Maquillando cifras

Las estadísticas oficiales de delitos están heridas de muerte. Una herida mortal que infringieron durante muchísimo tiempo los mismos que hoy se golpean el pecho defendiéndolas. Esos que afirman que no cambiaron a nadie en el Observatorio, pero dedicaron mucho tiempo argumentando en contra de los datos que generaban los que ahora defienden. Así las cosas, ¿cómo creerles? Porque, cancelando el programa de becarios en las seccionales policiales para la toma de denuncias, o no recogiendo denuncias en el lugar de los hechos a través de las tablets (aunque públicamente digan lo contrario), o directamente derivando a las víctimas a radicar denuncia a las comisarías donde son re-victimizadas con largas esperas que los hacen desistir, es como se bajan las cifras de delitos hoy, pero la realidad sigue igual o peor. Ahora, nos enteramos que hay orden de no registrar correctamente los hechos, de manera de alterar los datos a la baja. La cosmética invadió la cartera y la Policía parece estar maquillando cifras…

Otra vez no, decía

A poco de asumir esta administración y con el fallecido Jorge Larrañaga al frente de la Secretaría de Estado, se conocieron audios que dejaron muy comprometida la credibilidad de las cifras de denuncias de delitos que registra la Policía. El entonces coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, (muy vinculado con el ex ministro de Turismo – Germán Cardoso- cesado y actualmente investigado por la justicia), ordenaba a un subalterno que no registrara unos abigeatos porque si no “después, nos matan con las cifras”. A confesión de parte, relevo de prueba, dice una máxima jurídica que destaca la importancia de la que fue durante mucho tiempo la prueba madre de toda investigación.

El tercero al mando de una de las jefaturas más importantes del país, reconocía lo que era un secreto a voces ni bien iniciado este gobierno y particularmente en el Ministerio del Interior donde rápidamente querían mostrar resultados.

Pero la ansiedad de querer mostrar un cambio en seguridad, los llevó a apropiarse de los efectos de una pandemia como si fueran fruto de su gestión, y la baja de los delitos empezó a ser la bandera que flamearon durante casi todo el tiempo que duró la crisis sanitaria. Presos de su discurso, y negacionistas absolutos de la verdadera razón de aquella merma delictiva, el tiempo se encargó de ponerlos en el ridículo lugar de tener que aceptar un incremento de delitos a partir del cese mismo de la emergencia y el retorno de la movilidad plena (con el comienzo de la actividad comercial, escolar, etc).

Pero como si aquello no bastara para semejantes resultados, los hechos empiezan a desnudar una práctica que se sospechaba pero que –hasta ahora- no se conocían pruebas documentales. Claro que aquel testimonio divulgado del ex coordinador fernandino era un indicio, se sospechaba de una orden no escrita de no registrar delitos, sumado a un proceso de precarización de la denuncia al que nos hemos referido en varias columnas anteriormente.

Una investigación del periodista Gabriel Pereyra, derivó en una denuncia que por estas horas está procesando Fiscalía, y refiere a la orden del Jefe de Policía de Durazno de modificar los registros de delitos ocurridos en su departamento. Con documentos varios (actas de declaración y correos electrónicos), el periodista demostró la existencia de una orden emitida por el comando de dicha jefatura que pretendió modificar el registro finalmente estampado en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP), que referían a varios casos de su departamento.

Con sombrero ajeno

El broche del caso lo termina de poner el Ministerio del Interior con un comunicado donde rechazan la investigación periodística al punto de acusar nada menos que a uno de los principales periodistas de investigación del país (con sobradas credenciales de su solvencia profesional) de no chequear correctamente sus fuentes o desconocer los procedimientos del Ministerio del Interior.

Pereyra nunca nos necesitó para su defensa, y menos ahora en que –para desgracia de las autoridades del Ministerio del Interior- cuenta con documentos escritos que demuestran fehacientemente lo difundido por él. Hay un correo electrónico que responde uno de los principales responsables del control del SGSP, quien cuestiona fundadamente el pedido de rectificación que le hizo llegar un funcionario por orden del Jefe de Policía de Durazno.

Un comunicado que se apropia de una certificación clase “A” emitida tras una auditoría que hizo el Centro de Excelencia para la Calidad Estadística de los Estados y los Gobiernos de la Organización de las Naciones Unidas, en noviembre de 2019, y bajo administración frenteamplista. Tras más de dos años y medio de gestión y con las denuncias que se han ido acumulando sobre la fidelidad de los registros y el desestímulo a denunciar, es plausible pensar que dicha certificación pueda estar en duda hoy.

Las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior están afectadas de credibilidad. No ya por quiénes las elaboran, analizan y procesan, sino por quienes durante años dedicaron ríos de tinta y horas de prensa en denostarlas. Los mismos que ahora las defienden apelando a lo que nadie pone en duda –los profesionales que fungen en el Observatorio- esos que analizan lo que la Policía registra. Esa misma Policía que parece haber recibido la orden de no registrar correctamente los hechos denunciados, la que desestimula a las víctimas a radicar denuncia no tomándole en el lugar de los hechos, derivándola a una seccional; la que no responde a tiempo sus llamados; la que se alinea a consignas como “se terminó el recreo”; la que actúa prestamente ante la protesta civil pero elude atender la inseguridad en los barrios.

Esa misma Policía que se sintió respaldada ni bien cambió el gobierno pero que ahora es el primer fusible que salta y al que recurren las autoridades políticas que no asumen su propia y absoluta responsabilidad en hechos de suma gravedad (pasaporte a un narcotraficante, antecedentes ocultados al Presidente de la República, etc).

Una Policía que empieza a despertar y reconocer que le mintieron con aquello del respaldo, mientras sufre pérdida de salario y calidad de trabajo con escases de recursos propios para su operativa (chalecos anti balas vencidos, falta de munición, uniformes sin renovar, vehículos radiados, etc).

Las cifras están en duda, y lo están porque la realidad –como aquella mona- aunque la vistan de seda -y la maquillen- mona se queda…

el hombre sacaba cuentas,
el perro olfatea un dato…


Por Fernando Gil Díaz – «El Perro Gil»)
Columnista uruguayo

 

 

 

  

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