La defensa de los DDHH es tenaz, o no es

El hombre es casi que optimista. Y en esto de la defensa consecuente de verdad y justicia en los delitos de lesa humanidad, Pablo Chargoñia encuentra una señal de progreso en “la propia reacción de la ultraderecha y las iniciativas legislativas del partido militar”. Es “un tímido avance, pero avance al fin”. Es obvio, parece argumentar: “la prisión domiciliaria para mayores de 65 años, que es la última de las iniciativas, no la primera, no es otra cosa que una reacción a un cambio favorable: hubo pronunciamientos, se verificaron pronunciamientos en algunas causas que ampliaron el elenco de los indagados más allá de esos 6, 7, 8 Gavazzo y compañía”. Esa fue la segunda etapa, tras el silencio que siguió a la derrota del voto verde en 1989.

Es cierto, hay un nuevo cambio: se amplió el espectro de indagados por crímenes del terrorismo de Estado “y hay alguna decisión de los tribunales, por parte de algunos juzgados y por parte de los tribunales, sobre que los crímenes de la dictadura son efectivamente imprescriptibles”. También es cierto que “esta no es la opinión unánime de todos los tribunales uruguayos, pero si de una parte. Y esa parte es la que preocupa al Centro Militar, que ejerce la defensa de los represores en el ámbito forense, entre otros ámbitos, y preocupa a Cabildo Abierto, que ejerce la defensa en el ámbito parlamentario.”

Así que estamos entrando en una tercera etapa, que es un nuevo avance, razona el abogado del Observatorio Luz Ibarburu, que lleva un buen número de causas contra el terrorismo de Estado; 60 de 150 que estima la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad que están planteados; son los casos que pasaron por la justicia militar. La organización de ex presos y presas políticas, Crysol, maneja un número mayor de causas, incluyendo daños a personas que no fueron juzgadas pero sí interrogadas y torturadas. Y también se maneja el número redondo de 7.000 casos de tortura.

Primero fue la derrota del voto verde, “que dejó a las causas vinculadas a la violación de los Derechos Humanos sin ningún avance desde que se sancionó la Ley de Caducidad hasta que ésta se derogó tácitamente en 2011, en el marco de la Sentencia Gelman y el pronunciamiento a partir de ella de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH”.

Él dice así de esos 22 años, pero en el filo del siglo fue Chargoñia el que dio el paso al frente. Comenzó en el tema de defensa de los derechos humanos lesionados por el terrorismo de Estado en el 2001, con 40 años de edad. “Y en 2002 fue cuando metimos preso a Juan Carlos Blanco Estradé; y yo lo digo en primera persona y en plural porque es así. El juez Eduardo Cavalli lo procesó, y no era militar ni policía; era abogado y senador. Fue senador del Partido Colorado casi cerca de la dictadura (1990-95), cuando decidió que no apareciera la maestra Elena Quinteros”.

Chargoñia era docente y abogado del  Sindicato de Funcionarios de la UTU. “Y de hecho entré a estos temas porque no había otros abogados. Por  lo que me decía la gente que me fue a buscar,  no encontraban a nadie. Los abogados de renombre que estaban en el tema de derechos humanos, estaban por verdad pero no por la justicia, porque después de la derrota del ’89 todos habían acampado hasta que aclarara, y algunos estaban  con  cuestiones de esas que son medio quiméricas, utópicas: defensa del movimiento estudiantil; ese tipo de situaciones”.

La siguiente etapa tendría el mojón de la sentencia Gelman y el pronunciamiento de la CIDH, en febrero 2011, pero hasta entonces se va dando un proceso, describe Chargoñia, donde el cambio se induce por “muchos cambios generacionales de jueces”, y fundamentalmente “por esos sectores del movimiento popular que impulsaron las causas generadas por la dictadura, incluso mucho antes de que se derogara la ley de Caducidad. No hay que perder nunca de vista, sobre todo en un país como el nuestro, que tanto las causas de análisis penal como marcar las responsabilidades de la dictadura son cuestiones impulsadas por la sociedad civil, por las organizaciones populares, por las víctimas, por las organizaciones de derechos humanos.” Ese factor “fue constante de parte del movimiento de derechos humanos; no de todo el movimiento, pero de parte de él, que insistentemente consideró que en Uruguay, a pesar del resultado del referéndum del ’89, había que analizar las responsabilidades penales. Ese es un factor que nunca hay que perder de vista”.

Así se llega a la propia sentencia de la Corte Interamericana, “que es la primera condena que recibe Uruguay, en febrero 2011, por violar el Pacto de San José de Costa Rica. Es  una sentencia muy fuerte, muy poderosa, que sigue la jurisprudencia de la Corte Interamericana y claramente sostiene  que la Ley de Caducidad carece de efecto jurídico, que carece de validez, y que el país tiene la obligación de perseguir los crímenes de lesa humanidad. En febrero de 2013 vuelve la Corte Interamericana a insistir sobre lo mismo, cuestionando en este caso más específicamente al Poder Judicial. Le dice al Poder Judicial uruguayo: ustedes forman parte del Estado y todo el Estado tiene responsabilidad de perseguir la violación de derechos humanos. Es muy intenso en ese sentido”.

Si no se tiene en cuenta esa intensidad, “no se entiende por qué parte de la reacción viene por ese lado; está claro que parte de ella vienen por el lado discursivo, de resemantización de la represión. Eso es lo más esperable, y quiere lograr o la liberación de los que llaman ahora presos políticos, o la moderación y el beneficio de lo que es la sanción. Pero el beneficio  complicaría la prisión domiciliaria, y por lo tanto uno de los datos a considerar es que hubo algunas reacciones interesantes en el poder judicial”.

Y ese nuevo y tercer cambio ocurrió con la transformación en octubre de 2017 de una fiscalía letrada en una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, con el fiscal Ricardo Perciballe a cargo. Luego, se suma algo muy importante “en 2020 y 2021, cuando emíezan a actuar dos juezas que son congruentes con la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad; ellas son las que concentran la mayor cantidad de expedientes de la dictadura. La mayoría de estos casos están regulados por el viejo Código de Proceso Penal; los más ágiles van archivándose o  se terminan, y los  que están rodeados de trancas, de chicanas, de enlentecimiento, van quedando todavía en etapa pre sumarial. El hecho es que estas causas son a las que estos dos juzgados están abocados”. Las dos juezas son Isaura Tórtora y Silvia Urioste y están en los juzgados penales 27 y 23,  concentrando la enorme mayoría de casos de crímenes de la dictadura. A ellos se agregan expedientes que están en juzgados del interior del país. Estos dos juzgados, 27 y 23, “terminan transformando, de hecho, en juzgados especializados; es de hecho no de derecho que hoy son juzgados especializados en crímenes de la dictadura.

“Ellas son las que desarrollan lo que se llama el pre sumario; es decir, la acumulación de información primaria y más relevante respecto de la identificación de los represores y respecto del testimonio fundamental de los sobrevivientes de la tortura; esa tragedia coral, dice un tribunal por ahí, de hombres y mujeres que ante estas juezas de la etapa pre sumarial dicen todo lo que vivieron y son centenares de testimonios de esa población víctimas de tortura. Que son miles, en realidad; por lo menos se habla de 7 mil y de 10 mil. Estamos hablando de una cifra  que para la población del Uruguay es impactante. Éste es un país que tortura, que de hecho encierra hasta el día de hoy. Por eso se cuestiona a Uruguay desde el Comité contra la tortura  de ONU en el 2021 y 2021.”

El informe de este año del Comité contra la Tortura, de ONU, “lamenta que, pese a sus recomendaciones anteriores, Uruguay no haya tipificado aún el delito de tortura de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención (que Uruguay firmó). La definición de tortura de la ley 18.026 no cumple con los requisitos del artículo 1 de la Convención al no mencionar el fin específico de la conducta o cualquier razón basada en la discriminación como elemento constitutivo de actos de tortura, ni los actos de tortura realizados para intimidar, coaccionar, obtener información o una confesión de otra persona distinta de la torturada. Y eso, agrega hace que “las discrepancias graves entre la definición que figura en la Convención y la reflejada en la legislación nacional abren resquicios reales o potenciales para la impunidad”.

En la metodología del terrorismo de Estado, Uruguay “se caracterizó, como se sabe, por la prisión prolongada y la tortura. Esto habla de una metodología del terrorismo de Estado en particular”.

Hoy hay 39 individuos sometidos a la justicia por crímenes de lesa humanidad, y otros 20 se murieron en el proceso de la justicia. La mitad de ellos está con prisión domiciliaria y el resto en la cárcel de Domingo Arena y Coraceros. “Por otro lado hay pedidos fiscales pendientes de resolución de otros 45 individuos que no han sido sometidos nunca a la justicia que no son ni procesados ni condenados”.

Es cierto, reconoce Chargoñia, “la tenacidad ha tenido efecto, pero ese efecto es tardío. Desde el optimismo recogería aquella frase sobre que la peor batalla es la que se abandona. Es que en éste y en otros países, la defensa de los derechos humanos o es tenaz o no es”. Y eso requiere de convicción. “A veces, cuando uno flaquea, se preguntá sobre cuál es el sentido que tiene estudiar  Derecho o estudiar las cuestiones sociales si no es para descubrir lo terrible que puede ser que un Estado, que es el pacto de convivencia ciudadana por el bien público, se transforme en una organización criminal. ¿Vale la pena alertar sobre eso? Ah, sí, yo creo que vale la pena; tiene que ver con el descubrimiento de cómo funciona el poder y los riesgos que el poder conlleva. Luego, el trato con las víctimas es muy, muy pesado. Obviamente no podés ser insensible a esas cosas que se ven, que se escuchan de hombres y de mujeres. He visto a hombres y mujeres llorar frente a los jueces; es muy, muy pesado.”

Sobrellevar esa carga “tiene que ver con la cuestión de la solidaridad esencial; hasta con la idea cristiana –y yo soy ateo– de ponerse en el lugar del otro”. Y “en el fondo, está el rechazo del derecho utilizado como forma burguesa de mantener el dominio capitalista. Esto tiene que ver con cuestiones ideológicas y no solamente de sentimientos o sensibilidad humana. Yo estoy convencido que la  disolución del Parlamento y la tortura como maquinaria –decía Zelmar Michelini– eran formas de gobierno, pero formas de gobierno destinadas a la concentración de la riqueza y a mantener un sistema que me repugna”.

 

  

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