Lacalle Pou y su gobierno hicieron voto de silencio hasta el 2 de marzo, informa Montevideo Portal. Solo entonces hblará el presidente, en su discurso ante la Asamblea General; previsiblemente, será su mensaje de autoalabanza de su gestión y punto de partida oficial de la campaña electoral. Mencionará al pasar el caso Astesiano como una frívola distracción de la agenda de gobierno, y también el caso Marset, tras dejar de lado la intención de endilgárselo al Partido Colorado.
El oficialismo hoy afirma que “la oposición considera que éste (el de Alejandro Astesiano) es el peor caso de corrupción de los últimos años. Entonces, cualquier cosa que se diga va a estar mal, porque si partimos de la base que hay una asociación para delinquir en Torre… no vamos a poder tener una comunicación y un debate de fondo”, dice un informante a los autores de la nota de Montevideo Portal que publica este relato. Es que en el gobierno tienen otro nombre, que ya revelarán, para una oficina en el cuarto piso de Torre Ejecutiva en el que el jefe de la custodia presidencial recibía visitas cuyos nombres no eran registrados, y salían con un pasaporte auténtico a otro nombre que el propio.
Además, en el gobierno también consideran que el caso Astesiano “instaló algo de farándula en la política”, y en consecuencia ven poco eficiente salir a “defender los logros” o a dar otros mensajes; sencillamente, “no va a interesar”. La expectativa del oficialismo es, dice la nota, aguardar a que exista una resolución judicial, que esperan sea lo antes posible. Si bien en el entorno de Lacalle creen que “algún delito le caerá” a Astesiano, piensan que las revelaciones de los chats no conducirán a grandes conclusiones y, en ese sentido, que todo lo que se ha dicho hasta ahora quedará en la nada cuando la sentencia judicial sea un hecho. Es muy posible que a Astesiano le den una pena leve, y en el campo de esta situación creada desde las entrañas del gobierno sólo quedará, huérfana, la responsabilidad política.
Las lesiones a la institucionalidad que tanto preocupan a la oposición, para el Ejecutivo son en verdad frivolidades que nada tienen que ver con la política. Esa es la principal línea de defensa del 
presidente, con el decidido apoyo de los ministros nacionalistas; verbigracia, la tiara de Luis Alberto Heber, Francisco Bustillo y Guillermo Maciel, quien supo estar con Jorge Batlle, son los principales; pero Martín Lema, por ejemplo, sale al cruce si tiene que hacerlo. Curiosamente, no se ha escuchado a ninguno de sus coaligados multicolores. Y en base a suaves críticas a la situación, intenta tomar cuarpo la raquítica ala progresista del Partido Nacional, que perdió credibilidad cuando Wilson Ferreira apoyó la ley de caducidad y se nos fue con el fallecimiento de Jorge Larrañaga. Ese rescate hay que leer en las breves y contundentes palabras del intendente Guillermo Besozzi: “alguien se tiene que hacer cargo” de lo que hizo Astesiano.
Eso significaría que la política, ejercida por quienes fueron puestos por la ciudadanía a cargo del Estado, haga una aparición responsable en escena. Pero si ellos toman la responsabilidad política, a esta altura el asunto los excede, por decir lo menos. Sinceramente, no parecen duchos en el ejercicio de la política. Es claro que eligieron desde el principio promover la via judicial para que los absuelva de responsabilidad política. Ahora lo dicen claramente a través de la nota de Montevideo Portal, que para eso está: la postura es aguardar a que exista una resolución judicial, que esperan sea lo antes posible. Si bien en el entorno de Lacalle creen que “algún delito le caerá” a Astesiano, piensan que las revelaciones de los chats no conducirán a grandes conclusiones y, en ese sentido, que todo lo que se ha dicho hasta ahora quedará en la nada cuando la sentencia judicial sea un hecho. Eso dice la nota que recoge el soliloquio del gobierno.
Si no hay político que sepa ejercer la política, o que intente al menos hacerlo, todo el asunto está, entonces, en las espaldas de la fiscal Gabriela Fossati. Ella, la que declaró fuera del caso al presidente Lacalle a dos días de hacerse cargo. La que aceptó que se detuviera a Astesiano en Suárez, dándole el tiempo del viaje para intentar borrar la memoria de su teléfono, la que tanto tardó en ir a revisar la oficina de Astesiano (algo que Lacalle podría haberse anticipado a ofrecerle), la que acepta que la esposa separada del presidente, Lorena Ponce, sea quien tipifique el acoso sufrido por su género y condición. La que interroga a Lacalle y aparentemente cree que Lacalle se enteró recién el día de la detención de Astesiano de su catadura. Esto, en contraste con quienes solo siguen la información y remontan ese encuentro a 1990 y, como tarde, en la residencia presidencial de Punta del Este, con el joven Lacalle y sus amigos de entonces –que hoy susurran la verdad– haciendo cosas que se hacen a los 18 años. Es más, en algún momento, Lacalle Pou dijo haber probado la droga.
En esa línea, desde el gobierno (se cita la nota) visualizan incluso un “efecto rebote” y auguran que, cuando se despeje la tormenta, se retirará “la espuma” y quedarán a la vista “las rocas”, es decir, los puntos sólidos del gobierno. “Todas las variables están alineadas para que se empiece a revalorizar la gestión”. O sea, no son rocas en las que puede encallar la barca del gobierno; no, mientras no haya responsabilidad política.
De las condiciones de esa barca nos habla hasta la encuesta de Equipos sobre la aceptación del presidente por la población. Cabe acotar que la aceptación de su figura no equivale a la aceptación de su gestión, y atengámosnos a lo primero.El título oficialista es que tiene aun un saldo positivo de 1%: 39% lo apoya; 38%, no. Pero si cayó 10 puntos en diciembre, cabe preguntarse por qué en diciembre. La consultora dice que desde el inicio del caso del ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, el presidente perdió 10 puntos de aprobación y aumentó seis la desaprobación. Eso suma 16 puntos que se lleva Astesiano; o sea, la sexta parte del universo total. ¿Esa es la “lluvia pasajera”, que es como definen el caso en las nota de marras?
Contrariamente a lo que desde el oficialismo afirman con insistencia, el Frente Amplio no hace caudal político de estos temas, sino que centra su preocupación en el daño institucional que causa la gestión (o no gestión) de estos casos delincuenciales de los que solamente es responsable el propio gobierno. Es comprensible que el Poder Ejecutivo se esfuerce en echarle la culpa a la oposición y convertirse en víctima de algo de lo que solo él es culpable. Pero que el FA retome el gobierno basado en este barro institucional, no sería bueno para la gestión que se prepara con diligencia para hacer, ni para el futuro de la coalición que necesita construir desde ahora. Por lo que dice, deja trascender y es parte de la lógica política, lo quiere hacer con piezas sólidas, que aúnen a la población hacia un futuro; necesita de instituciones fuertes, creíbles, confiables. Para eso no pueden ser solo la opción a este desastre.
¿Qué nos va a revelar entonces el presidente Lacalle? Dice la nota hecha tan a propósito que el discurso que dará el presidente el 2 de marzo ante la Asamblea General implicará “un posicionamiento fuerte” sobre todos estos temas. ¿Qué temas? Hablará de números, claro. Previsiblemente, se referirá a la proyectada inversión en obra pública sin dejar de mencionar la poca obra ya hecha, y en consecuencia, la inminente creación de puestos de trabajo con cifras grandilocuentes. Seguirá así el manual histórico de los partidos Nacional y Colorado, de reservar la chanchita del gasto público para la época de zafra de credenciales cívicas.
No es previsible que acepte que esos ahorros se lograron en muy buena parte con la caída de salarios y jubilación del orden del 5% durante dos años. Dirá que las exportaciones subieron, y que de 2021 a 2022 subieron mucho: 16,5%; que el PBI aumentó 3,5% desde 2019 y entre 2021 y 2022 subió 5%. Es improbable que mencione, y menos que explique, por qué cayó el PBI en el último cuatrimestre del 2022, y que se espera una caída del 2% en 2023.
Si lo hiciera, tendría que hablar de la baja cotización del dólar, que retrae exportaciones. Y menos hablará de sus causas: la tasa antinflacionaria que mantiene el Banco Central (BCU) para evitar que los menores ingresos de la gente se vean afectados a un nivel explosivo es una, los ingresos por exportaciones es otra y finalmente aquella de la que no se habla: el fuerte y constante ingresos de moneda fuerte en busca de reparo, principalmente de Perú, Chile y Argentina. El hecho es que en marzo 2021, el dólar interbancario estaba a $44,26, y en vez de ser más caro en moneda local, como en el resto del mundo, bajó un 10% a la fecha; bajada que, además, absorbió la inflación de estos casi dos años.
Al cierre del primer semestre de 2022, los depósitos del sector privado (personas y empresas; los exportadores uruguayos no parecen haber invertido) alcanzaron en los bancos locales los 39.657 millones de dólares, según los datos del BCU. Esa cifra medida en dólares es la mayor de la serie histórica que comienza en 1998, luego de un crecimiento acelerado desde 2020. Para fin de mes se tendrán las cifras del segundo semestre, y digamos que solo se mantiene la tendencia. Esto, aunque el fin de la celebración del Año Nuevo en China reactivará a nuestro principal socio comercial, con 28%, y la grave sequía lleva a querer sacar ganado del campo.
Lo que muestran los depósitos es que siendo más rico se gana más. Los depósitos que más crecieron son los que se ubican en las cuentas con más fondos: del incremento de 9.978 millones de dólares depositados que se dio desde febrero de 2020, el 62% del crecimiento total se explica por las cuentas con más de un cuarto de millón de dólares. Si se consideran las que tienen más de 100.000 dólares, ellas explican casi el 80% del crecimiento.
¿Cuánta plata es esa plata en el pequeño Uruguay? Cuando ya teníamos un problema de lavado de dinero pero no estaba vigente la LUC, y la entrada de origen no declarado de divisas permitido era de 10.000 dólares y no de 100.000 dólares, lo que ingresó a los bancos uruguayos era el 48% de nuestro PBI, y con la LUC en los años 2021 y 2022 fue del 60%; un incremento del 25%. La gráfica histórica de los depósitos muestra un alza a partir del 2010 a 2015 a 27.500 millones, una meseta en esa cifra hasta 2019, y a partir del nuevo gobierno, sube en tres años lo que venía tardando 15 en subir: 40.000 millones para junio 2022, y de mantenerse el crecimiento y no ser mayor, serían 45.000 millones para fin de 2022. Las estadísticas del BCU muestran un crecimiento de los depósitos que es el más rápido desde que hay registros. Las cifras al cierre de junio de 2022 dan cuenta de que no solo continuó el proceso de acumulación de depósitos, sino que se aceleró en los últimos 12 meses y principalmente en el primer semestre de 2022. Y este incremento récord se dio principalmente en las cuentas con más fondos.
Estos últimos años son sin duda de lo mejor Uruguay para la gente con dinero; Lacalle podría precisar su promesa electoral esa, la de los cinco mejores años. Lo mucho que ganaron esos pocos uruguayos debería ser la fuente del prometido derrame hacia los salarios, que curiosamente no se produjo. Y ese dinero tampoco se invierte en actividades productivas: está quieto, obteniendo incrementos financieros.
Sinceramente, no creo que Lacalle Pou hable del crecimiento de la brecha social. Pero ella está allí, y sigue cavando. Un trabajo de Daniel Olesker sobre los tres años de gobierno de Lacalle, señala, en base a datos del INE (Instituto Nacional de Estadísticas), que no hubo reinversión productiva, con consecuencias negativas en la creación de empleo. La pobreza aumentó un 25% desde 2019, de 302.290 a 380.062: hay 78.000 pobres más. La pobreza en menores de 6 años es escandalosa: 22,5%. La falta de empleo y la baja salarial pega más fuerte en hogares con hijos. A mediano plazo, esos chiquilines no tienen la nutrición debida ni el marco cultural y familiar necesario para tener un desempeño normal ni la escuela pública ni en la vida: están condenados desde los tres años, dice la diputada Cristina Lustemberg, a ser marginados del sistema.
Hay seis departamentos del país que acusan la mayor gravedad en materia de desempleo, informalidad y pobreza: más del 8% son pobres, más del 10% están desempleados, y la informalidad es muy alta: Salto, Paysandú, Artigas, Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres.
En Montevideo, los extremos de la situación está en los municipios D, A y F, con más del 11% de pobreza, más del 9% de desempleo y alta informalidad. En contraste, los municipios C y CH tienen menos del 3% de pobreza, menos del 6% de desempleo y baja informalidad. Imagine el lector si tuviéramos un presidente de la República que hablara de estos temas.
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