El Poder Ejecutivo acusa a la oposición de fustigarlo más allá de toda razón con los casos Marset y Astesiano. No parece hacer eso la oposición, sino buscar respuestas para un caso que se ramifica en nuevos casos a medida que se destapan tarros desde la detención del muy posible reo el 25 de setiembre.
Estamos en el cuarto mes, y lo que sostiene el caso en agenda es la falta de respuesta y acción consecuente del gobierno, particularmente del Poder Ejecutivo, y más precisamente del presidente de la República. Sería contrario a su compromiso civico, y por supuesto al rol de contralor que tiene como oposición, que el Frente Amplio no pidiera respuestas directas y acciones obvias del gobierno ante la sumatoria de elementos que abonan una crisis institucional.
El presidente eligió no hacer uso de la política para enfrentar problemas políticos. Elige que no haya caso Marset porque administrativamente se podía expedirle pasaporte. También podía no expedírsele, tal cual se le explicó reiteradamente al oficialismo citando y releyendo una y otra vez el decreto en cuestión. Con esa argumentación pueril, el gobierno cree evitar responsabilidades políticas. Lo mismo sucedió y continúa pasando con el caso Astesiano. Cual el avestruz, el gobierno esconde la cabeza ante los problemas.
En diciembre, la oposición eligió no plantear una tercera instancia de interpelación para atender las agenda de gobierno, que puso a tratamiento y votación en el Senado una reforma jubilatoria. La oposición no la votó, tal cual había anunciado, pero no interpuso una tercera interpelación para poder mejorar con sus votos una veintena de artículos de esa ley. Así, antepuso el interés directo y concreto de la ciudadanía a toda otra consideración. El Frente Amplio no quiere que sean los casos Astesiano y Marset los que planteen agenda a la oposición, sino situaciones que hacen a la vida de la ciudadanía y del país, y que le permitirían argumentar a favor de ser una opción electoral.
No es la acción opositora la que convierte el caso que empezó a desovillarse hace más de tres meses en un rayo que no cesa sobre el gobierno de Luis Lacalle Pou. Es la falta de respuesta (y de preocupación, y de acción política consecuente con su realidad) de éste ante la realidad. Si el presidente hubiera rechazado con energía esta barbaridad llamada Astesiano ya el día 26 de setiembre, y si ante las evidencias surgidas ya en el caso Marset en agosto hubiera empezado con el relevo de los jerarcas políticamente responsables, el caso, o los casos, se hubieran cerrado allí en cuanto a sus implicancias políticas, y transformado en casos solo judiciales. Y por lo tanto, quedado afuera de la agenda política.
Pero no. El presidente eligió no hacer uso de la política para enfrentar problemas políticos. Elige que no haya caso Marset porque administrativamente se podía expedirle pasaporte. También 
podía no expedírsele, tal cual se le explicó reiteradamente al oficialismo citando y releyendo una y otra vez el decreto en cuestión. Con esa argumentación pueril, el gobierno cree evitar responsabilidades políticas. Lo mismo sucedió y continúa pasando con el caso Astesiano. Cual el avestruz, el gobierno esconde la cabeza ante los problemas.
No hay nada nuevo bajo el sol. Ya Plinio el Viejo (23-79 d.C.). en su intento por resumir todo lo conocido por los romanos en 37 libros, señaló en el décimo tomo que “los avestruces imaginan que cuando han escondido su cabeza y su cuello dentro de un arbusto, todo su cuerpo está oculto”. No hay avestruz (ni ñandú, si se va a eso) que haya sobrevivido para testimoniar que es eficaz hacerlo.
Lo más notable de todo este asunto es que el gobierno no utiliza los recursos ni siquiera básicos de la política ante la situación en la que se metió solo. Insiste en echarle la culpa a la oposición por preguntar sobre el tema, preocuparse por él y querer elucidarlo. Pero como dijo el intendente de Soriano Guillermo Besozzi, “alguien se tiene que hacer responsable”. Que hay responsabilidad política en este o estos asuntos es claro. Pero no. Parece que lo llamaron jerarquías del gobierno para retarlo por lo que dijo.
Es más. No se conoce el tema que conversaron José Pepe Mujica y Lacalle Pou cuando éste fue invitado a la residencia de Suarez. Pero sí se sabe que el viaje a Brasilia sumando a Julio María Sanguinetti fue para tratar con la figura de referencia de la izquierda el cómo parar la lógica, razonable, inevitable actitud del Frente Amplio de seguir con el/los temas.
Propósito difícil de lograr, por cierto. Ya un senador del MPP, Sebastián Sabini, declaró que durante el receso parlamentario, la comisión permanente que integra mantendrá el foco en las resonsabilidades políticas y llamará a sala a los ministros, porque la oposición tiene un rol de contralor a cumplir y está dispuesta a marcar el ritmo. La agenda para eso se fijrá en una reunión de bancada el viernes 13.
La oposición tiene, tal cual mostró en estos meses y anteponiendo en diciembre el proyecto jubilatorio al planteo de una nueva interpelación, una actitud muy cauta. Se atiene a lo que se evidencia. No saca inferencias, lo cual sería muy viable desde la política. Si se conectan los casos Marset y Astesiano, hay un cambio sustantivo en la realidad a explorar. Si se pregunta, como lo hizo el presidente del Frente Amplio, quién puede estar interesado en frenar el proceso judicial contra el acuerdo de este Poder Ejecutivo con Katoen Natie, cediendo el puerto en cuasi monopolio hasta 2081, se ingresa de lleno en las responsabilidades políticas.
Y el presidente Lacalle Pou no quiere tener responsabilidades políticas. Capricho o no, ésa es la madre de todos los problemas.
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