El Frente Amplio, en defensa de la democracia

El Frente Amplio antepuso la defensa de la institucionalidad y la democracia en el Uruguay a todo interés partidario. Hacerlo es claramente su prioridad, ante las revelaciones, día a día cada vez más graves, del llamado Caso Astesiano.

El martes 29, en una conferencia de prensa, el Frente Amplio dio un claro llamado de atención sobre el tema. Anunció que lo haría estrictamente acotado a su preocupación por la salud de la democracia institucional del país, y no admitiría otros temas. La fuerza política opositora pospuso así el tratamiento del largo e importante temario de preocupaciones políticas surgidas de la acción de tres años de gobierno, y además hoy la actitud del FA no es la de plantearle al gobierno el costo político de la situación institucional que se agrava día a día, y a ojos vistas, sino de que haga lo debido para subsanarla.

Esto, en momentos en que el año escaso de gestión que le queda al oficialismo abre el tiempo de definiciones electorales, de tejer y romper alianzas, de elaborar y enunciar propuestas que atraigan votantes para un octubre de 2024 cada vez más próximo. Todo lo supedita el Frente Amplio a la defensa de la institucionalidad democrática, y a su preocupación por lo que la está afectando.

“Solo queremos simplemente que se diga toda la verdad”, se dijo reiteradamente en la conferencia de prensa del martes 29, desde una mesa respaldada por la presencia masiva de frentemaplistas tras ella; era, notoriamente, la expresión de toda la fuerza política. La actitud política de toda la oposición en defensa de la democracia, cuyo único antecedente sería el Río de Libertad de noviembre de 1983, fue justificada por el presidente del Frente Amplio: “Por primera vez, éste es el único tema. No es un tema de la política tradicional, donde oficialismo y oposición ponen sus puntos de vista sobre la mesa. Se trata de en qué país queremos vivir, qué democracia queremos construir, qué libertad de expresión queremos tener, y no ser objeto de acciones de seguimiento y control por decisiones que no conocemos ni tienen el imprescindible aval judicial”. Se trata de preservar lo más importante, a criterio del FA y también del sentido común; lo quiere hacer aún relegando el tratamiento de objetivos políticos en los que viene empeñado.

Como se sabe, se trata de un caso que comenzó con la detención de Astesiano el 25 de setiembre por la elaboración y venta de pasaportes falsos, y siguió acumulando delitos: entre otros, el uso de la interceptación telefónica ilegal a través del programa El Guardián, el acceso por razones ilegales al sistema de videovigilancia del Ministerio del Interior, el anclaje de sus tratativas ilegales en su despacho del 4° piso del Poder Ejecutivo sin registro de sus visitantes, el uso de autos oficiales para actividades ligadas a su accionar ilegal. En fin: “favores” pedidos, y en ocasiones dado, a personal policial y algunos civiles; acuerdos probadamente pagos de vigilancia y monitoreo de actividades empresarias con uso de personal e infraestructura policial. Muy altos jerarcas policiales relacionados con los hechos en investigación siguen en sus puestos, al mando de los policías que son auxiliares de la fiscalía en la investigación. Y hubo una gota que implicó un salto cualitativo: la indagación de la vida privada de al menos dos senadores del FA, Mario Bergara y Charles Carrera, en procura de elementos para coaccionarlos de modo de llevarlos a retirar su acusación sobre la concesión del puerto de Montevideo a la firma belga Katoen Natie por medio siglo y además sin los estudios financieros y legales y los pasos administrativos de orden. Se sabe, por los chats interceptados, que esto se hizo y se pagó, pero no el contenido de la información vendida. Si la operación emprendida por estos anónimos con dinero anónimo hubiera tenido éxito, el resultado hubiera sido según el presidente del FA que “le rompían un pedazo al Frente Amplio”.

La democracia uruguaya conoció, lamentablemente, casos de espionaje hasta el 2005, veinte años entrada la institucionalidad en democracia. Pero no fueron de esta envergadura, no con pagos con giros internacionales comprobables, no con una carpeta con la información requerida por el anónimo cliente, a través de una firma con sede en Miami y presencia en Uruguay manejada por dos militares uruguayos retirados.

La información surge de un alto número de chats rescatados del celular de Astesiano, cuyo contenido nadie desmintió. Tampoco lo hizo la fiscal del caso, que se preocupó de precisar que ella no era la fuente; algo que sugiere su autenticidad. En las referencias a los involucrados por esos mensajes que hace el Frente Amplio, se preocupa de nombrarlos por el cargo que ocupan, y no por su nombre; es una manera más de priorizar el enfoque institucional dado a los resultados del accionar de esta organización criminal que hoy se asemeja a un castillo de barajas.

Es cierto: la información disponible permite una serie de conjeturas sobre complicidades, objetivos, métodos y más. Pero no han sido formuladas, preservando de esta manera lo esencial, que es la institucionalidad democrática que está siendo lesionada, de las posibilidades y alternativas de la lucha política. La misma actitud ascética, cabe consignar, viene teniendo el colega Lucas Silva, el primero y más prolífico de los periodistas en revelar este asunto: se limita a mucho trabajo interno con su equipo y a la mera exposición ordenada de los chats. Otros colegas, como Gabriel Pereyra, han aportado a esta línea de revelaciones, con la misma actitud de no ir más allá de lo que se puede demostrar.

Tanto el FA como la prensa podrían haber armado un gran escándalo con lo seguramente poco que a esta altura se conoce. Sabiamente, unos y otros eligieron el ascetismo para dar cuenta de una noticia que es cada vez más gravosa, por decir lo menos, y su actitud de recato habla de responsabilidad repúblicana.

No es esa, para nada, la actitud del Poder Ejecutivo. En la conferencia de prensa del FA, se especificó que se espera del presidente de la República un rechazo terminante al intento de coaccionar a dos senadores, pero los pronunciamientos han sido, desde un comienzo, el atribuir esta situación a la chicana política de la oposición, que, dice el presidente de la República, es la misma que tuvo en el caso de las canastas alimenticias y demás, y pide “parar la manija”. En verdad, la actitud del Poder Ejecutivo de barrer la realidad bajo la alfombra es coherente con la línea de acción de negar y atribuir a causas que resultan endebles al ser examinadas, que tuvo en la interpelación por el pasaporte expedido y entregado en extraordinarias condiciones al narcotraficante Sebastián Marset, el 22 de agosto.

La institucionalidad democrática es un conjunto de reglas que sirven para el ejercicio del poder público, y que constituyen mecanismos de garantía y protección de los derechos de ciudadanos. La institucionalidad es el puente que comunica a la sociedad, al Estado, al mercado y a los ciudadanos. Y determina las reglas del juego que garantizan certidumbre a las actividades privadas, sociales y públicas. Esos mecanismos de garantía y protección son los que hoy no están plenamente garantizados, y el FA dijo expresamente que hoy no está en condiciones de responder por ellos ante la ciudadanía. Tan grave es la situación.

Y se da por seguro que habrá nuevas revelaciones que mostrarán una mayor gravedad del caso. Pese a esta situación de bloqueo que plantea el Poder Ejecutivo, el FA seguirá en su tesitura: “No vamos a salir de la cautela republicana que hemos tenido todo este tiempo. Con ella, pedimos simplemente que se diga toda la verdad”, se afirmó. Es cierto, se dijo: “a Astesiano alguien lo puso allí: lo nombraron el prosecretario de la Presidencia, y el presidente. En la seguridad presidencial hay 160 personas. Si hay prácticas mafiosas, se irá hasta el hueso. Lo primero es encontrar a los mafiosos y quitarlos del lugar donde están”. Lo primero pero no lo último, cabe inferir.

El FA sigue queriendo que se investigue para que “la sociedad se saque de encima todo lo relacionado con estos enormes actos de corrupción”. Pues éste “no es un problema solo del FA sino de todo el sistema democrático, de la Nación, de las organizaciones sociales. Es un problema de uruguayos y uruguayas que no debemos naturalizar”.

  

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