Origen de los sistemas de protección social.
En Alemania al final del siglo XIX el canciller Bismark instaló seguros contributivos para situaciones de incapacidad laboral que dio paso, 20 años más tarde, a un sistema contributivo de previsión pública. De ahí en más “las prestaciones no se otorgan por necesidad sino por haberlas ganado en base a un historial contributivo y laboral”. La cotización genera el derecho a recibir una prestación en determinadas situaciones de invalidez, desempleo y, sobre todo, terminado el ciclo vital de trabajo. En los sistemas posteriores, la vigencia de pleno empleo fue un supuesto ineludible para la viabilidad y resultados cohesionadores de la sociedad trabajadora. En los llamados Estados de Bienestar y paternalistas a este modelo se adjuntaron prestaciones para cubrir omisiones del mismo. Se agregaron pues la contributividad produjo exclusiones: de los desempleados, de los trabajadores a tiempo limitado, amas de casa y, coincidentemente, de aportantes parciales o fragmentados. Pero en la mayoría de países, el Estado se excluyó de financiar los colectivos sociales de distinta índole laboral con sistema propio, aunque en algunos interviene legislativamente controlando normas internas al funcionamiento de los mismos.
Diagnóstico de un observador
La producción humana retribuida por un salario en la primera era industrial fue continuada por la automatización y la cibernética incorporando actividades independientes de la fuerza física y el sexo. Ello sumó participantes a los sistemas contributivos durante al siglo XX. Pero desde el comienzo de este siglo se produce una mutación del paradigma. La creciente sustitución del trabajo físico, la deslocalización de actividades en tiempo y lugar del globo y su discontinuidad, producen precariedad y distorsión en el ciclo laboral y actividades de la vida humana. Esto ha impactado estructuralmente sobre los sistemas contributivos. Ahora no sólo reproduce las desigualdades y exclusiones del mercado de trabajo con individuos segregados… y el aumento de la informalidad. En tanto este proceso, agravado por bajas tasas de natalidad, se visualiza irreversible, las prestaciones sociales focalizadas en casos no cubiertos por el trabajo y sus contribuciones… serán la regla. Y esta creciente cantidad de ciudadanos que perentoriamente necesitan asistencias fuera del sistema contributivo prueban la extinción sistémica. La crisis es laboral, financiera pero también injusta cuando alimenta el mito de “vagos y dependientes de la caridad estatal” para los excluidos.
Inequidad del sistema
En un contexto de creciente flexibilización y precariedad del empleo para las nuevas generaciones, trabajadores con salarios bajos y empleos inestables (que no alcanzarán para una jubilación) están pagando las prestaciones para los de sueldos altos y empleos estables. Y proporcionalmente con mayores expectativas de vida, los más pudientes alargan el lapso de estudios, empiezan a aportar más tarde y reciben prestaciones durante mayor tiempo.
Responsabilidad del Estado
De una u otra forma el Estado Nación debe ocuparse del principio que hace su razón de ser: el derecho a la vida de sus ciudadanos. A ello apuntan los objetivos primarios de un sistema de protección social. En última instancia es responsable por omisión en esta crisis y le concierne la financiación y operativa de todos los colectivos sociales organizados con la misma finalidad. Obligación pendiente en tanto no habilite una genuina creación, no de reformas parciales, de un nuevo Sistema de Previsión Social integrado a la época y la sociedad. Que incluya a todos.
Arquitecto Luis Fabre(R)
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