Comunicación de la Udelar ante la propuesta de derogar la Ley de Medios

Por un debate de calidad sobre la producción nacional y la libertad de expresión e información. Declaración del Grupo multidisciplinario sobre políticas de comunicación de la Udelar ante la propuesta de derogar la Ley de Medios

El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar) resolvió tomar conocimiento y hacer suya la declaración del Grupo multidisciplinario sobre políticas de comunicación de la Universidad en reclamo de «mayor transparencia en los procesos de elaboración de políticas y la generación de espacios de intercambio» sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El comunicado llama «a que se mantengan en vigencia normas que garantizan derechos de la ciudadanía en relación a los medios de comunicación».

Ante la intención del Poder Ejecutivo de derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de impulsar cambios en la institucionalidad de la promoción del cine uruguayo y en otras disposiciones que pueden afectar la libertad de expresión en internet, el Grupo multidisciplinario sobre políticas de comunicación de la Universidad de la República (Udelar) manifiesta su preocupación por el contenido de los cambios propuestos y la forma en que se pretenden aprobar estas regulaciones.

Este conjunto de modificaciones fue incluido en el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, junto a más de cuatrocientos artículos sobre diversos temas que exigen un análisis parlamentario en plazos acotados.

Es menester que las políticas de medios pasen por procesos de discusión pública para que sus promotores expliquen con claridad los alcances y objetivos, así como para permitir que los actores sociales, académicos y empresariales puedan presentar los aportes que consideren pertinentes.

En este sentido, el grupo de trabajo hace notar que los cambios propuestos no fueron planteados en espacios consultivos, como la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), y que tampoco se generaron instancias públicas para debatirlos, pese a afectar un área muy sensible para cualquier democracia. Al respecto, se destaca que casi ninguna autoridad de gobierno participó de jornadas y foros que organizó este grupo, ni tampoco demostró interés en generar otros intercambios.

El grupo quiere recordar que las regulaciones en materia de medios y de contenidos audiovisuales deben estar orientadas a garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión. Si bien los modelos de negocios de los actores del sector comercial deben ser tenidos en cuenta a la hora de regular, las políticas no pueden orientarse únicamente a partir de estos intereses. En el mismo sentido, es de primer orden considerar los estándares internacionales en materia de libertad de expresión e información, algo que no se contempla en las modificaciones propuestas.

En síntesis, reclamamos mayor transparencia en los procesos de elaboración de políticas y la generación de espacios de intercambio, en los que distintos actores puedan plasmar sus intereses y necesidades en forma pública. En particular, el grupo llama a que se mantengan en vigencia normas que garantizan derechos de la ciudadanía en relación a los medios de comunicación, especialmente de grupos vulnerados y periodistas. De la misma forma, destacamos la necesidad de sostener los mecanismos de promoción y apoyo a la producción nacional, especialmente aquella de carácter independiente. Para velar por la máxima pluralidad, reivindicamos la promoción de los sectores público y comunitario de radiodifusión, además del establecimiento de límites a la concentración en medios comerciales. Al mismo tiempo, es necesario discutir en profundidad y de manera integral eventuales cambios que habiliten desbordes autoritarios en la eliminación de contenidos de internet en forma directa, sin orden judicial ni las garantías de un debido proceso, poniendo en peligro el derecho a libertad de expresión.

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