Interpelación sin inteligencia

Fueron buenas noticias para el narcotráfico las del desarrollo, argumentación y votación del oficialismo en la interpelación del lunes 28 a sus ministros de Interior y Relaciones Exteriores por el pasaporte dado sin reparos en octubre de 2021 al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Podría haber sido un documento que sólo lo habilitara a viajar al Uruguay, pero es un pasaporte válido por 10 años. de recibo en todo el mundo. Eso le permitió organizar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci el 10 de mayo de este año, hecho por el que tiene hoy pedido de captura.

El senador opositor Daniel Caggiani, integrante de la poco activa comisión de Control y supervisión del sistema nacional de inteligencia del estado de la Asamblea General Legislativa, admite que efectivamente nuenas noticias para el narco. “Es así en términos de resultados y también en términos de la resolución del tema en sí, porque el gobierno pone el foco en un problema de redacción de un decreto”. El oficialismo alegó que ese decreto, el 129/014, condiciona la otorgación del pasaporte a que no existan causas penales abiertas contra esa persona.

Mario Bergara senador interpelante

La senadora opositora Liliam Kechichian insistió en vano que el decreto no se refiere a causas abiertas sino a antecedentes judiciales penales, de los cuales el señor Marset tiene en abundancia y variedad desde el 2012. Así, se lo acusa de receptación, tráfico y homicidio, y a la salida de la cárcel, en 2017, formó una nueva organización ligada al ex presidente paraguayo Horacio Cartes que es desbaratada en 2022, en la operación A Ultranza.También se le acusa de lavado de dinero a través de clubes de futbol y una institución religiosa con varias sedes, Centro de Avivamiento.

Todos esos delitos son los que Caggiani define como objeto de la lucha contra el narcotráfico. “Esa lucha tiene que tener un abordaje con un desarrollo integral; ser no sólo del punto de vista policial sino también del punto de vista de cruzamiento de datos financieros, migratorios. contable de algunas empresas que montan y utilizan para lavar dinero tras la fachada de una actividad legal. Reclama un estudio importante de todas las áreas y un cruzamiento de datos tanto a nivel nacional como regional que escapa a la discusión de si existe un decreto para darle un pasaporte a una persona.”

Caggiani manifiesta que no está sorprendido por la actitud aferrada al relato y no a los datos del gobierno uruguayo. “Lo que si me genera mucha preocupación es que el gobierno no está tomando nota de la cruda realidad que está inserto el Uruguay, particularmente teniendo en cuenta los cambios que están habiendo en el desarrollo del crimen organizado y del narcotráfico, que se están desplegando de Colombia y México hacia zonas más al sur del continente.”

El gran ausente de la bancada oficialista y de los intereses nacionales en la interpelación fue el director del Sistema nacional de inteligencia del estado, Alvaro Garcé. La función a su cargo es prevenir e investigar el crimen organizado, en sus vertientes de narcotráfico y terrorismo. No solo no asistió a la interpelación, sino que no hubiera podido aportar nada el super director de inteligencia ante el tema del crimen organizado que se hacía presente en la benevolecia del Poder Ejecutivo. Días después declaró que no tenía noticia del señor Marset, del que abundan antecedentes delictivos en internet. No solo eso. El lunes, el senador Charles Carrera reveló que en la sesión secreta que pidió el ministro del Interior Luis Alberto Heber con la comisión de Seguridad del Senado, entre las muchas organizaciones delictivas que nombró, no estaba la de Marset y sus socios.

“En este tiempo (dos años y medio de gobierno, señala Caggiani) no se ha presentado ni un plan de inteligencia, y desde su nombramiento, Garcé concurrió una sola vez a la comisión de la Asamblea General Legislativa –la única instancia disponible para el control que debe ejercer el Poder Legislativo”.

Y lo que no sucede tiene consecuencias. “No conocemos cuáles son las instancias de trabajo conjunto que se tienen con estas agencias, no conocemos tampoco cuál es el trabajo que hacen con las agencias del propio Estado si la inteligencia policía, la inteligencia militar, la inteligencia del Banco Central y de la propia Cancillería. En realidad, el Parlamento no sabe qué se hace y no se hace. Existe una comisión que hoy está a ciegas; siendo que el control parlamentario es una de las patas fundamentales en la elaboración de inteligencia estratégica. Hoy está renga, hay muy poco control, hay muy poca información”.

“No sabemos qué está haciendo esta dirección en relación a las reparticiones de inteligencia que se subordinan o coordinan (no es claro) con ellas. Y también tienen la potestad de coordinar con esas agencias amigas entre comillas, lo que le da a la información no carácter reservado sino secreto. Lo que plantea una nebulosa sobre qué se hace y qué se logra. Estamos cada vez más preocupados.”

Tras convocar en vano, la oposición se apresta a insistir en la convocatoria sobre todo de la secretaria pero también del propio, de los propios ministros que tienen a su cargo las diferentes reparticiones que trabajan el tema en los tres ministerios. “Nuestro trabajo es conocer los planes de trabajo y las áreas operativas que se están desarrollando. Esto cobra un carácter estratégico. Si el país tiene una amenaza fundamental del narcotráfico, la falta de coordinación sin duda resiente el sistema, y sin duda resiente el papel estratégico de la secretaría”.

La mesa de la comisión legislativa debería contar, además del plan estratégico anual del Sistema nacional de inteligencia del estado que insiste en faltar, con información sobre las diferentes instancias de capacitación, los llamados a concurso y los supuestos informes que el propio Sistema nacional de inteligencia del estado debería realizar para el presidente de la República. Por ejemplo, sobre la crisis sanitaria y la situación de la pandemia y cómo se evaluaba que ella incide en la realidad económica y política de la región. En la situación que nos plantea la guerra entre Rusia y Ucrania. Y por supuesto, la situación que desarrolla el crimen organizado y su implicancia en lo que está sucediendo por ejemplo en Paraguay como epicentro de no solo de narcotráfico y crimen organizado regional sino también lo que está sucediendo a nivel político y social. Entiendo que todo eso debería estar a disposición del presidente y de la comisión legislativa. Pero no está

 

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