La reforma aún sin forma

El presidente Luis Lacalle enfrenta hoy su compromiso electoral de reformar el régimen de jubilaciones y pensiones en condiciones que van empeorando a cada paso. Tenía la injustificada pretensión de lograr un consenso nacional cuando incluyó en la LUC la idea de formar una Comisión de Expertos en Seguridad Social, CESS. Fue mala idea perder tres meses desde aprobada la LUC, en julio 2020 en activar la CESS: hoy precisa de ese tiempo. La CESS se tomó mucho más de los 90 días fijados para llegar a un resultado que, como era previsible, no logró el consenso en el espectro político y social que se proponía: no fue tomada en cuenta la oposición radical que le hizo el hoy gobierno a “la reforma posible” que hizo en soledad el FA en 2018. En la CESS se terminó aprobando lo que se suponía que quería el oficialismo 10 a 5. Y si la representación opositora se hubiese fijado de acuerdo a los votos obtenidos en la elección de 2019 y no por resolución administrativa, la falta de consenso hubiese sido más marcada.

Para peor, el informe de la CESS que se aprobó 10 a 5 en verdad no respondía a las expectativas de Lacalle, que por eso se preocupó en aclarar que no tenía carácter condicionante para el proyecto de Ley que el Ejecutivo mandaría al Legislativo. Eso fue en noviembre de 2021. Pasaron cntre cuatro o cinco meses sin que se definiera y enviara un proyecto de ley al Legislativo; otra pérdida de tiempo que ahora está pagando.

Así, vino la votación del referendum cuestionando la vigencia de 135 artículos de la LUC. La oposición perdió el referendum, pero el hecho político preponderante resultó no ser ese sino el muy estrecho margen en que quedó dividida la opinión pública del país,definiendo así una nueva realidad política a mitad del mandato de este gobierno.

La noche del resultado, el 27 de marzo, Lacalle dio una conferencia de prensa sobre el resultado del referendum, anunciando que el Ejecutivo enviaría un proyecto de ley y se discutiría en el parlamento, que era el ámbito para ello. Es evidente que no percibió el drástico cambio en el tablero, por el cual no podía ya gobernar al margen de la coalición y no tenía más programa de gobierno que esta reforma y la reforma educativa.

En cambio, sí percibieron la nueva realidad sus socios de la coalición: de este nuevo tiempo político queda, si acaso, un año y medio para gobernar en el que no se puede evitar que despunten intenciones de candidatearse, particularmente cuando los dos partidos tradicionales, Nacional y Colorado, no tienen siquiera un esbozo de candidato; el tiempo restante de esta nueva situación política será tiempo electoral, como siempre.

Lacalle recién reconocería la nueva situación el 2 de mayo, y a partir de allí surge su convocatoria a una reunión de todas las figuras de la coalición el 12 de mayo en la residencia de Suárez. La situación fue visiblemente mucho peor para Lacalle que antes del 27 de marzo: pasó de no poder contar más que con los votos de su coalición para una reforma de jubilaciones y pensiones, a dudar seriamente de poder contar al menos con ella. A partir de entonces se manifestó disparidad de criterios dentro de la coalición de gobierno, con expresiones como la del senador Jorge Gandini: “si se piensa en las próximas elecciones, no va a haber reforma”.

La reunión de Suárez consistió básicamente de una exposición técnica de Rodolfo Saldain; esto sugiere que la perspectiva política del presidente había vuelto al informe de la CESS, del cual inicialmente se había distanciado. Apenas hubo en ella expresiones políticas: solamente Lacalle Pou mencionó que lo “ideal” sería que el proyecto se aprobara con el consenso “de todos los partidos”, incluyendo al Frente Amplio (FA). Pero en la primera etapa, lógicamente, se debe buscar el consenso dentro de la coalición, señaló. Quiso convencer: “Este es un compromiso del gobierno. Por lo tanto, un compromiso de la coalición. Y es, también, un compromiso personal de este presidente (…) hay que afrontar el tema”, manifestó el mandatario.

Pero ya había ingresado en la situación de la frazada corta, sin tiempo político para modificar la realidad. Si se apoya en la CESS, tiene ante sí conceptos que la oposición rechaza por negativos, tibios o poco precisos, como que la Caja Militar tiene un nivel de gasto y asistencia financiera elevado si se tiene en cuenta el tamaño del colectivo cubierto. Pero ni Guido Manini y sus 14 votos en el Legislativo ni al menos los oficiales superiores (o coroneles) y los generales, en actividad o retiro, aceptarían eso. Seguramente tampoco los jefes, o tenientes coroneles y mayores; todos ellos, dijera Perón, tienen un órgano muy sensible, que es el bolsillo.

También hay razones políticas para la negativa a tocar la Caja Militar, como se verá. En primer término, todos los esfuerzos que viene haciendo el herrerismo para atraer votos militares y sacárselos a Cabildo Abierto, habrán sido en vano. También lo sería la voluntad concurrente con Lacalle de Pedro Bordaberry, cuya reintegración al Partido Colorado va avanzando. Luego, habrá que medir los efectos sobre el funcionamiento de la coalición a partir de un proyecto de ley del Ejecutivo que contenga conceptos por el estilo; funcionamiento que probablemente incida en el futuro político de este gobierno.

Una semana después de la reunión en Suarez, el 19 de mayo, Lacalle hizo públicas paslabras dichas en la reunión de Suarez:  “No se trata de pagar un costo político, se trata de que si asumiste un compromiso, cumplirlo”. Y luego hizo un tiro al aire para amagar con que estaba dispuesto a negociar, y se refirió a todo el arco político: “No quiero ser ni ortodoxo ni cerrado” con la eventual propuesta, pero “si todo el sistema político se puede poner de acuerdo tampoco te vas a aferrar a tu librito”. Y dejó una puerta abierta al hoy tan improbable consenso de todo el sistema político.“Eso sí -agregó-, tenemos que hacer un sistema que sea sostenible, porque si sólo le ponemos algunas cosas y no otras, lo que estamos haciendo es agravar el sistema”.

Su palabra empeñada, que quiere cumplir, está en el documento ‘Compromiso por el país’, que al respecto sólo precisa: “Iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político, con el fin de lograr un sistema previsional moderno, financieramente sostenible y menos dependiente de los tiempos políticos, que vele especialmente por los pasivos con mayores niveles de vulnerabilidad”. Como compromiso, da tanto para un barrido como para un fregado. No, el problema no es de compromisos sino de política, de saber hacerla y de tener el tiempo para hacerla: sin darse cuenta, lo perdió con la LUC (la CESS funcionaba por zoom durante la pandemia), cuando podría haber logrado la aprobación de muchos de esos temas con su mayoría. Y lo sigue perdiendo en una sucesión de viajes e inauguraciones, lo que abona el factor sorpresa de querer buscar la reelección.

Querer los votos de la oposición para cualquier reforma implica creer que hay algún punto intermedio de consenso en todo el tema de reforma de jubilaciones y pensiones que la CESS no encontró, que es posible lograr un acuerdo que incluya al Frente Amplio sin tocar la Caja Militar, o que Lacalle renuncie a creer en todo lo que proclama.

En entrevista con el ex ministro de Trabajo y ex presidente del BPS Ernesto Murro, éste contó a título personal algo de su experiencia respecto de la Caja Militar tanto en la reforma de 2018 como en la CESS. “En los 15 años de gobierno del Frente Amplio hubo que hacer todo un proceso para, en primer lugar, acceder a información. A mí me toca, como ministro de Trabajo y junto a los ministerios de Defensa y Economía, llevar adelante la directiva de Tabaré Vázquez en su segundo gobierno de llevar adelante la reforma de Caja Militar. Lo primero que tuvimos que enfrentar fue la carencia de información; el desconocimiento que había sobre la Caja Militar y su realidad. Por ejemplo, nos encontramos con resoluciones y más que, cuando empezamos a preguntar sobre ellas, llegaron a dar de baja la página web de la Caja Militar. Preguntábamos qué fundamentaba que se pagara esto y esto otro, y así dieron de baja cosas que detectábamos que pasaban.”

“Ahora, durante el trabajo de la CESS, se logró más información a fines 2021. El proceso es que en 2018 hicimos la reforma que pudimos hacer, no la necesaria. Esto, porque hubo discusiones dentro del FA, y casualmente uno de los que rebajó, que redujo las reformas que queríamos hacer, fue el señor Darío Pérez, que casualmente acaba de irse al Partido Nacional; él condicionó su voto a  reducciones de lo que habíamos elaborado en el consejo de Ministros, y particularmente los ministerio de Defensa, Economía y Trabajo: hicimos un trabajo que tuvimos que reducir en su alcance porque si no, no lográbamos el voto 50, pues se hizo solo con los votos del FA. Y los hoy presidente y ministro de Defensa, Luis Lacalle y Javier García, siendo senadores, fueron fuertes críticos de la reforma que hicimos. Ellos planteaban hacer menos de lo que pudimos hacer.”

“En cuanto a lo que se logró saber de la Caja Militar, agregó Murro –cuántos son, de qué grados, cuánto cobran y esa información básica–, se logró saber mucho durante los gobiernos del FA, y se avanzó un trecho más ahora. Pero, sin duda, después están las decisiones políticas. El actual ministro de Defensa hacía entonces reuniones con altos mandos militares sobre nuestro proyecto, y era para rebajarlo, no para mejorarlo” Esas reuniones no eran lícitas. Como obligaciones inherentes al estado militar, la ley 19775, artículo 86 establece en su inciso J “La abstención de toda actividad política, excepto el sufragio, conforme a la Constitución de la República. Ya la Ley orgánica militar de la dictadura, que podía considerarse la vigente al momento de esas reuniones, mantenía el principio del profesionalismo de vedarlas. Ya el decreto-ley N° 14.157, de 21 de febrero de 1974, establecía, como deber fundamental del militar, la obligatoriedad de “Abstenerse de actividades políticas estando en funciones de carácter militar o en uso de uniforme”. “Estas son las realidades que tenemos en el Uruguay, señaló Murro. Tabaré Vázquez sancionó con 30 días de arresto a Manini porque me dijo mentiroso, siendo yo ministro, sobre Caja Militar. Ese fue el nivel de discusión que tuvimos.”

Así las cosas, no se vislumbran hoy puntos de acuerdo. El ex presidente del BPS dice que una jubilación promedio precisa un 13% de asistencia de Rentas generales, mientras que el informe mayoritario de la CESS dice 15%. Dice Murro que la Caja Militar recibe asistencia financiera del Estado por aproximadamente 450 millones por año. Esto, aparentemente, porque la Caja Militar no le dio parte de la información a la CESS sobre otros 121,1 millones (ver Secretos de la Caja Militar, https://www.laondadigital.uy/archivos/64024). Informa Murro que la asistencia de Rentas Generales a la Caja Militar se da desde 1991, y que antes de la reforma de 2018, recibían mucho más. Son 32 años de asistencia, y no hay cifra precisa de lo que Rentas Generales le aportó. “Esto es parte de las discusiones que tenemos que tener, porque hoy los militares se pueden jubilar, promedialmente, con 47 años de edad, y promedialmente con el 130% del salario. Esto, después de la reforma que hicimos en 2018. Antes era peor.” Si participara en una reforma, Murro pondría el foco “en la alta oficialidad, que es la que tiene los mayores beneficios, y seguir mejorando al personal de tropa, que es lo que hicimos estando en el gobierno”.

La posición del herrerismo en la oposición, contra la reforma de la Caja Militar, y la actuación del herrerismo a lo largo de la historia a favor de la Caja Militar en 1960, 1992 y 2018, es de donde debería apearse Lacalle Pou para lograr una reforma. Pero lo que está avalando este gobierno es que se sancione al contralmirante Otto Gossweiller por 15 días por denunciar que subordinados alegaban horas docentes que no cumplían –la causa formal del arresto no fue esa, sino”divulgar información de una investigación en curso”–, horas que cobraban y que acrecentaban su retiro por la Caja Militar. 

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