Perú llegó al fin de su etapa democrática, el tejido social ha terminado de descomponerse y estamos ante un colapso social. Las instituciones dejaron de serlo, pues la deposición de Pedro Castillo catalizó la situación que se venía incubando, pese a que, para los peruanos que hoy manifiestan, Cstillo representara el resto de democracia posible, ladrona y todo. Eso se dice, y más: el caos que aparenta ser Perú resulta difícil de definir.
Castillo “era su representante. Un “ese soy yo”. Era un pacto: tú tienes todo lo demás, ya; yo tengo al presidente que he puesto”, se explica José Carlos Agüero, activista de derechos humanos e investigador de la violencia política y de la memoria histórica. Depuesto Castillo, se llegó al fondo del barril de recursos institucionales en el país. “Castillo no es un accidente en la historia del Perú, es la exposición final de que se trata de un Estado fallido, sin ningún proyecto nacional”, dice el periodista César Hildebrandt, Algo que demuestra el hecho de seis presidentes en cuatro años. ¿Fueron seis? Ya ni me acuerdo, Después de esa bravuconada de Castillo, Perú siguió en pie. “Pero es solo una ilusión. Las naciones no se derrumban como los edificios. Sencillamente, fingen estar ahí”, continúa Hildebrandt.
“El Congreso celebra la vacancia como un triunfo, foto incluida con la “v” de la victoria. Es una señal de desconexión gravísima, de 
frivolidad”, señala José Carlos Agüero, activista de derechos humanos e investigador de la violencia política y de la memoria histórica. “Desde el poder, procuran que las protestas tengan un denominador común; es más, que se homogenicen, siendo que son por reivindicaciones distintas. Tan viejo es el recurso de descalificación que hasta nombre tiene: terruqueo. “Es gravísimo. El ‘terruqueo’ es uno de los mecanismos utilizados en los últimos años para invalidar al contrincante, en el Perú y en otros lados. Acá ha funcionado mucho. Es un asunto de ingeniería social. Decirle ‘terruco’ a alguien lo saca de la órbita de lo legítimo y lo hace aniquilable. Justifica que ejerzan sobre ti cualquier tipo de represión porque eres un peligro para la convivencia nacional. Te hace ‘baleable’”, dice Aguero, y eso es causal de muerte, a más de uno por día, desde el cambio en la presidencia el 7 de diciembre. Y los muertos añaden afrenta a los agravios históricos, que son el combustible de las manifestaciones.
Ese acontecer es propio de la conducta histórica derecha peruana. “Hay que reprimir porque (…) como la injusticia no puede resolverse, como la desigualdad es un atavismo que nos acompañará siempre y eternamente, entonces, que estalle la ira”, argumentó con ironía César Hildebrandt, un destacado periodista con su propio semanario: Hildebrandr en sus trece. Y la conducta histórica se reitera, dice: “el Gobierno no gobierna, reprime. El Gobierno no dialoga, balea”.
Se supone que la represión permite a los favorecidos minoritarios acallar a los desfavorecidos mayoritarios y volver entonces al festín que llaman normalidad. En estos días, el desafío parece más complejo –bastante más complejo– debido a que la desatención sistemática ha producido una rabia social que está rompiendo sus diques. La derecha insiste. Así, el almirante (r) José Carlos Montoya recita su letanía: “Si no se restablece el principio de autoridad, todo está perdido. Las fuerzas del orden deben estar autorizadas a disparar. Es sumamente peligroso el continuar así”. Además de militar retirado, Montoya es político y empresario activo, así que sus principios bien pueden acompañarse de intereses directos. El primer ministro Alberto Otárola y el ministro del Interior Víctor Rojas parecen seguir el consejo y dicen más o menos lo mismo. La admonición de Otárola no tiene desperdicio: “Confíen en la democracia, confíen en el estado de derecho. Confíen en los derechos humanos. Confíen en sus instituciones. Tengan confianza en su Policía, en sus Fuerzas Armadas.”
Para más motivos de represión, se argumenta una “intervención internacional”. Que ahora se imputa a “Evo Morales y sus operadores”, Al proyecto se lo llama Runasur y ha sido puesto en la agenda, asomando así en Puno la posibilidad de una secesión del sur del país. Desde la Confederación Perú-Bolivia, entre 1836 y 1839, no surgía esta propuesta que ha conmocionado a los actores políticos, llevándolos a pedir represión, sin prestar atención al malestar incubado y ahora desbordado.
El sociólogo e historiador Nelson Manrique aporta a una explicación de la situación, en una entrevista en La República. “Dina Boluarte ha terminado como rehén de la derecha más cavernaria”. A su juicio, la presidenta no parece ser una “autoritaria por convicción”, sino una “oportunista” que recurre a lo que puede para mantenerse en el poder.
Le piden la renuncia hasta desde su propio feudo. El gobierno regional de Apurímac, tierra de Boluarte ha sido el más enfático, dice la prensa, al plantear el 12 de enero una fórmula para salir de la crisis: “Solicitamos la renuncia inmediata a la Presidencia de la República de la señora DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA (sic) a favor de la tranquilidad y la paz social del pueblo peruano”.
Manrique señala que “si (Boularte) cree que la derecha que ahora la apoya se va a jugar por ella, está profundamente equivocada”. Y brinda un hilo histórico a los levantamientos en el sur del país. “La detonación ha sido en una zona que tiene una reivindicación que es muy larga. Si uno ve la geografía del descontento, va a encontrar que es aproximadamente la misma del levantamiento de Tupac Amaru. Hay una cuestión de larga duración; no es accidental. Estudios demuestran que hay una unidad lingüística desde Huancavelica hasta La Paz. Es un solo idioma con sus variantes, a diferencia de lo que pasa con el valle del Mantaro o el Callejón de Huaylas, que son quechuas distintos. Hay una unidad histórica del sur andino, que se mueve en bloque. Se ve en las votaciones.”
Tras todos estos problemas, causas y efectos de temas sociológicos, históricos y más que definen una profunda, premeditada y meditada desigualdad que se expresa en Lima contra el resto del país, hay posibles lógicas prácticas. Desde la distancia y en la ignorancia del ajeno que es el periodista, la información brinda dos hechos que parecen relevantes. La represión en distintos puntos del sur del país fue contra organizaciones sociales agrupadas en torno a muy diferentes intereses. Y llama la atención que al menos tres de 48 muertos a esa fecha fuesen dirigentes sociales.
Del diario El País, Madrid: el 11, la represión en Cusco asesinó al presidente de la comunidad de Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta, Remo Candia Guevara. Para Josue Marocho, presidente de la Asamblea regional de jóvenes del Cusco, no es una casualidad la muerte de Candia. Sospecha que era un objetivo de las fuerzas del orden. “A un representante de la provincia de Paruro también le dispararon, pero pudo recuperarse. Los dos eran dirigentes, cabezas de organización”, señala.
Muy posiblemente haya más dirigentes contra los que la represión atentó en estos días de sangre y fuego contra gente desarmada, a la que, en ocasiones, la impotencia impulsó al vandalismo. La organización que dirige Marocho tiene bases en las 13 provincias del Cusco y agrupa a jóvenes entre los 15 y 29 años. Cuenta Marocho que sus miembros se han concentrado en la capital del Cusco y actualmente son unos 25.000, por lo que han tenido que hacer ollas comunes, con colectas para poder alimentarse. “No somos vándalos. Desde que inició el paro han tratado de manchar la protesta. Ya no estamos en democracia. La democracia es una pantalla para justificar los asesinatos”, agrega. La política de eliminar cabezas de organizaciones civiles y amedrentar al resto bien puede ser, en este contexto bárbaro, parte de una decisión desde el poder.
La persona que ocupa la presidencia, Dina Boularte, está muy triste por tanta muerte, dice, pero no renunciará. El Congreso no renunciará. El verdadero poder no cederá ni un ápice. Es que hay algo importante en juego para quienes toman decisiones desde el Estado y desde el poder real: se están por renovar las concesiones mineras (cobre, mobildeno, mineral de hierro, plata, estaño, oro, estaño, zinc, plomo, y tal vez quede algún mineral en el tintero), que es un tema de 54.000 millones de dólares. Y también las de hidrocarburos, que hoy tienen una única operadora, la multinacional de origen argentino Pluspetrol. La minería produce el 9% del PBI peruano, los hidrocarburos, el 2%. Alguien tiene que decidir a quién o a quiénes se les otorgan estas concesiones. Y el actual poder, y los ocupantes de las jerarquías administrativas del Estado podrán no entender de estas actividades, parte de su vasta ignorancia. Pero sí entienden de sobornos. Todo aquello no funciona de otra manera.
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