CONTENIDOS EN PORTADA
Las notas aquí firmadas reflejan exclusivamente la opinión de los autores.