La derecha politiza la religión

Hay nuevas alianzas entre religión y partidos políticos a partir de la politización del género y su inclusión en las agendas de la derecha de esta última década. Desde allí, se impusieron resistencias a la implementación de las políticas de género, se intensificaron sus lazos con actores religiosos, se impulsaron legislaciones regresivas y reorientaron la política pública hacia el fortalecimiento de las familias tradicionales y la defensa del sistema patriarcal.

El tema es estudiado en un trabajo de Constanza Moreira, Lucida Guidice y Nicolás Iglesias, publicado en noviembre por Clacso, que –afirman– representa una resistencia o reacción a los avances en las políticas de desigualdad de género y diversidad sexual que a partir de los 2000 comienzan a desplegarse. De ese trabajo se publica un extracto.

La acción política se viene desarrollando a través de la entrada de cuadros conservadores en lugares centrales de la política pública, y del fortalecimiento de los partidos políticos de carácter confesional: Partido Nacional, Cabildo Abierto, y sectores del Partido Colorado. Su armado ya está de manifiesto al inicio del último período de gobierno del FA, donde se diseña el armado de una “bancada evangélica”. Esta firmó un un compromiso de defender una agenda común en temas de familia, sexualidad y moral, e identifica la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en 2012, como un punto de quiebre. Desde el año 2016 se comienza a fortalecer el discurso de la “ideología de género” en al menos tres sectores: católico conservador, evangelical y laico.

En ese proceso, cobran protagonismo católicos conservadores, encabezados por diputados del hoy partido de gobierno, actores religiosos de relevancia y académicos vinculados a las universidades privadas, junto con los grupos los grupos pro-familia y pro-vida. Así, se desarrollóun sector laico-conservador, que tuvo el destaque de importantes figuras en el Parlamento, que hoy son figuras del gobierno nacional. Organizaciones anti-género de discurso laico como SOS Papa (2009), Varones Unidos (2015), Todos por nuestros hijos (2013), Stop abuso (2015), logran la adhesión del actual gobierno y se enfocan a proyectos de ley como el de “Tenencia Compartida”,

Este contexto ha sido campo fértil para campañas públicas –como la celebración del Día del niño por nacer–, para ejercer la crítica permanente a proyectos establecidos –como la Ley de Violencia de Género, la Interrupción Voluntaria del Embarazo, entre otros–, y para proponer nuevas iniciativas legislativas como el proyecto de “Tenencia Compartida”, las modificaciones al Código de la Niñez y Adolescencia, modificaciones a la Ley Integral de Violencia de Género, incorporación de un estatus jurídico a los nacidos sin vida, exclusión del lenguaje inclusivo en la educación, y diversas formas de regulación jurídico-patriarcal de la vida privada. La estrategia para hacerlo se basó en traducir la capacidad de acción social y religiosa al ámbito político partidario, y articulando en lo narrativo-ideológico una interseccionalidad de derechas.

En Uruguay, la articulación político-religiosa conservadora se refleja en la presencia de un grupo significativo de legisladores, pertenecientes a la actual coalición de gobierno, que han presentado una serie de proyectos hilvanados por la concepción común del restablecimiento de un modelo de familia tradicional, una visión autoritaria de gobierno, contraría a la autonomía de los niños, a la equidad de género y a la laicidad. El trabajo académico publicado da cuenta de que la mayor concentración de estos actores a nivel de partidos políticos se da en el Partido Nacional y Cabildo Abierto, a nivel religioso en sectores evangelicales, pentecostales y neopentecostales y católicos conservadores, a nivel de la sociedad civil en ONGs e influencers libertarios.

La organización de estos actores tiene dos modelos de interacción política. Los actores pueden desplegar iniciativas de lobby o presión, o pueden insertarse orgánicamente en el gobierno y desde allí influenciar la política pública. De hecho, las dos formas de influencia han tomado lugar con la instalación de este gobierno en Uruguay. A diferencia de gobiernos conservadores anteriores, es en éste en quien mayormente se observa la centralidad de la agenda sexo-género como un articulador y demarcador político.

El lobby conservador desde la sociedad civil se ha caracterizado por la conformación de organizaciones religiosas con cosmovisiones contrarias a las demandas del feminismo y a favor de la familia tradicional. Estos grupos se han organizado principalmente como grupos de presión; son asociaciones voluntarias que tienen como objetivo influir sobre el proceso político pero sin asumir responsabilidades institucionales. Pero a esto se sumaría el que en la actual inserción en el gobierno de actores directamente provenientes de la instituciones militares, católicas y neopentecostales, podrían configurar una forma de neocorporativismo, donde estos actores ejercen el poder y deciden directamente sobre recursos del Estado en temas vinculados a familia, cárceles, vivienda, adicciones, alimentación y personas en situación de calle.

Uno de los cambios a reseñar es la conformación de Cabildo Abierto que incluye en sus filas a diputados y senadores con un perfil católico integrista, que actúan de forma constante en el debate público sobre temas de género, incluso siendo el único partido que tiene en su programa la revisión de los programas educativos en torno al tema de “género”. Desde 2019 realizan un ataque constante a los grupos feministas, cuestionan las legislaciones referidas a la violencia de género e incluso alguno de sus diputados y senadores critican a legisladoras y personas del ejecutivo de su propio gobierno de coalición por realizar alguna referencia a la perspectiva de género como parte de los derechos humanos.

El mapa de actores conservadores anti-género en Uruguay se ha diversificado durante el periodo 2020-2021 hacia un posicionamiento hacia el sector libertarians de la incorrección política y con la participación de generaciones jóvenes. Esto se traduce tanto a nivel de agrupaciones políticas dentro de los partidos tradicionales, como de espacios “virtuales” y de formación que apuntan hacia una proyección partidaria, como Fundación Free, Partido Libertario Uruguay y Vox Uruguay.

Las estrategias de incidencia política pretenden resignificar conceptos en el debate público, especialmente los referidos a la laicidad y derechos humanos, disputando en la esfera pública el concepto de familia. Así, buscan modificar o regular aspectos jurídicos que responden al modelo de familia patriarcal y heteronormativa que prioriza vínculos de tipo biológico, exaltando el “derecho a la paternidad” en desmedro de la autonomía de las mujeres y el interés de niños, niñas y adolescentes entendidos como sujetos de derecho

En el caso de la regulación de la familia en Uruguay, los proyectos de ley analizados dan cuenta de que detrás de discursos en apariencia preocupados por el bien de ese núcleo social, buscan en verdad legitimarse ante determinados grupos conservadores unidos contra lo que entienden como la propagación de la “ideología de género” y las reivindicaciones propias de la agenda feminista.

La investigación analizó cuatro proyectos con base conceptual y normativa común.

1.- El de “Tenencia Compartida” hace preceptiva la tenencia compartida de niños entre padres que no acuerdan reglas para su separación. Esto fue argumentado por los grupos de sociedad civil y los actores políticos del gobierno sobre la base del Síndrome de Alienación Parental (SAP) y la Ideología de Género. Ambas ideas asumen que el feminismo ha generado una posición de desigualdad hacia los hombres y una pérdida de derechos en relación a la crianza de sus hijos e hijas. También contraponen el derecho de los padres a estar con sus hijos sobre el del interés superior del niño y la niña.

2.- Se emiten iniciativas para derogar la Ley Integral de Violencia de Género, aprobada por el parlamento uruguayo en diciembre de 2017. El ámbito privado, en particular el de la intimidad, se presenta tradicionalmente como un ámbito en el que la intervención es vista con recelo y debe ser especialmente justificada. También en el ámbito penal se ha considerado durante mucho tiempo que debía primar la no intervención en la vida íntima y familiar. Estas señalizaciones apuntan a la demora significativa que se ha registrado en el proceso a través del cual ciertos comportamientos o acciones contra las mujeres han llegado a ser tomados en cuenta por los poderes públicos e incorporadas al derecho.

La oposición a esta ley es también parte del discurso de organizaciones conservadoras de la sociedad civil, que consideran que viola los principios de igualdad, y especialmente el principio de inocencia, a través de las medidas cautelares promulgadas cuando se produce una denuncia por violencia. También allí se hace referencia al Síndrome de Alienación Parental.

3.- La iniciativa ya aprobada es la modificación del régimen de adopciones que establece las facultades del juez competente y “acelera” el proceso de selección de la familia adoptiva. Para ello, se prescinde de la recomendación realizada por el equipo de técnicos del Departamento de Adopciones del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Esto, a pesar de que estratégicamente sea presentado como una “mejora al sistema de adopciones”, claramente, importa un grave retroceso en la materia, dado que se estaría habilitando la adopción por familias que no han sido seleccionadas ni evaluadas por el INAU, lo que podría significar la reinstalación de prácticas y criterios de actuación vinculados al intercambio de niños con base en las condiciones materiales de las familias.

4.- En cuanto al proyecto de “gestación por subrogación”, aun carente de tratamiento legislativo, se evidencia un fuerte interés del gobierno en ampliar radicalmente los términos vigentes en la materia regulados fundamentalmente por la ley de reproducción humana asistida aprobada en el año 2013. El proyecto parte de la base de la existencia del “derecho a la paternidad y/o maternidad biológica”, lo que implica priorizar e incentivar un tipo de vínculo familiar tradicional. Pese a las innovaciones técnicas, la importancia de compartir material genético en desmedro de otros vínculos filiatorios o modelos de cuidado se preserva como como uno de los cimientos de la familia tradicionalmente comprendida.

Sabrina Speranza

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