Tres luces rojas para la reforma educativa

El gobierno se obligó a plantear cambios radicales en educación y seguridad cuando asumió, porque había hecho de ellos los dos mojones de su campaña electoral. En lo que respecta a educación, el ex consejero de Primaria e histórico dirigente sindical de magisterio Héctor Florit plantea que una parte de los cambios son continuidad de políticas que vienen en ejecución por los tres gobiernos del Frente Amplio, y en lo fundamental, hoy “no están ni los acuerdos políticos y sociales suficientes, no tenemos los tiempos para construir una política de Estado, ni los recursos para llevar adelante esta reforma educativa”.

En lo que hace a la continuidad de políticas, Flotit señala que “algunos de esos cambios en educación eran necesarios, y muchos formaron parte de ese discurso que tipificaba la crítica anterior. Por ejemplo: la cobertura de educación media es insuficiente, pero es un 30% más alta de la que había en 2005, cuando quienes terminaban la educación media eran 3 de cada 10, y ahora es de 42 o 43%; esto es, poquito más de 4 de cada 10. No alcanzó; es claramente insuficiente. Sin embargo, el rumbo de cómo se mejoraba la cobertura de la educación media parece correcto. Tanto así, que las políticas que se implementaban antes se siguen manteniendo: la extensión del tiempo pedagógico, los centros educativos asociados –los CEA, que estaban al lado de las escuelas, que renombraron como María Espínola– , atender la alimentación de los chicos del liceo y de UTU, las experiencias de liceo de tiempo extendido, son todas políticas que se siguen implementando”.

El gobierno plantea una “transformación” educativa con un aire fundacional y que tiene cuatro objetivos: la transformación curricular, cambiar los programas, el fortalecimiento de los centros educativos con la atención a algunas situaciones de vulnerabilidad, y la formación docente.

Florit plantea que esta reforma enfrenta, en esencia, tres restricciones. “La más evidente es que estas transformaciones requieren de compromiso docente. Y eso supone instalar espacios de negociación, respetar la representación de los docentes, y la administración fue exactamente por el camino inverso. Es decir, alentó eliminar a los representantes docentes de los consejos: eliminó los consejos y con ello eliminó la representación docente”.

En consecuencia, “la primera dificultad con que se va a encontrar la actual administración es la de construir un compromiso educativo de los docentes porque se los excluyó del proceso. Hoy cuenta con una escasísima representación docente, y, como consecuencia, la falta de un acuerdo y compromiso docente. Los eliminó del Consejo de la Educación, eliminó los propios consejos, eliminó la representación docente. Solamente se mantuvo la representación docente en el Codicen. El gobierno presentó listas y sacaron cero consejero; es decir, Robert Silva entró por los docentes y los dos cargos de consejero lo sacaron los sindicatos. El ninguneo a los docentes tuvo como respuesta que el 75% de los docentes votaran listas sindicales; nunca hubo un respaldo tan imponente a la lista sindical como en diciembre pasado”.

La segunda restricción está en los tiempos. “Pensar la transformación educativa con un espíritu fundacional en cinco años cuando además hubo un problema de pandemia, plantea plazos claramente insuficientes; simplemente no le da el tiempo para hacer la transformación educativa. Tanto así que terminar el cambio de programa en Primaria lo proyectan para el año 2025, fuera del plazo de esta administración. Plantean etapas por años de curso: 1° y 4° en 2023, 2° y 3° en 2024 y 5° y 6° en 2025. Y es solo un ejemplo de cómo una transformación educativa no puede ser pensada por una administración en contra de la opinión de todo el resto porque los tiempos de implementación trascienden sus tiempos de gestión. La próxima administración los hará si quiere hacerlos”.

Y lo tercero son las restricciones presupuestales. “Tanto la reforma de una casa como de un sistema educativo, requiere de dinero. Fenapes cuantifica el recorte presupuestal en 80 millones de dólares, al que aporta el recorte salarial del 2020 .“En los hechos, la ejecución presupuestal de 2020 dejó una no ejecución de unos 1.400 millones de pesos, que es mayor al refuerzo presupuestal que pidió el Codicen en 2021.” También es de esperar que habrá trampas al solitario. “El planteo del gobierno es crear 60 liceos y UTU modelo, que son los centros María Espínola, antes CEA, en zonas de contexto crítico. En rigor el planteo es aumentar los 29 que existen a 60, y los 29 ya vienen con extensión horaria. Y los 60 establecimientos modelo –de los cuales más de 20 están hechos– son menos de la mitad de los 136 que prometía Ernesto Talvi.”

Las tres restricciones parecen conformar el karma del gobierno: exclusión, mal manejo de los tiempos, como es también el caso de la reforma de la seguridad social a la que se obligó, y ahorro fiscal jorobando todo.

 

 

  

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