Las Piedras | Construir la memoria

Bajo un mar de fotografías de los detenidos desaparecidos que enmarcó el espacio donde se desarrolló el evento, y en particular de los detenidos desaparecidos de la ciudad de Las Piedras: Fernando Díaz, Juan Pablo Errandonea y Antonio Omar Paita, el miércoles 25 de mayo se realizó el llamado “Conversatorio sobre la memoria” en el Centro Cultural Carlitos de dicha ciudad ante numeroso público y autoridades actuales y anteriores de la administración canaria.

En este conversatorio participaron Eduardo Aparicio, de la Fundación Vivián Trías como moderador, Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y la renovada presencia, luego de algunos temas de salud que la alejaron de la actividad pública en los últimos dos años, de la ex fiscal y ex presidenta de la Institución de Derechos Humanos, Mirtha Guianze.

Desde la introducción, el moderador señaló la importancia de la presencia de la ex fiscal, que ha sido permanentemente cuestionada por su labor en pro de los derechos humanos, así como destacó la impresionante marcha del 20 de  mayo pasado, que fue la más numerosa de los últimos tiempos.

Trabajar la memoria
Mirtha Guianze señaló, al principio de su conversación, en el que reveló muchos detalles del conjunto de investigaciones que ella tuvo a cargo, y de los impedimentos para llegar a la información sobre los detenidos desaparecidos, que es muy importante trabajar la memoria en la zona de Las Piedras. En ese sentido se destacó, entre las fotos que engalanó el centro cultural, tres fotos de pedrenses desaparecidos. Es muy importante continuar con el rescate de la memoria sobre todo porque estamos viviendo un momento difícil, a pesar de la marcha sensacional del 20 de mayo, donde la juventud y el movimiento social se ha apropiado del tema, con iniciativas propias, más allá de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Reclamó la creación de otra Fiscalía en Derechos Humanos, además de la que ya hay, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe, y anotó que sin embargo este gobierno ha planteado la creación de una Fiscalía anti lavado cuando no hay reportes de dicha actividad.

Lo central de la alocución de la ex fiscal fue la continuidad histórica del tema de los Derechos Humanos, arrancando desde el año 1999 con la formalización del ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, pero señalando que no hay voluntad política del actual gobierno, así como no la hubo en gobiernos anteriores, de aportar información calificada sobre el tema, y que fue gracias a ciertos periodistas que pudieron dar algunas pistas ciertas. La información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos debe provenir del Estado, de todos sus poderes, y debe de haber una forma seria de investigar.

Sobre la Comisión para la Paz, creada durante el gobierno de Jorge Batlle, dijo que realmente “fue una tomadura de pelo”, “una mentira institucional”, puesto que lo que se informó fue prácticamente lo mismo que Madres y Familiares había presentado por su propia cuenta. Después se ha dado información falsa y esto no debería ocurrir, se debería sancionar. Es cierto que se debe buscar cómo se llega a esa información, porque actualmente depende más de la buena voluntad. “Alguien tiene que dar información”, dijo.

A pesar de contar con el Archivo Berrutti, que es una parte del archivo microfilmado por las fuerzas de seguridad, ha habido ciertos contratiempos y cosas raras, como el material hurtado que estaba en poder del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay, del que no se han encontrado aún los culpables. Allí había información sensible e incluso los nombres de quienes estaban abocados a esa investigación.

Por otra parte, señaló que “ha disminuido el nivel de los legisladores”, comparado con otras épocas, y que nadie de la coalición de gobierno ha salido a contestar el nivel de barbaridades que han dicho algunos actores en cámara, como el senador Gustavo Penadés, del Partido Nacional, o Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, quien fue abogado sumariante, incluso sin tener título habilitante, en el año 1976, y que, por cierto, hizo varios sumarios de detenidos. Y ni hablar de Manini Ríos, que dice que no hay porqué cumplir con lo que mandatan los organismos internacionales de Derechos Humanos, en una especie de defensa a ultranza del nacionalismo.

Si bien es cierto que hay un movimiento mundial de la derecha, que quiere apropiarse de la verdad histórica, hay que seguir difundiendo lo que pasó. Incluso en nuestro país se repiten hechos como los que desembocaron en la dictadura, como todo lo que está ocurriendo con los docentes, con Fenapes, y que busca allanar el camino para enseñar la historia de una forma distorsionada. Esta manera de ver los sucesos históricos es peor, dijo por último la ex jueza Mirtha Guianze, que la teoría de los dos demonios, por cuanto dice que ante el “demonio” guerrillero surgió la respuesta militar.


“La justicia la vamos a buscar siempre”
Ignacio Errandonea, por su parte, comenzó agradeciendo por la marcha del 20 de mayo, señalando que la sociedad civil se había apoderado del tema y que, por primera vez, no habían tenido que organizar la misma. Esta marcha se realizó en sesenta y cuatro localidades de todo Uruguay.

En una noción introductoria, nos recordó que todos, desde que tenemos algún conocimiento, somos educados en base a la memoria, Y por ello es tan importante, forma parte de la vida misma, y sin ella no sabríamos qué hacer.

Buceando en la memoria, Errandonea se retrotrajo hasta explicar, para los que no vivieron aquellas épocas, cómo las Medidas Prontas de Seguridad, votadas en el año 1968, hicieron que todos los conflictos sindicales —que explotaron ese año ante una situación de crisis económica permanente y carestía— fueran militarizados y sus dirigentes presos sin tener que pasar por juez para, de esa manera, desactivar el conflicto, la huelga, creando un Estado persecutor y la consecuente reacción social, de movilización, que derivó en la represión. Del mismo modo parece que ahora quieren crear un clima de persecución contra el gremio de los docentes, Fenapes, y contra los estudiantes organizados, amparados en nuevas normativas de carácter represivo.

Pero no sólo por esto es peligrosa la situación actual. La actuación penosa del ministro de Defensa, el nacionalista Javier García, sobre el tema de la cárcel del pueblo, queriendo equiparar los secuestros de quienes realizaban delitos económicos que realizaron los tupamaros en ese lugar, con la apropiación posterior de las Fuerzas Armadas y su utilización como centro clandestino de detención, con métodos de tortura física y psicológica, no hacen más que ver que el Terrorismo de Estado, cometido por el que es el brazo armado del Estado, es diferente a lo que pueda ser la violencia social. Y llama la atención que dé a conocer esta cárcel del pueblo con esa justificación (“es parte de una memoria y de una historia trágica y dolorosa del país que debe conocerse sin recortes”), sin mencionar para nada que en ese lugar luego las fuerzas conjuntas torturaron a militantes políticos y sociales.

Es por ello que hay que construir memoria, y rescatar el recuerdo de las luchas sociales que hubo, en otra época, en Las Piedras, como en torno al frigorífico Corfrisa, y para ello llamó a seguir construyendo mojones de resistencia, “para no permitir que pasen los mismos hechos”.

Sobre la información que se ha obtenido, principalmente del Archivo Berrutti, dijo que los rollos están numerados del 1 al 3074, pero que lo que se recuperó del archivo Berrutti tiene apenas mil cuatrocientos, y que de estos cada uno tiene aproximadamente entre 2800 y 3200 documentos. Entre estos hay más de 236 mil fichas y más de 30 mil ficheros actualizados. Hay que tener en cuenta que uno de los rollos está fechado en 2004, por lo que los servicios de inteligencia, desde el SID hasta nuestros días, con diversas denominaciones, sigue funcionando.

No hay manera de desconocer que todos los ejércitos mantienen un cúmulo de información relativa a su accionar, por lo que esa información está, concluye Ignacio Errandonea, a pesar de que los pedidos de acceso a la información no han tenido respuesta y mucho más cuando aparecen algunos documentos que no tienen mayor importancia ni sustancia en revelar el “destino final” de los detenidos desaparecidos.

Además, acota Mirtha Guianze, “copias debe de haber”. El mando supremo (el presidente de la República, según nuestra Constitución) debe exigir, dar órdenes precisas para que dé información, puesto que la fuerza armada funciona de modo vertical. Y si no veamos que, como sucede en España, se sigue buscando a sus familiares y se siguen encontrando cuerpos y tumbas colectivas.

Antes de las preguntas que hizo el público presente, Errandonea, afirmó que “más tarde o más temprano los vamos a encontrar”.

El cambio de discurso y la Doctrina de la Seguridad Nacional
Entre los dos, turnándose, fueron contestando las diversas preguntas del público, poniendo énfasis en que los tres poderes del Estado son responsables por las detenciones y las desapariciones forzadas. Y, a tenor de lo que dictan las normas internacionales, el Estado uruguayo debería, como primera cosa, pedir disculpas, y luego, por supuesto, investigar y llegar a la verdad. Porque, entretanto, la derecha ha cambiado el discurso. Antes negaba las violaciones a los Derechos Humanos por parte de la dictadura cívico-militar, pero ahora simplemente cuestiona si se podrán o no encontrar restos, dando por naturalizadas esas violaciones. El intento de equiparar la violación de los Derechos Humanos por parte de actores sociales y el terrorismo de Estado, siendo que el monopolio de la fuerza corresponde al Estado, busca minimizar la participación de los militares, aun cuando los tupamaros ya estaban derrotados militarmente antes del autogolpe de Estado de Juan María Bordaberry, en el comienzo de los once años largos de la dictadura.

El terrorismo de Estado fue el responsable de la detención de cientos y miles de militantes políticos y sociales que estuvieron desaparecidos por meses mientras eran torturados, responsable a su vez de quienes continúan desaparecidos y de la apropiación, el hurto de niños y niñas y la adopción de estos por otras familias. Si esa violencia hacia la sociedad sigue impune, no nos debe asombrar la impunidad de la violencia actual, que se expresa en los homicidios brutales, los que se quiere naturalizar de algún modo, y en toda la situación de violencia de género y gérmenes de violencia hacia sectores desprotegidos de la sociedad que amenazan estar fuera de control.

Incluso, el ingreso de doce militares integrantes de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, con su armamento individual, a efectos de entrenar en operaciones defensivas militares, no es más que la continuidad del mismo entrenamiento y enseñar las mismas técnicas basadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional, que sirvió de base a las Fuerzas Armadas durante la dictadura, cambiando el enemigo pero no sus métodos. Donde antes el enemigo eran los tupamaros y los comunistas, ahora son los narco-terroristas, aunque los sujetos sobre los que se ejerce la represión sean los que están al final de la cadena del narco.

Lamentablemente no se ha podido democratizar a las fuerzas armadas y se le han mantenido sus privilegios, y hasta que no haya una educación militar basada en la defensa irrestricta de los derechos humanos, esto no va a cambiar. De hecho, el despliegue de las fuerzas terrestres no es en la frontera, sino en las ciudades, funcionando, de hecho, como “fuerzas de ocupación”.

Lo último a destacar: de modo emotivo una señora leyó la carta de un hijo suyo que había sido detenido, desaparecido durante ocho meses y torturado, antes de la dictadura, en el año 1972, y que recién ahora, después de 50 años, se animó a contar su historia.

Por Sergio Schvarz
Periodista y escritor

  

(Síganos en TwitterFacebook)
INGRESE AQUÍ POR MÁS CONTENIDOS EN PORTADA

Las notas aquí firmadas reflejan exclusivamente la opinión de los autores.

Más del Autor: