La peor pobreza

Las brutales cifras del INE sobre el aumento de la pobreza en menores de 6 años en el primer semestre del año, de 16,1% a 22,5% le dio marco y mayor importancia a un proyecto de ley llamado “Garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia”. Su texto parece a punto de emerger de comisión para ser votado como política de Estado; para empezar, ya está en la carpeta de todos los parlamentarios. Es que esa diferencia de la pobreza de 0 a 6 de un semestre a otro, indica un abrupto cambio del punto de partida de la pobreza en el país, desde el que la pobreza se reproducirá.

La actual evolución económica llevó a ese aumento abrupto que afecta, se estima, a 54.000 niños. Ese grupo etario es donde mayor impacto tiene el desarrollo cerebral, las capacidades cognitivas y las habilidades socio emocionales. Este nuevo piso de pobreza infantil va a reproducirse en el futuro vital de estos niños y niñas a una tasa proporcionalmente mayor que la tasa de reproducción hasta ahora.

Las cifras del INE indican un aumento de la pobreza general al 10,7%, pero según el economista Matías Brum, ese aumento –y los de otros grupos etarios– cae dentro del margen de error. No así el de primera infancia, que se dan en el marco en que su núcleo familiar no reingresó al mercado de trabajo, o lo hizo en condiciones notoriamente inferiores. Los ingresos recientes al mercado de trabajo de sectores de la pobreza se dieron fundamentalmente entre personas sin menores a cargo, afirma Brum.

El economista plantea tres rasgos de los hogares con menores a cargo: tienen pocos ingresos, y por lo tanto poca inversión en la educación de los niños. Los mayores tienen poco tiempo, pues lo ocupan en la primordial subsistencia, y por lo tanto, poco tiempo de calidad para dedicarle a los niños. Y hay un tercer tema, poco explorado, señala Brum, que es el de la afectación de la salud mental, por vivir permanentemente en situaciones en las que las posibilidades no satisfacen las necesidades: todos los días de todos los años no se llega a fin de mes. Esto causa un estrés crónico y fuerte, y en consecuencia, un ambiente no propicio para los hijos. La síntesis del problema que revelan las cifras del INE es para Brum que “están empeorando las condiciones de vida”. Esto se produce sobre un sector que el proyecto de ley define como “la etapa inicial del ciclo vital, durante la que se estructuran las bases para el desarrollo cognitivo, motor, emocional y social del ser humano”.

 Fernando Filgueira, representante del Fondo de Población de ONU en Uruguay, un entusiasta del proyecto de ley, afirma que “retrocediendo en la edad del niño, el problema se inicia en la muer, que puede o no ser madre. Pues uno de los indicadores más potentes de que va a haber una gestación sin problemas, es que la madre haya decidido y planificado cuándo y cuántos niños quiere tener. Pues lo decide teniendo en cuenta una serie de elementos que hacen a sus condiciones vitales; la de tener un hijo es la decisión económica más importante de su vida, y ni que hablar, la mayor decisión vital. Si es el azar, y peor aún, la imposición, las problemáticas en la gestación se hacen mucho más presentes, y por lo tanto más presentes en el nacimiento, por ejemplo en el bajo peso al nacer.”

La promotora del proyecto desde fines de 2017, cuando dejó el cargo de subsecretaria de Salud Pública y regresó a su banca, es Cristina Lustemberg. La niñez hasta los 6 años “es donde más retorno tiene lo que invertimos en esa etapa de la vida. Y la infancia como tal tiene que ser vista de forma integral. De la misma manera que no se puede diseñar una política de infancia despegada de la forma en que el Estado también garantiza derechos a la familia, está que los niños viven en una familia que tiene derechos vulnerados en el acceso a la vivienda, en el acceso a la educación, en el acceso al trabajo, a la salud mental”.

La ley propuesta propone sumar y coordinar recursos del Estado hoy relacionados con la niñez y adolescencia, darle un papel protagónico al Ministerio de Economía y Finanzas que lleve a realizar las partidas destinadas como inversión y ya no como gasto, al adelantar acciones estatales llamadas a sustituir inversiones notoriamente mayores necesarias ante situaciones sociales, sanitarios, de trabajo, de educación, de apoyo y más cuando se presenten como problema. Y finalmente, la construcción de un sistema de información que articule la ya disponible. El ejemplo que manejó Filgueira es que el BPS sabe que la jefa de hogar quedó sin trabajo, lo que debe accionar otros recursos del Estado para atender la situación en ese hogar.

“Esta ley da cumplimiento y consagra todos los principios de la Convención de Derechos del Niño, todo lo que tiene que ver con respecto a protección social. Lo que hace es que crea un mecanismo presupuestal donde ordena la política, diseña pero no genera una institucionalidad nueva, ordena los gabinetes con las sectoriales que tienen que ver con temas de infancia –educación, salud, trabajo, vivienda, el Banco de Previsión Social, ASSE, ANEP–, y genera un ámbito de organización con la unidad de presupuesto en el Ministerio de Economía y Finanzas y el rol que tiene INAU como el órgano rector. No se tocan las competencias constitucionales de ninguna de las sectoriales que tienen que ver pero si hace que el Estado sea más eficiente en función de las necesidades y características que tienen las familias con niños, niñas y adolescente”, explica Lustemberg.

La diputada reconoce hoy que su inexperiencia impidió que su proyecto de ley de entonces fuese aprobado durante el gobierno del Frente Amplio ante el entonces ya problema de la pobreza, más allá de diferencias cuantitativas. Fue planteado en tiempos electorales, sin los aportes que hoy contiene y los apoyos del oficialismo que va hilvanando.

Ahora, la aplicación de estos criterios contenidos en la nueva norma implicaría cambios radicales. “Hoy este Gobierno ya lleva dos años y medio gobernando, implementando algunas medidas, y la pobreza sigue estando concentrada y aumentando en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Se requiere que el Uruguay tenga la osadía de implementar medidas, acciones, políticas de Estado que nos desafíen al sistema político a tener generosidad con políticas que se generen a corto, mediano y largo plazo. Porque el Uruguay no solo invierte poco en los niños sino que la calidad de lo que se invierte tampoco es la adecuada. Tenemos que articular e integrar múltiples programas que a veces se superponen en el Estado y no están llegando de forma eficiente”.

“Esta ley lo que hace es que ordena y le da prioridad política al tema. No crea institucionalidad nueva sino que hace que esto sea una Política de Estado que permita que se aborde desde una mirada integral donde se vea qué características tienen los hogares donde viven los niños y desde ahí implementar medidas estructurales. En definitiva, lo que busca es reordenar, poner el tema en la agenda política como de las actividades más importante que pueda tener nuestro país.”

 

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