Se viene la narco política

La interpelación en Senado el 22 de agosto por el pasaporte otorgado al destacado narco Sebastián Marset quiso centrarse en ese tema, pero –dijera Seregni– sobrevolando y subyaciendo está el tema de la al menos inminente relación entre el narcotráfico y la política; el dinero sucio y la permisividad de la administración, y los partidos políticos y el Estado. Tan así que el tema fue aludido un par de veces por el interpelante Mario Bergara y negada enfáticamente su vigencia por el interpelado ministro del Interior Luis Alberto Heber, sin que fuese realmente un tema planteado.

Esa interpelación dejó dudas e insatisfacciones en muchos terrenos, y la oposición hará cuestión política de una parte de ella. La lectura del acta taquigráfica de esas 11 horas parece haber provocado hasta sorpresa por la puerilidad de la argumentación oficialista, sólo válida por la mayoría coyuntural de votos. Las debilidades se suman. En la que gobierno insistió es en la explicación sobre un decreto que los obligaba a dar el pasaporte pero cuyo texto no obligaba, y que decía en verdad otra cosa que lo que le atribuyó el oficialismo.

Otra debilidad de la argumentación del gobierno se refiere a ese servicio de inteligencia ausente de sala y del tema. Según el también interpelado canciller Francisco Bustillo, casos como el de Marset “no llega a la Secretaría Nacional de Inteligencia de Estado (… aunque) en el caso específico de la lucha contra el narcotráfico se analiza, sí, su dinámica regional e internacional y la sugerencia de políticas públicas para enfrentar el fenómeno en el país»; argumento que omite que Marset es, sin duda, el dueño del circo del narcotráfico por la hidrovía, y viene perfeccionando su organización desde al menos 2013. Difícilmente se podría analizar la dinámica regional del narcotráfico omitiendo a Marset.

Y sin querer ser exhaustivo, está el caso de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, que da atención personalizada al abogado del narcotraficante en su afán de echar mano al pasaporte para Marset. La enumeración de falencias del Estado en el caso sigue, claro, pero no se trata de hacer su exégesis sino de concluir, como lo hizo la oposición y también el sentido común, que las explicaciones oficialistas no son de recibo.

Esto abre la gran pregunta de por qué se hizo, y algunas posibilidades no son para nada agradables. Lo que se enumerará son meras conjeturas, y no tienen más valor que eso. Está la vieja y recurrente torpeza, pero ella tendría que comportarse como una plaga para marcar el comportamiento de todo el gobierno. Está la posibilidad de que haya sido en verdad una operación combinada de DEA, Paraguay y Uruguay, que efectivamente se reunieron antes de solicitado el pasaporte que libera a Marset. Y eso puede relacionarse con la detección en febrero 2022, cuatro meses después de que Marset estrenara su pasaporte uruguayo, de la mayor operación de narcotráfico desbaratada hasta ahora, llamada Ultranza Py, con decomiso de 100 millones de dólares, un montón de detenidos y 15 prófugos; entre ellos, Marset. Según el periodista especializado en esta materia Gabriel Pereyra, Marset fue delator para la policía en el comienzo de su carrera.

Y la tercera posibilidad es la relación de este narcotraficante con la política uruguaya. El propio Marset propició esa interpretación o al menos su posibilidad, al mandar videos a la TV en horario pico, y al opinar en contra de José Mujica y a favor de Luis Lacalle Pou. Flaco favor le hizo al presidente. Tal vez eso explica el tono alto en que se expresó Heber sin que viniera a cuento: «Más que el decreto, la interpelación y el cambio de opiniones, quiero acá, muy claramente, hablar de la actividad política y de lo lejos que en el Uruguay está la conexión con el narcotráfico. Podremos tener discrepancias entre nosotros –las tenemos, y fuertes– ¡pero no vale todo! No sale desde acá la suspicacia de decir que algún partido político tiene vinculaciones con el narcotráfico. No lo hacemos porque, además, estamos convencidos de que no existe y no por protección mutua como, lamentablemente, a veces se puede interpretar desde afuera. El sistema político y la política no tienen ningún tipo de vinculación con eso y juntos tenemos que dar una batalla muy dura contra el narcotráfico, señor presidente. ¡No es cobrándonos cuentas que vamos a dar mejor batalla, sino ayudándonos a darla! ¡Y la estamos dando!». Y por si no estuviese claro, agregó algo difícil de demostrar: «¡Hoy como ministro del Interior garantizo que no hay vinculación política de ningún partido político en esto! Además, me siento apoyado a la hora de tener que combatir el narcotráfico en todas sus formas en Uruguay, para darnos la tranquilidad de que somos otra cosa, distinta a lo que lamentablemente existe en algunos países de la región.”

El interpelante Bergara, Inició su alocución prometiendo constreñirse al tema fijado –”nos vamos a circunscribir al contenido de la convocatoria: las investigaciones, el proceso y la expedición del pasaporte al señor Marset del pasaporte”– y afirmó: “quiero ser claro: no es este el ámbito donde vamos a ponernos a discutir los temas criminales del señor Marset”. Pero luego aludió al tema. “No podemos permitir que se erosione la confianza de la ciudadanía con las instituciones porque esa es una fortaleza de nuestra democracia, que es una de las más plenas del mundo y tiene que seguir siéndolo”. Y más por el estilo.

En la operación Ultranza Py no sólo se incautó droga sino que se detectaron operaciones de lavado de dinero. Y luego surgió la información que quien fue o es socio de Marset, el ex presidente paraguayo (2013-18) Horacio Cartes lavó casi 43 millones de dólares a través de Uruguay entre 2014 y 2021. Y antes de eso, tiraba desde avionetas bolsas con dinero en territorio uruguayo. Se entiende que la conexión entre el narcotráfico, el lavado y la política en Paraguay no precisa de más evidencia.

Según expresó Bergara en el programa televisivo En la mira del 7 de setiembre,“no se puede descartar de plano la vinculación entre narcotráfico y política” en Uruguay, como hiciera el ministro Heber en la interpelación. “En otros países se ve más claramente que el narcotráfico penetró estructuras políticas de gobierno y de Estado. En Uruguay estamos viendo acá lo antes lejano: ajustes de cuentas, cadáveres mutilados”; truculencia premeditada. “El problema de seguridad del país tiene su centro asociado al narcotráfico; ya hay coincidencia sobre esto –agregó Bergara. Quedaron sin vigor las afirmaciones electorales de “le echan la culpa a los ajustes de cuentas porque no saben hacer las cosas”.

Dada esta situación, agregó Bergara, “creo que estamos a tiempo de aprovechar la fortaleza institucional del Uruguay. Sus partidos políticos tienen la capacidad de al menos bloquear esa penetración.” Y las medidas que propone se manejan hace tiempo en los pasillos políticos, pero no se concretan. “Hay que fortalecer la transparencia del sistema político. En su momento, la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública) fue un avance en su momento, pero hoy requiere de otra estructura, recursos y gente con las capacidades necesarias”.

El otro elemento que se considera fundamental es reglar la financiación de los partidos políticos de manera que sea eficaz y tenga capacidad sancionatoria efectiva. “Hubo un intento legislativo en el anterior gobierno que alcanzó media sanción, y al inicio de este gobierno hubo un acuerdo en trabajar el tema en una comisión especial de Diputados en base a lo hecho y a las propuestas de modificación de las distintas fuerzas políticas. Y ahora, con Marset y este tema sobre la mesa, la situación amerita que avancemos rápidamente hacia una ley de financiación de los partidos políticos que esté vigente para las elecciones de 2024. Nuestra idea es impedir la financiación desde el sector privado, pero en tanto no hay acuerdo, queremos limitarlo y transparentarlo con mucha firmeza”.

 

  

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