Porque el Estado es de todos, los hechos que parten de él y no se explican terminan encontrando su explicación en la atribución de circunstancias que teje la ciudadanía. Eso enseñan las prácticas totalitarias y el ejercicio de la censura. Pero están en otra categoría los hechos que tratan de justificarse de manera poco creíble. Ahí, el descrédito no es solo a las circunstancias que se le atribuyen al hecho, sino que alcanzan al sujeto que propala esas justificaciones. Y si la conducta se reitera, pasa del individuo, o los individuos que intentan justificar ya no solo el hecho sino a ellos mismos, e implican un descrédito de las instituciones a las que adscriben. Ese descrédito, de reiterarse, conduce lisa y llanamente a una crisis institucional.
Tenemos un presidente de la República que dice reiteradamente que él no miente. Encuentra necesario repetirlo, y además apelar a la comprensión del ciudadano: “ustedes me conocen”. No, no lo conocemos, según evidencian los hechos que nos sorprenden en titulares, en declaraciones de él y otros, siempre en circunstancias informales, que impiden la repregunta y un diálogo que construya lógica.
Tomemos sólo dos hechos recientes: los que tienen como supuestos protagonistas a Sebastián Marset y a Alejandro Astesiano. Podrían no ser de importancia política, sino tan solo contingencias a superar, pero el comportamiento de los verdaderos protagonistas de este vergonzoso matete, funcionarios de alta jerarquía en 
el Estado, le dio esa importancia; y se la sigue dando, en el intento con tenebrosos antecedentes históricos de que repetir mentiras las conviertan en verdad. Pero no son de esas cosas que el tiempo y el acontecer borran de la actualidad; no otra cosa muestra la porfía de los hechos.
La ausencia de explicaciones convincentes o al menos creíbles las mantiene allí, pese a que el gobierno está apostando a dos grandes reformas, la educativa y la jubilatoria, cuyas dudosas perspectivas precisarían al menos de apoyo político del gobierno y que se encaminan a la más estrecha de las mayorías parlamentarias. Si se concretan, serán un estorbo a remover, pues no expresarán políticas de Estado, como sus temas requieren. Hoy, ellas parecen estar dejadas a la mano de un dios con minúscula. El acontecer está siempre lleno de conflictos que el gobierno viene siendo eficaz en frenar su entrada en la agenda informativa, con el apoyo de la gran prensa (cada vez más delgada e insustancial) y, en TV, el milagro cotidiano de noticieros sin noticias. Vacío que se disimula con la gratuidad de la información de hechos policiales y no, por favor, de su análisis y valor agregado.
En la interpelación a los ministros de Interior Luis Alberto Heber y de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo, el 22 de agosto, se sostuvo a rajatabla lo increíble: que no conocían los profusos antecedentes de Sebastián Marset, públicos desde el 2020, que no diligenciaron con premura el pasaporte que se pidió y se expidió en trámite personalizado, que no hubo diálogo más allá de lo formal entre la subsecretaria Ache y el conocido de su familia y particularmente de su padre, el también bolso abogado Alejandro Balbi. Para mayor descrédito, quien comparte el estudio con Balbi es el abogado Victor Della Valle, que calificó de “amigo nuestro” al fiscal que por algo investiga la entrega del pasaporte. Esperemos que esa amistad tenga límites decorosos. Mientras tanto, permanecen sin respuestas las preguntas de la oposición en la interpelación. Quien quiera repasarlas, para tomar dimensión del vacío conceptual del gobierno, las tiene en https://www.frenteamplio.uy/noticias/12-noticias/2355-preguntas-en-interpelacion-ministros-heber-y-bustillo.
El cumplimiento perentorio de un decreto para tramitar el pasaporte, que no establece plazos para su efectivización, es un argumento pueril. Y sin embargo, Heber lo sostuvo hasta el final. La Onda Digital publicó (https://www.laondadigital.uy/archivos/66538) la conclusión del think tank académico y periodístico Insight Crime de que había habido funcionarios venales que actuaron en esta elaboración y entrega del pasaporte: la noticia no tuvo efectos prácticos. Una de las preguntas que inevitablemente se plantean es la relación entre política y narcotráfico, que el señor Marset probadamente ejerció ya en complicidad con la presidencia del Paraguay. Si no se limpia a fondo el asunto de esa lógica sospecha, ella persiste en la ciudadanía; es de esos hechos tercos que no evapora el tiempo. Para peor, la presencia del narcotráfico en la región solo aumenta, según los indicadores disponibles.
Tal vez la misma pregunta se plantee sin esta información de peso proveniente de Insight Crime, publicada en Uruguay, pero ignorada por sus autoridades: ¿por qué amparar esta situación, como lo hizo la cúpula del gobierno, y particularmente el sector nacionalista del presidente? El gobierno se aferra a su relato, digno de un niño de seis o siete años. Los ministros siguen en sus puestos por la mayoría parlamentaria en definitiva circunstancial que tiene. La respuesta sigue pendiente, y curiosamente puede trasladarse al siguiente tema: por qué Lacalle tuvo y mantuvo un jefe de custodia con una veintena de antecedentes policiales.
El argumento del gobierno de que el presidente recibió una foja personalizada de antecedentes del señor Astesiano es poco creíble, y lo demuestra lo mucho que insisten en ella. El hecho de que no lo hayan detenido cuando arribó al aeropuerto con el presidente y que él fuera quien informara a Lacalle de la situación, es por lo menos irregular. Cuando Astesiano llegó a la residencia de Suárez, su celular tenía conversaciones borradas; para el presidente, la llegada del fiscal a Suárez para efectuar la detención demuestra la separación de poderes que rige.
Con argumentos traídos de los pelos es que el gobierno intenta su defensa. Por ejemplo, un senador de notorio peso en las filas del gobierno y el herrerismo, Gustavo Penadés, improvisó este argumento: «El proceso de selección de un custodia no era riguroso porque no era de carácter profesional, eran militantes que se acercaban a cubrir la seguridad.» Sin comentarios.
Toda esta política pueril puede explicarse de dos maneras: la coalición de gobierno, y particularmente el Ejecutivo, no tienen idea de cómo funciona el Estado, el alcance de las responsabilidades buscadas y asumidas, y que conforman un contexto en el que la frivolidad es pecado. La otra explicación es que se está ante una tenebrosa conspiración cuyos alcances son difíciles de imaginar.
En todo caso, la situación tiene consecuencias que no necesariamente están en la agenda pública. El hecho es que la asociación ilícita de Astesiano y compinches puso en circulación un número indeterminado de pasaportes a nombre de personas no individualizadas. Lacalle puede no haberse enterado a tiempo, y Alvaro Garcé seguramente no considera el tema dentro de sus competencias, pero esto no puede producirse sin que servicios de inteligencia extranjeros tomen nota de tamaña brecha en la legalidad, y que algunos, como el ruso, enterado de lo que pasa en miembros de su colectividad, pero también otros servicios de inteligencia, aprovechen para legitimar topos; agentes encubiertos que en su momento entrarán en actividad. Hace años leí una novela que explicaba muy bien este asunto, que pertenece a una realidad que me es ajena y en definitiva, desconocida.
Otra consecuencia es que esto devalúa el pasaporte uruguayo, que hoy no precisa de visa en muchos países, que es bien recibido y compite en ello con algunos europeos. La ciudadanía uruguaya bien puede encontrar dificultades no previstas en sus viajes, porque es solo natural que otros países tomen recaudos. Se lo puede llamar; «el síndrome Astesiano», pero sería adecuado adjudicárselo al actual gobierno. Los efectos de lo que hizo y no hizo, y de su torpe argumentación, serán historia viva.
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