Los comunicados 4 y 7 y quienes apoyaron a la dictadura del 27/6/73.

Es demasiado lineal concluir que, como el PCU y la CNT apoyaron los Comunicados 4 y 7, también estuvieron de acuerdo con la dictadura. E inferir de ello que toda la izquierda también lo estuvo, es de una endeblez interpretativa rayana en la mala intención.

Es en estos tiempos y no antes (o no con tanta energía), que importantes personalidades del Partido Nacional, algunos ministros y legisladores, aportan desde sus cargos a la construcción de un relato tan falaz de la historia. Con esta visión se suman a los sectores más retardatarios integrantes de la coalición multicolor. Dudo que los wilsonistas sobrevivientes les lleven el apunte. Sería un despropósito y, a mi entender, una profunda falta de respeto a uno de los líderes políticos que más padecieron con la dictadura cívico-militar que desvató al país. Porque, entre otros objetivos, esa dictadura fue impuesta para (además de frenar el crecimiento de la izquierda) impedir que Wilson Ferreira Aldunate fuera presidente de Uruguay. Este segundo punto lo consiguieron, y con creces.

Los ya famosos comunicados han servido para todo, menos para impulsar un análisis desprovisto de apasionamientos y libre de interpretaciones basadas en preconceptos o en visiones fuera de contexto. Fueron publicados el 9 de febrero de 1973, casi cinco meses antes de que se instalara el gobierno de facto, en un contexto político-militar muy diferente al de los días en que se ejecutaría el golpe. Muchos acontecimientos se precipitaron entre febrero y junio, y esa precipitación debe ser ubicada en los tiempos que corrían para ser entendida.

En febrero de 1973, la confrontación entre el gobierno de Bordaberry y sectores militares (la controversia era por cuestiones de medios y no de objetivos, aclaremos) había llegado a su punto crítico. El día 9 (con militares rodeando a la Casa de Gobierno), uno primero y otro más tarde, se publicaron los comunicados. Los textos de ambos revelaban mucho más de lo que expresaban en una simple lectura. Aparecía, disimulada en tono de arenga, la tensión en la interna militar entre los sectores llamados «peruanistas» (entre los cuales, inicialmente estuvieron el General Gregorio Álvarez y otros connotados jefes del Ejército), articulados por el coronel Ramón Trabal, y los sectores más duros, que presionaban para encontrar una salida “definitiva” a la crisis, entre las cuáles estaban las más extremas, que no reparaban en pruritos republicanos-democráticos ni en lo que hoy se ha dado en llamar “daños colaterales”. Las negociaciones se rodearon de suspicacias, con presiones múltiples sobre los protagonistas principales, mientras, detrás de los sucesos, muchos aguardaban con una expectativa controlada, en espera del desenlace. Nadie tenía la verdad revelada, ni la solución perfecta, todos dudaban y todos presionaban por definiciones de otros, quienes a su vez esperaban decisiones de terceros. La tensión se trasmitió por los comunicados 4, 7 y 8 (aunque este último pasó totalmente inadvertido) y su publicación puso al país en vilo. Fuentes cercanas a los protagonistas principales, especulaban acerca de que, mientras el Comunicado 4 parecía haber sido escrito de puño y letra por Ramón Trabal, no ocurrió lo mismo con los números 7 y 8. Estos tenían la intención de corregir, o aclarar, aspectos del primero con los que no acordaban. Para muchos, la intención del jefe de la Inteligencia militar rebasaba objetivos estratégicos relativos a sus ideas políticas, declaradas o atribuidas (se sabía que era admirador del proceso peruano encabezado por el General Velazco Alvarado). Y había mucha aversión en sus pares (también de civiles), más allá de la desconfianza, acerca de cómo trataba a los dirigentes tupamaros detenidos en el Batallón Florida y otras dependencias castrenses.

Hay evidencias (opiniones testimoniales, pues no hay documentación escrita) de que Trabal pretendía evitar las soluciones extremas propiciadas por los sectores más duros. A eso respondería su esfuerzo por lograr acuerdos entre «militares y tupas», para los cuales estuvo trabajando durante meses, buscando una «rendición incondicional» a la que se negaba un MLN ya derrotado. Esta rendición incondicional (que suponía la entrega de armas y de infraestructura) tendría la contrapartida de algunos beneficios a los guerrilleros (parar con los “apremios”, liberación progresiva de la mayoría, dar ocupación a quienes quedaban sin trabajo, para lo que se prepararía el establecimiento de Silva y Rosas, etc). Trabal hizo un trabajo a varias puntas, con conocimiento de las fuerzas que se movían en la interna militar y la manipulación de información aportada por ex tupamaros que operaron a su lado. El plan presentado por Trabal (que no trascendió a los medios en ese momento), con varios puntos para ser acordados, finalmente no prosperó, porque los más poderosos jefes del MLN, decididos a gravitar en los sucesos vertiginosos de esos días no aceptaron. Y si no había rendición incondicional, no había trato posible. Todos los esfuerzos de varios días y cientos de reuniones se fueron al tacho. Ante el fracaso de la pulseada, los extremistas militares pusieron el pie en el acelerador. Arrastrarían con ellos a los generales Álvarez y Cristi (los más fuertes jefes militares del momento), y empedrarían el camino al infierno. El descaecimiento del prestigio de Trabal, el apartamiento de Gregorio Álvarez (sobretodo luego del asesinato de su hermano) y, por ende, de Esteban Cristi, fueron elementos más que suficientes para precipitar un cambio en la orientación del proceso. Con el tiempo, Ramón Trabal sería sacado del país primero; luego sufriría las consecuencias de haber mantenido aquellas opiniones, contrarias a las de la mayoría de los mandos castrenses y de minorías civiles que les apañaban y azuzaban.

Pero estas «salidas» no se discutían solo en el Batallón Florida, como va dicho, sino que también se jugaban en el terreno civil, con propuestas varias de sectores o personalidades políticas, los que a su vez «cocinaban» con los militares, abierta o solapadamente. Había zonas de intersección de influencias, con emisarios que llevaban y traían «información reservada» y «datos de fuentes seguras». Wilson Ferreira Aldunate negociaba soluciones, entre las cuales estaba la renuncia de Bordaberry y la asunción del Vice-Presidente Sapelli. El Frente Amplio, a través de su portavoz, Liber Seregni, antes, había pedido la renuncia del presidente Bordaberry como salida a la crisis. En aquel momento (al decir de Eleuterio Fernández Huidobro, testigo privilegiado), en dependencias castrenses desfilaban a diario conocidos políticos que venían a conversar con los altos mandos.

Los militares, en febrero, resolvieron que, definitivamente, no quedarían al margen de la política nacional y así lo hicieron saber. Se rebelaron contra el gobierno, precipitaron las definiciones en las mismas fuerzas armadas y serían los protagonistas principales de la empresa golpista. Para muchos estudiosos de estos fenómenos, allí se perpetró el verdadero golpe a las instituciones estatales. El siguiente mamporrazo a la República (el 27 de junio), sería una simple derivación de toda esta situación.

Desbrozado el camino en la interna, el 27 de junio, meses después de los comunicados 4 y 7, y con mucha agua pasada debajo de los puentes, los sectores militares más decididos (ahora con sus internas saneadas) arrasaron con la Constitución y emprendieron la ejecución de uno de los períodos más nefastos de la historia del país. Muchos de quienes hoy tergiversan esa historia, interpretando a su gusto los sucesos de esos meses anteriores al golpe, permanecieron callados mientras se producían acontecimientos determinantes. No reaccionaron en febrero, porque Bordaberry era indefendible; desoyeron su pedido de auxilio para defender a la democracia republicana (aunque ese sayo le cae bien a todos). Pero tampoco reaccionaron después, en junio, cuando el golpe definitivo se produjo, porque aguardaban pacientes que la balanza se inclinara hacia lo que realmente querían que pasara, y pasó.
El Frente Amplio y la izquierda, lucharon desde el 27 de junio de 1973, y eso no puede ser desmentido sin mala fe y en franca desatención a la realidad y a los documentos que la acreditan. También wilsonistas y blancos y colorados demócratas se opusieron a la ruptura constitucional, y padecieron sus consecuencias.

Es una gran injusticia y una tendenciosa manipulación del pasado, afirmar que la izquierda apoyó a la dictadura, cuando un análisis desapasionado de los hechos dice otra cosa. Cuando, además, todas las evidencias (documental y testimonial sin apasionamientos) admiten que el real objetivo de los golpistas iba mucho más allá de la derrota de la guerrilla. Su verdadero propósito era impedir el crecimiento de la izquierda y de sectores liberales, que se resistían a que la crisis económica local e internacional, se depositara solo sobre los hombros de los menos pudientes. El golpe fue exitoso en un triple sentido: se derrotó a la guerrilla, se derrotó a la izquierda democrática y se derrotó a Wilson Ferreira Aldunate, quien no pudo seguir adelante con su carrera hacia la presidencia.

La dictadura también fracasó, pero en los duros 12 años que logró permanecer, hizo todo lo que pudo por destrozar no solo al país, sino también por imponer interpretaciones arbitrarias de sus propios actos, mediante la mentira, la deformación y la alteración de los acontecimientos. Como un huevo dejado por una serpiente en disparada, trasladó la confusión y el desconcierto al futuro, para tratar de ocultar su el verdadero papel de mercenarios al servicio de las clases dominantes, que prefieren romper el orden republicano, con tal de no perder sus privilegios.

Con los comunicados 4 y 7 y el golpe del 27/6/73, o se falsea por desinformación, o hay mala intención en pervertir la interpretación de como acontecieron los hechos. Y es lamentable que sectores que también padecieron aquella dictadura, hoy se sumen a las voces que justifican la infamia.

 

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