Argentina reconoció su responsabilidad internacional ante caso AMIA

Este jueves 13 y viernes 14 de octubre, familiares nucleados en Memoria Activa nos presentamos ante le Corte Interamericana de Derechos Humanos para prestar testimonio y denunciar más de 28 años de desvíos, impunidad y encubrimiento por parte de todas las esferas del Estado argentino en torno al caso AMIA.

En una audiencia pública que se realizó en Montevideo durante dos días, declararon, primero, Adriana Reisfeld y Diana Wassner de Memoria Activa, seguido de peritos y alegatos del Estado argentino, la parte acusada, la querella y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

AMIA: Argentina reconoció su responsabilidad internacional en la causa ante la Corte Interamericana
El Ministerio de Justicia admitió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado de aquel entonces “violó derechos y no fue capaz de averiguar la verdad”. El país deberá pagar indemnizaciones cercanas a los 700.000 dólares. El Estado argentino reconoció el viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional por las violaciones “al derecho a la vida, a la seguridad y a la no discriminación” de las víctimas del atentado a la AMIA de 1994 y deberá pagar una indemnización.

La coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Natalia D’Alessandro afirmó, al cerrar la jornada de audiencias ante la Corte, que “quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al gobierno”. Al repecto, consideró que pagarle 400 mil dólares al desarmador de automóviles Carlos Telleldín para que acusara falsamente a un grupo de policías por el ataque a la mutual judía fue “la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”.

Los cuatro funcionarios de la cartera que conduce Martín Soria señalaron que el Estado de aquel momento fue corrupto, que no tomó las medidas de protección adecuadas para la AMIA y que no protegió a las víctimas frente a un riesgo específico que corrían. Además admitió que la SIDE no hizo nada con la información que recibió sobre Mohsen Rabbani, imputado luego en la causa AMIA. “El Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso. Por la ocupación de la Justicia, por los servicios de inteligencia, por la corrupción, por los plazos irrazonables de estas actuaciones, por el secreto, el encubrimiento de la verdad, por la utilización política de la causa al servicio de intereses nacionales y extranjeros”, afirmó D´alessandro. Luego de lamentar los hechos y destacar la coherencia ética de Memoria Activa, Asociación Civil de familiares que luchan por la verdad y justicia en la causa, desde el Ministerio de Justicia remarcaron que el atentado es un crimen contra la humanidad y, por lo tanto, los responsables del ataque y sus encubridores “no pueden escudarse en la prescripción”. Frente a la toma de responsabilidades, la Corte Interamericana dictará una condena contra Argentina en los próximos meses que contemple obligaciones institucionales con respecto a la causa AMIA; al funcionamiento de la justicia y a la reparación económica, que incluye una indemnización, gastos, viáticos y honorarios de abogados que requirió Memoria Activa y el CELS, que suman unos 700.000 dólares. Los montos menores serían para las indemnizaciones a familiares.

La querella- En sus testimonios, las representantes de Memoria Activa hicieron un recorrido por la lucha por verdad y justicia, iniciada el 18 de julio de 1994: ”Fuimos víctimas de la impunidad, fuimos maltratadas. Y fuimos víctimas de todo lo que se podría haber evitado y no se evitó”, dijo Diana Wassner.

Ante numerosas preguntas de los jueces, también mencionaron la denuncia internacional efectuada en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en torno al caso AMIA, razón por la cual se arribó a esta instancia ante la Corte. “Tuvimos un Estado ausente durante 28 años”, expresó Adriana Reisfeld.

Ese Estado es el mismo que pareció también “ausente” durante la audiencia: no había ningún funcionario de rango y solamente hizo uso de la palabra en su alegato en el que reiteró su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, a la verdad, a la información y a la justicia, y reconoció que “no cumplió íntegramente” con sus obligaciones .

Asimismo, el Estado expresó su reconocimiento a la lucha de los familiares: “la República Argentina honra a la querella de Memoria Activa por su búsqueda de justicia y coherencia tantos años, cosa que no hizo la fiscalía del caso”; y reiteró su “compromiso ante la Corte para cumplir con las órdenes que oportunamente se dicten, como una sentencia vinculante de vocación transformadora”

Testigos- En la audiencia, también declararon expertos, quienes aportaron su visión profesional acerca del proceso y sistemas de investigación del Estado. El perito judicial Fernando Domínguez habló sobre la “nefasta” actuación de los organismos de inteligencia en la causa AMIA y opinó que ”si hoy hubiese un nuevo atentado en nuestro país, ocurrirían los mismos problemas. Porque no hay una agencia de investigación”.

En la misma línea, la perita Natalia Federman, quien trabajó en el proceso de desclasificación de archivos, declaró que “la información en la causa AMIA es inaccesible para las partes y para la sociedad en su conjunto, a pesar de que en 2020 se dictó un decreto de desclasificación”. Dijo también que “las prácticas burocráticas de los organismos de inteligencia, su completa autonomía y falta de control externo, llevaron al estado actual de la causa”.

Prestó testimonio, a su vez, la perita por la CIDH Blanca Bazaco. Apuntó, entre otras cuestiones, que ”existe un fuerte vínculo entre los documentos tangibles y la defensa de los DDHH” y que ”se tiene que establecer una ley de archivos que establezca un órgano rector dentro del sistema archivístico”.

Alegato de Memoria Activa- Finalmente, en el alegato, los familiares y amigos de las víctimas del atentado nucleados en Memoria Activa resaltamos que “pasados casi 30 años, con una investigación arruinada y difícil de reconducir, la dimensión individual del derecho a saber y colectiva del derecho a la verdad cobran fuerza. Es lo que todavía se puede hacer. Es ética y políticamente ineludible”.

Es por ello que reclamamos, entre otras medidas, que el Estado garantice una unidad fiscal independiente, comprometida con la investigación, con la reconstrucción de la verdad, y abierta al diálogo permanente con las víctimas. Pedimos, a su vez, garantizar la desclasificación de archivos y establecer nueva jurisprudencia al respecto.

Al finalizar la audiencia, el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, instó al Estado argentino a que comenzar de inmediato con las reformas sin esperar a la sentencia. Es en esa línea que esperamos la Corte, en su dictamen,  obligue al Estado a realizar cambios sustanciales en lo relativo a la investigación y que efectivamente disponga reformas para que en Argentina haya juicios serios, libres de desvíos y encubrimientos. Solicitamos, en definitiva, recursos que harán que vivamos todos en un país más justo para que nunca más ocurra lo que sucedió con la causa AMIA.

La audiencia, para nosotros, representó un último escalón en la lucha de tantos años y un halo de esperanza depositado en la sentencia de la Corte. El camino hacia la verdad y la justicia ha sido largo, laberíntico, complejo, frustrante, decepcionante y aun así continuamos persiguiendo nuestros derechos, en gran parte, gracias al apoyo y colaboración del CELS y otros organismos de DDHH, y a los compañeros de lucha de Memoria Activa.

Sin embargo, tras esta experiencia a nivel internacional, ya no nos quedan puertas por tocar ni instancias judiciales serias para descubrir la verdad. Pocas oportunidades ha habido como esta en una lucha contra quienes, desde espacios de alto poder, aun siguen trabajando a favor de la impunidad. Es por eso que, como dijo Adriana Reisfeld, “de la Corte esperamos simplemente justicia”.

La sentencia de la causa internacional AMIA llegará en aproximadamente tres meses.

Gracias por acompañarnos siempre en esta lucha por verdad y justicia. Fuente: memoriaactiva.org/

La grabación de la audiencia con las declaraciones de las partes puede verse aquí.

 

Foto; . Federico López Claro

 

 

  

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