El silencio de la marcha

Hace tres meses, sucedió en este país un hecho nuevo, contundente, relevante en cuanto determina un cambio en la sociedad. De ese hecho no se habla, y hay razones para el silencio: por respeto, ninguno de los cada vez más se siente con  autoridad para expresar el todo. Si el Comendador de Lope de Vega fuese la impunidad, valdría el diálogo fundamental con el pueblo de su obra hacia el que va la historia uruguaya: “¿Quién mató al Comendador? Fuenteovejuna, señor”.

El 20 de mayo de este año, la Marcha del Silencio reunió para su edición 27 más gente que nunca antes, de toda la diversidad etaria posible, de todos o casi todos los sectores políticos. La marcha anterior, la de la pandemia, dió lugar a mucha creatividad, pero al no ser en la calle, no se pudo apreciar su masividad. Muchos de los que iniciaron esta gesta por los derechos humanos, hace un cuarto de siglo, ya no están entre nosotros. Esta vuelta, parece obvio que participó más gente sensible al tema que los previsibles votantes de la izquierda de 1996. La paradoja es que los sectores  que no propongan y realicen acciones que incidan en esta situación de cuasi orfandad de los derechos humanos violados en el pasado reciente y quieran realmente dar vuelta la actitud de desinterés del Estado, serán proclives a no recibir adhesión de quienes desafiaron el clima inhóspito y las pestes que propicia.

El reclamo por los detenidos desaparecidos tuvo la adhesión, sólo en Montevideo, de uno de cada seis, a lo más siete montevideanos. Y hubo marchas y actos por todo el país; es una pena que no haya un registro, o al menos un recuento, de ese florecer de reclamos al Estado. Y el tercer aspecto, que bien puede considerarse como el más importante, es la diversidad etaria de los manifestantes. Los hubo a partir de la adolescencia hasta los que se animaron a desafiar, con la debilidad que traen los años, la inclemencia del tiempo.

Lo que crece, dice la ex jueza penal que condenó al dictador Bordaberry, la ex INDDHH y paradigma de la defensa de los derechos humanos Mariana Mota; lo que crece es “la marcha en sí, por lo que se reclama y por lo que todavía está pendiente por parte del Estado”. Este año, la consigna que convocó fue “Dónde están? La verdad sigue secuestrada: Es responsabilidad del Estado”, y, precisa Mota,  “esto de la responsabilidad del Estado y el dónde están es una pregunta constante;  y sigue siendo una pregunta reiterada año a año,  porque el Estado no ha dado respuesta”.

“La marcha también se han empezado a hacer en lugares donde no se hacía, como pequeñas poblaciones. O sea que es un reclamo que va ganando en la opinión pública y en el compromiso de la gente que asume este postulado. Y eso lo que quiere decir es que va más allá de banderas políticas; no es un reclamo que hacen personas vinculadas a determinado partido político. En realidad trasciende (esa lectura)  y ahí hay personas de diferentes partidos. Porque la marcha es de  gente que reclama desde su calidad de ciudadanos, de integrantes de una sociedad independientemente de sectores políticos. Me parece que eso es interesante: no hay ningún partido político que se embandere con esto, y es como una expresión muy clara de la población, de una parte muy importante de la población, que dice ‘bueno, esto se tiene que saber, se tiene que aclarar, se tiene que dar respuesta’”. Ella reflexionó sobre el tema solo porque se la fue a buscar.

En cuanto a las jóvenes edades que se integran a la marcha, señala Mota, “es gente joven que participa pese a que no tiene absolutamente ningún vínculo con los familiares. Son personas que han nacido post dictadura, en democracia. Conocen esta situación y toman posición al respecto: habiendo desaparecidos y no sabiéndose de ellos, el hecho resulta ser una responsabilidad del Estado, y es un deber del Estado dar respuesta a ello. Esto es  es algo que se ha destacado siempre en Familiares. Y es un hecho transcendente que lo asuman jóvenes generaciones, en tanto hace que el reclamo no quede solamente en los familiares sino que transcienda, que sea de la sociedad. Y en definitiva así debe ser, ¿no?, porque en definitiva los delitos de lesa humanidad le importan a toda la sociedad; toda ella tiene derecho a saber qué es lo que pasó. Esto, más allá de la familia, que por supuesto tiene derecho directo y la respuesta debe ser inmediata”.

Lo que hace y no hace el Estado con estos delitos de lesa humanidad “es el otro tema –señala Mota. “Qué hace el Estado con esto, ¿no? Qué ha hecho el Estado en sus sucesivas administraciones. Es necesario remontarse a la época de la dictadura y de allí para adelante, y fijarse en  cuánto ha hecho y cuánto no ha hecho, y cuánto falta por hacer. En ese sentido falta todavía la respuesta a la mayoría de las desapariciones. Por supuesto, hallarlo, pero también saber qué fue lo que pasó, quién los mató, porqué decidieron desaparecerlos, y eso ¿no? y porqué además se mantienen ocultas las respuestas a todas estas preguntas. Esas preguntas no han sido respondidas, y el Estado no ha hecho lo debe hacer, que es ser proactivo en la búsqueda, preocuparse desde los diferentes organismos del Estado en dar respuesta, en aportar información toda la información que sea necesaria y lo que encontrás es un Estado que si bien delega en un organismo u otro; pero se desentiende.”

“En un momento la situación fue ‘que el Poder Judicial haga, que investigue; nosotros seguimos gobernando’, como si fueran cosas separadas. Y ahora, la institución (INDDHH) ‘es la que tiene que hacer esto y nosotros le damos la plata pero que se maneje’. No es así; o sea, no es solo eso. Sí, por supuesto que el dinero lo precisás porque esto sale dinero, que también es una cosa que la hemos destacado más de una vez. Se destinan recursos humanos, se destina dinero para buscar y se prolonga este gasto y esta dedicación, todo porque hay un puñado de personas que saben y que no hablan. O sea que hay un puñado de personas que hacen que el Estado gaste dinero porque no tienen ganas de hablar.

Es importante poner esto sobre la mesa y decir ‘pero no puede ser, es posible que otros organismos den de sí, que también busquen, y que busquen información para ayudar’”, en aspectos que no son sólo la ubicación de los desaparecidos sino en muchos otros que hacen al cuándo, quiénes, dónde, por qué, y más. “Y ahí ves que no, que no lo hacen. Los organismos no saben que no hay gente formada para ponerse en esto y que no haya una disposición explícita; no la hay desde los organismos jerárquicos del Estado Y estoy hablando de la Presidencia y las diferentes jerarquías ministeriales con un mensaje claro a quienes saben que tienen ser, que lo que tienen que hacer es informar y decir. Eso nunca se ha hecho; no lo ha hecho ninguna administración: ahí falta política de Estado, porque en definitiva (la actitud) es: ‘este tema lo hace otro’. Y así estamos, lamentablemente.”.

 

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