Trascendente fallo abre camino a verdad y justicia

En un fallo trascendente, la Suprema Corte de Justicia desestimó los recursos de inconstitucionalidad en los casos de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw y un alto número de crímenes de lesa humnanidad contra otras personas de los que son acusados los cinco imputados, de los cuales uno ya falleció: Gilberto Vázquez.

La Suprema corte avaló por unanimidad la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad (18.831) y por mayoría la de los artículos 2 y 3 que conforman el cuerpo sustantivo de la ley. Esto habilita formalización del proceso contra los militares en situación de reforma José Arab, Ernesto Ramas y Jorge Pajarito Silveira, y el expolicía Ricardo Medina.

Los delitos abarcan 2 desapariciones, 5 secuestros, la privación de libertad de 3 madres y sus 8 hijos, y 30 casos de privación de libertad y tortura. A esto se le suma rapiña.

Falta conocer la opinión de la jueza Doris Morales sobre la cuestión de fondo: esto es: si se deben considerar imprescriptibles los crimenes de la dictadura. Igualmente estas sentencias, especialmente la del caso Michelini- Gutiérrez Ruiz, constituyen un hecho muy trascendente por la influencia que puede tener en otros casos.

El fallo de la SCJ, que declara la constitucionalidad de la Ley 18.831, establece: “La SCJ desestima la defensa esgrimida por Silveira, Ramas, Medina y Arab. La fiscalía especializada pidió la formalización de la investigación de los crímenes cometidos por agentes uruguayos en Argentina entre 1974 y 1976, entre los que se encuentran los homicidios de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, los homicidios de Rosario Barredo y William Whitelaw, las desapariciones de Washington Barrios (1974) y Manuel Liberoff (1976), los homicidios de Daniel Banfi, Guilermo Jabif, Luis Enrique Latrónica, Telba Juárez, Eduardo Chizzola, Hugo Gomensoro Josman, José Hugo Mendez Donadio, Francisco Candia; el secuestro de los niños Gabriela Schroeder, Victoria Barredo, Máximo Barredo, Macarena Gelman, Mariana Zaffaroni; la privación de libertad de María Elena Laguna y sus hijos Sandro, Tania y Leonardo Soba, de Beatriz Ines Castelonese y sus hijos Beatriz y Alberto Mechoso, de Alba Coitinho Mello y sus hijas Patricia Noel, María Fernanda y Victoria Martinez Coitinho, de María del Carmen Martinez Adieggo, de María del Rosario Villarino, de Washigton Perez Rossini y de Washington Perez Carrozo. También la privación de libertad y tortura de Alberto Andres Correa, Rivera Moreno y Nicasio Moreno, Emilia Carlevaro, Marina Lombardi, María Parola y Andres Cultelli Chiribao, Hugo Cores Perez, Mario, Eden y Antonio Echenique San Pedro, Mario Di Negri, Adriana Ferraro y Alejandro Nogueira, Ricardo Martinez Platero, Beatriz Barboza y Francisco Javier Peralta. Carlos A. Rodriguez Coronel, Sara De León, Adriana Ferraro, Ricardo Gil Iribarne, Elida Rita Vazquez de Armas, Luis A. Ferreira Da Silva, Elisa Michelini Delle Piane, Jorge Vazquez, Ivonne Trias Asimismo se imputan rapiñas en perjuicio de varias de estas víctimas. Se efectúan trascendentes consideraciones respecto de la noción de crímenes de lesa humanidad y de los correlativos deberes de los estados en cuanto a investigarlos y castigarlos.”

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