Las fuerzas del golpe de Estado

 


Para entender la ruptura institucional de junio de 1973 “hay que partir de la base de que es un proceso multicausal, multifactorial, que responde a una serie de fenómenos que se venía dando. Hay una alianza civil militar que conduce el Estado después del golpe de Estado”, señala la historiadora Magdalena Broquetas.

“Todo el proceso de  autonomización y empoderamiento del sector militar viene inicialmente desde el Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo el que le encomienda a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha antisubversiva setiembre en el ’71, en coherencia con el hecho de que las Fuerzas Armadas estaban ya muy involucradas en la contención de la protesta social desde la década anterior. “Veníamos de un régimen de medidas prontas de seguridad, y los detenidos en ese marco estaban mayoritariamente en unidades militares. Ya existía un involucramiento fuerte de las Fuerzas Armadas. A lo que se agrega la llamada lucha contra la guerrilla, en setiembre del ’71.”

“El gran tema ahí, resalta Broquetas, es la posibilidad, eliminada de hecho, de que los detenidos compadezcan ante la justicia ordinaria, y sean amparados por el habeas corpus. Esto, en el marco de las medidas prontas de seguridad y sobre todo desde abril de 1972, con el primer estado de guerra interna, y luego en julio, con la ley de seguridad del Estado. Y el papel garantista de la justicia se ha eliminado en Uruguay por decisión del Parlamento. Cuando todo eso empieza a teclear porque hay una cierta reacción del Parlamento en el marco de pedidos de desafuero que no se concreta, y más, se abre paso entre ellos el empezar a  decir ‘bueno, hay que revisar parte de lo que estamos haciendo porque se ha llegado muy lejos. Ante eso,  Bordaberry disuelve las cámaras. El parlamento estaba dando al menos señales que no había dado en el ’72. Convengamos en que estamos en un momento en donde lo institucional ya estaba muy cascoteado. Son manotazos de ahogado ante una autonomización para ese momento muy grande de poder de las Fuerzas Armadas, y cuentan con el presidente electo”.

“Como cuerpo, las Fuerzas Armadas trazan un plan de tres etapas: la primera, del 71 al 72, es la de desmantelar el aparato militar subversivo; desmantelar a los grupos armados. La segunda etapa va a ser combatir los ilícitos económicos. Y luego, unas FFAA ya depuradas desde el inicio del ’69 y en la que no quedan grades matices, y acorde a la Doctrina de Seguridad Nacional en la que creían, justifican ante los políticos el no volver a los cuarteles pese a la guerrilla anulada. Y así se llega a febrero del ’73”, señala Broquetas.

En el prólogo del 27 de junio, recuerda la historiadora, “está la crisis de octubre del 72, un claro desacato militar en relación a Bordaberry” cuyo detalle “es ilustrativo del momento histórico. Primero, la liberación ordenada por la justicia de 18 presos, que sufrieron torturas denunciadas por Zelmar Michelini en el Senado, y que no es acatada por el jefe de la Región Militar N° 1, Esteban Cristi. Esto desata una crisis que provocó la renuncia del titular de Defensa, Augusto Legnani, y del entonces comandante del Ejército, general Florencio Gravina, que era constitucionalista. Hay un planteo militar que exige que no se removieran mandos sin su conocimiento, y el planteo reclama el control sobre la policía. Luego, Jorge Batlle es detenido (por 24 días), lo que provoca la renuncia (pero no el pase a la oposición) de los tres ministros de la lista 15 en el gabinete de Bordaberry: Francisco Piti Forteza, Julio María Sanguinetti y Walter Pintos Risso. En esta situación, se libera a los cuatro médicos que integraban ese grupo de 18 personas retenidas por el general Cristi.

Y en febrero del ’73, “los mandos se insubordinan, y Bordaberry fracasa en su intento de aplacar la situación, porque está solo. Bordaberry no tiene respaldo; no tiene apoyo del sistema político”, en lógica con cómo entra a este proceso: sin significativo apego partidario ni gran confianza del sistema democrático y de los partidos. “Entonces, en lugar de irse, acuerda con el Ejército, con la Fuerza Aérea, con los mandos insubordinados, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y los mandos aceptan de buen gusto porque también les sirve que Bordaberry permanezca;  ambos tenían algo que ganar”.

“Después de la crisis de febrero, queda muy en evidencia que se ha creado un cogobierno. La historiadora Clara Aldrighi fue pionera en ubicar un documento que siempre cita y que a mí me gusta mucho. En él, después de la crisis de febrero el embajador estadounidense les dice a sus superiores en Washington: ‘en Uruguay se ha dado un golpe de Estado, un golpe a la uruguaya; se ha formado un cogobierno civil militar que finalmente podrá tomar las decisiones impopulares que había que tomar hace tiempo’. La crisis de febrero es un parteaguas para el sistema político. Queda cogobernando Bordaberry muy aislado (de los partidos y figuras políticas) y con los militares. En un pantallazo muy general de la coyuntura se puede afirmar que cuando se da el golpe ese elenco civil militar tiene beneficios mutuos. Incorpora civiles que vienen fundamentalmente del pachequismo (por el anterior presidente Jorge Pacheco Areco, cuya fracasada reelección en 1971 habilitó la presidencia de Juan María Bordaberry) y del echegoyenismo –o sea del sector herrerista liderado por Martín Echegoyen–, no de todo el herrerismo.”

“Esos son fundamentalmente los civiles que van a estar en el Estado, en el Consejo de Estado, en los ministerios, en el servicio exterior durante la dictadura. En cuanto a los militares, no se puede decir que hubo una militarización del Estado pero muchos cargos de distintas dependencias estatales pasan en efecto a estar ocupados por militares; los militares tampoco tenían mucha experiencia en la conducción del Estado, y entonces hay una cuestión de beneficio mutuo”.

Entre “el febrero amargo”, dijera el senador colorado Amílcar Vasconcellos y el junio del golpe  “pasan varias cosas pero probablemente lo definitorio es que el parlamento empieza a tener una actitud tímidamente opositora en relación a las posiciones que va tomando Bordaberry. Así, en determinado momento vence la suspensión de garantías individuales y el parlamento no tiene mayoría para volver a aprobarlo, lo que lleva a Bordaberry a reimplantar las medidas prontas de seguridad, y el parlamento pasa a discutir la necesidad de levantarlas”.

El decreto de disolución de las cámaras se firma el 27 de junio del 73, como reacción precisa en el tiempo “ante una nueva situación, en la que empieza a haber un cierto cuestionamiento por parte del Parlamento de ese estado de excepción montado desde 1968. Tras dar el golpe de Estado, las FFAA suman exigencias que no habían especificado en sus planteos iniciales.  “Las Fuerzas Armadas quieren tener mucha más participación en ámbitos económicos”, dice la historiadora Magdalena Broquetas. “Pensemos en los conclaves cívico militares, en el consejo económico y social. Quieren tener participación en todo el Estado. Quieren tener participación en proyectos educativos y en los grandes cambios que se van a dar a nivel de la educación. Quieren tener participación, y no ser simplemente un brazo represivo: quieren tener participación en lo que diagnostican como un momento de crisis brutal, multidimensional.”

Esas FFAA, que no son un bloque homogéneo y tiene facciones, son centradas por el golpe en lo que sí son homogéneas: en su anticomunismo, su antizquierdismo, su antisindicalismo, y en ideas que se irán decantando sobre la incidencia que quieren tener en el plano social y educativo. Para posibilitar ese papel directriz “se clausura el Parlamento. La represión que se desata ya no tiene ninguna oposición, ningún contralor político ni legal en relación a los opositores al régimen; es una represión selectivamente organizada, planificada, en etapas, por organizaciones, y que va a involucrar a las tres armas, a las que llaman ‘fuerzas conjuntas’, y a la policía. Y que no va a cesar en los 12 años de dictadura. Uruguay ha sido estudiado en términos comparativos porque llama mucho la atención la rigidez y la dureza de la represión hasta el final, hasta el ’84 incluso, cuando se estaban procesando las conversaciones de la transición. Entonces, sí hay un cambio antes y después del golpe. Pero antes del golpe la represión había alcanzado niveles superlativos.”

“No hay en cambio tanto consenso en relación a si esta ruptura institucional es un quiebre provisorio, cuánto duraría esa provisoriedad, qué hacer con los partidos políticos. Después del golpe queda suspendida la actividad política de los partidos Nacional y Colorado, y de la Unión Cívica, pero por decreto del 28 de noviembre de 1973, prácticamente todos los partidos de izquierda se ilegalizan;  después van a quedar proscriptos los políticos.”

Luego empiezan ellos a tratar lo que llaman institucionalizar el autodenominado proceso revolucionario, y surgen las divergencias en torno a si se restituyen a la actividad de todos o de algunos políticos y formaciones políticas; si se excluye solamente a los de izquierda y se habilita la

del Partido Nacional, del Partido Clorado, de la Unión Cívica, o si se hace la distinción entre los que son o no marxistas. “Ahí se marca una diferencia, que más de referirse a la radicalidad de los cambios, es en relación a la calidad del proyecto. Para algunos, la prioridad va a ser el proyecto económico, Hay allí un grupo más tecnocrático, más liberal, que vienen intentando una liberalización de la economía desde la primera mitad de los años ’60 y que se encuentra con los frenos propios de la vida política”.

Entre esos grupos está el sector de Jorge Batlle, a partir de 1965, cuando da el giro ideológico a la lista 15 con todo su entorno liberal y los economistas que lo acompañaron. “Ese grupo es el que propone a principios de marzo de 1972 y desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con 

 Alberto Bensión y Ricardo Zerbino a la cabeza, el llamado Plan Nacional de Desarrollo 1973 –  1977. “Ese documento, recalca Broquetas, es importante porque es síntesis de lo que era la política uruguaya estatista y de prevención a largo plazo, a la que juzgaban nefasta; pero también es un balance en relación a lo limitados que habían sido los intentos para imponer verdaderamente un proyecto liberal”.

Uruguay venia firmando acuerdos con los organismos internacionales de crédito desde 1960 y los venía incumpliendo las condiciones de pago, las condiciones de préstamo eran cada vez más duras. “Para que efectivamente se pudiera cumplir con los compromisos, había que tomar decisiones impopulares y seguir bajando el salario real, política que en coyunturas electorales siempre se aflojaba un poco. El  Plan Nacional de Desarrollo plantea que realmente hay que dar vuelta a la página con esta modalidad de política económica. Plantea además que el Estado no tiene que tener un rol interventor sino un rol orientador, y el liderazgo tiene que venir del sector privado y de sectores que podemos ubicar en la derecha política social”.

Esto incluye una definición muy clara en relación al papel del empresario como motor del economía, “y es un plan que no se pone en marcha en ese momento (en que se elabora y es entregado para su tratamiento y aprobación al Poder Legislativo); por condicionantes políticas no se puede poner en marcha, y después del golpe tampoco es inmediata su aplicación, porque viene la crisis global del petróleo. Esto es lo que en definitiva pone en marcha Alejandro Vegh Villegas a partir del ’74. Lo hace ajustes mediante, pero sin la oposición política y sindical. Dado el golpe, es más fácil imponer un plan en donde un movimiento social popular tan fuerte como era el movimiento sindical y como era la izquierda política en Uruguay estaba suspendida, ilegalizada o prohibida”.

Un enfoque no unidireccional del golpe permite incluir el propósito de imponer un proyecto económico, lo cual se da en el marco de la puja global por un cambio en el funcionamiento de la economía, que tiene que ver con un cambio con el sistema capitalista. “No está pasando sólo en Uruguay; es una coyuntura en la que se percibe por parte no sólo de las elites sino de varios sectores, sectores políticos sociales que podemos ubicar en la derecha política social, una percepción de amenaza en relación al orden establecido y esa percepción de amenaza tiene que ver no solo con lo material y con lo económico, sino también con el orden social, con el orden moral. Pues se viene de un periodo de cambios muy drásticos en las formas de entender la militancia, las relaciones entre los géneros y entre las generaciones, y de entender la familia y las relaciones sociales”.

“Es decir, esa percepción de amenaza en relación al orden establecido se da en un sentido amplio. Para algunos, lo más importante es imponer un gobierno liberal, para otros volver a recuperar los valores de la patria, entendiendo por ellos que son valores católicos hispánicos, y para otros va a ser simplemente acabar o poner un coto a la izquierda que se ha unificado por primera vez en una coalición como el Frente Amplio y también al sector de izquierda del Partido Nacional, que era el wilsonismo, y también acabar con la oposición sindical. Y a esto se suma la presencia de los intereses transnacionales.” El consenso “es entre quienes, en distinto grado, son tecnócratas, liberales, conservadores y católicos integristas, contra sectores que están les impidiendo el proyecto en común”. Esos objetivos cambian a partir de que las FFAA terminan su depuración en 1969 y se preparan para el cambio cualitiativo que implica el golpe de Estado; lo sucedido dentro de la corporación militar en ese intrerregno no es conocido por el autor;  aparentemente es de carácter ideológico y de preparación de cuadros para la asunción de tareas en el Estado, y no tanto de imbricarse con los sectores políticos aliados.

“No hay en cambio tanto consenso en relación a si esto es un quiebre provisorio, cuánto duraría esa provisoriedad, qué hacer con los partidos políticos. Después del golpe queda suspendida la actividad política de los partidos Nacional y Colorado y de la Unión Cívica, pero por decreto del 28 de noviembre de 1973, prácticamente todos los partidos de izquierda se ilegalizan;  después van a quedar proscriptos los políticos.”

Luego, empiezan ellos a tratar lo que llaman institucionalizar el autodenominado proceso revolucionario, y surgen las divergencias en torno a si se restituyen a la actividad de todos o de algunos políticos y formaciones políticas; si se excluye solamente a los de izquierda y se habilita la

del Partido Nacional, del Partido Clorado, de la Unión Cívica, o si se hace la distinción entre los que son o no marxistas. “Ahí se marca una diferencia, que refiere a la radicalidad del proyecto. Para algunos, la prioridad va a ser el proyecto económico. Hay allí un grupo más tecnocrático, más liberal, que vienen intentando una liberalización de la economía desde la primera mitad de los años ’60 y que se encuentra con los frenos propios de la vida política”.

“Como cuerpo, las Fuerzas Armadas trazan (se supone la instancia en 1969) un plan de tres etapas: la primera, del 71 al 72, es la de desmantelar el aparato militar subversivo; desmantelar a los grupos armados. La segunda etapa va a ser combatir los ilícitos económicos. Se van a justificar argumentando: bueno, sí, la guerrilla está desmantelada pero en el país hay caos, hay corrupción. Y luego, unas FFAA ya depuradas desde el inicio del ’69 y en la que no quedan grandes matices, y acorde a la Doctrina de Seguridad Nacional en la que creían, sostienen ‘nosotros nos tenemos que quedar pues somos un factor importante para la vida del país; nosotros tenemos que dar seguridad para el desarrollo nacional. El objetivo de que Uruguay salga adelante no se va a producir si las Fuerzas Armadas no se involucran’. Y así se llega a febrero del ’73”, desgrana Broquetas.

Antes, recuerda la historiadora, “está la crisis de octubre del 72, un claro desacato militar en relación a Bordaberry” cuyo detalle es ilustrativo del momento histórico. Primero, la liberación ordenada por la justicia de 18 presos, que sufrieron torturas denunciadas por Zelmar Michelini en el Senado, y que no es acatada por el jefe de la Región Militar N° 1, Esteban Cristi. Esto desata una crisis que provocó la renuncia del titular de Defensa, Augusto Legnani, y del entonces comandante del Ejército, general Florencio Gravina, que era constitucionalista. Hay un planteo militar que exigía que no se removieran mandos sin su conocimiento y reclamaba el control sobre la policía. Luego, Jorge Batlle es detenido (por 24 días), lo que provoca la renuncia (pero no el pase a la oposición) de los tres ministros de la lista 15 en el gabinete de Bordaberry: Francisco Piti Forteza, Julio María Sanguinetti y Walter Pintos Risso.

“En ese contexto, además, vuelve a aparecer el tema brutal de las torturas–porque es un tema que está desde 1970 y de antes,  pero entre 1970 y 1972 es tremendo”, en su intensidad y número de casos. “y aparece ya no solo vinculado a militantes de la izquierda a nivel de denuncia parlamentaria sino también otros sectores, como ejemplifica el caso de los funcionarios de la Intendencia de Paysandú que son torturados”.

El decreto de disolución de las cámaras se firma el 27 de junio del 73 y no antes o después, ante una nueva situación, en la que empieza a haber un cierto cuestionamiento por parte del Parlamento de ese estado de excepción que está montado desde 1968, que le permitió a Pacheco y luego a Bordaberry gobernar fundamentalmente pasando por alto el Poder Judicial.

“Es decir, esa percepción de amenaza en relación al orden establecido se da en un sentido amplio. Para algunos, lo más importante es imponer un gobierno liberal, para otros volver a recuperar los valores de la patria, que además creen que son católicos hispánicos, y para otros va a ser simplemente acabar o poner un coto a la izquierda que se ha unificado por primera vez en una coalición como el Frente Amplio y también al sector de izquierda del partido Nacional que era el wilsonismo. Y a esto se suma la presencia de los intereses trasnacionales.”

 

 

(Síganos en TwitterFacebook)
INGRESE AQUÍ POR MÁS CONTENIDOS EN PORTADA

Las notas aquí firmadas reflejan exclusivamente la opinión de los autores.

Más del Autor: