Seguridad social: Lacalle, cual Hamlet

 

Cuatro posiciones sucesivas lleva el presidente Luis Lacalle ante el tema de la reforma de la seguridad social; en él quería fundamentar el gobierno su plan de transformación, de claro corte neoliberal y conservador, como lo es el lineamiento central de su gestión. Hoy vistas, las cuatro son posiciones contradictorias entre sí, y ahora se asoma el vacío de la indecisión; se supone que el humo, blanco o negro, surgirá de la reunión del presidente con la bancada parlamentaria el jueves 12, y éste puede o no convertir en ley el proyecto de ley que surja o no del Poder Ejecutivo. También puede postergarse la decisión y tal vez nombrar una comisión; por qué no.

Primero, Lacalle  impulsó a través de la LUC la constitución de una Comisión de Expertos en el tema (CESS), que  se conformó con cuotas iguales de tres integrantes para cuatro partidos, más los directorios por empresarios, trabajadores y pasivos. Su declarado objetivo fue: “La integración reflejará la diversidad de visiones con respecto al tema de la seguridad social, tanto de las organizaciones sociales como de los partidos políticos”.

Ese criterio aparentemente ecuánime del Ejecutivo chocó con la representación política dada por los votos, con lo que el Frente Amlio solo obtuvo tres representantes en doce y no los al menos cinco que le hubiera dado la votación que logró el FA; se le sumaron los votos de los directores por trabajadores y pasivos, que en definitiva tuvieron la misma posición final. La reforma buscaba la apariencia de ser producto de una política de Estado y en condiciones de servir a la gestión de sucesivos gobiernos, pero obtuvo dos resultados negativos: el primero, fue un informe aprobado por  diez en quince votos –una clara confrontación, y para nada el “amplio apoyo político” prometido–, y el segundo, que la CESS, a la que la LUC le daba un plazo de 90 días a partir de su aprobación en julio de 2020 (en rigor, empezó sus trabajo el 6 de noviembre de 2020) para emitir su informe, atravesó la pandemia, consultas con los ministerios competentes, el BPS y servicios estatales de previsión social, y abundantes discusiones. En vez de tres meses, fueron quince meses desde que se aprobara la LUC para reconocer que no se lograba concordancia.

El tiempo resultaría un factor muy importante en la situación política de indecisión creada y que se pone formalmente a discusión el jueves 12. Además, el mecanismo de hacer una reforma de seguridad social de urgente consideración contradijo la experiencia universal de que, para ser una política de Estado, debe ser el producto de la construcción de delicados y profundos consensos políticos, a lograr más allá de los tiempos de gestión de un gobierno.

Como era previsible, esos consensos de urgente consideración no se lograron, y además, al Poder Ejecutivo no le agradó el informe que la CESS le entregó el 12 de noviembre de 2021;  aparentemente, porque no iba lo suficientemente a fondo para sus planes. La seguridad social establece, por su naturaleza, los costos y condiciones de cualquier desarrollo que se plantee. Con esa disconformidad llegó Lacalle a la noche en que se conocieron los resultados del referendum, y en la conferencia de prensa que dio ese 27 de marzo reafirmó que su Ejecutivo enviaría un proyecto de ley al Legislativo, y que ése es el ámbito donde deben tener lugar las deliberaciones y los acuerdos. Seguía para adelante con su idea, como si el país no se hubiera dividido por mitades entre el Si y el No, modificando inevitablemente el panorama político. En un razonamiento lineal, Lacalle daba ese momento por descontado que también tendría para este tema la mayoría parlamentaria que le dio la coalición.

Pero entraron a jugar dos elementos que Lacalle no supo prever: los tiempos políticos del primer año no son los del tercero de gobierno, y la reforma adecuada a los planes de un neoliberal conservador no suman sino que restan votos cuando se lo ve aplicado. A esta altura de los cinco años del período, al gobierno le quedan unos 18 meses de gestión y los restantes 18 serán claramente tiempo electoral. Además, los dos partidos históricos de la coalición, Nacional y Colorado, no tienen ni por asomo definido candidato presidencial que encabece la campaña, con lo que naturalmente asoman varios aspirantes en cada uno de ellos. Y lo harán como siempre, marcando un perfil propio que los diferencie del resto y pueda por eso atraeer la atención y la voluntad del elector. No es la unanimidad sobre un tema piantavotos el mejor camino para lograr ser candidato presidencial, o ser reelecto.

Es indiscutible que la reforma a la seguridad social que quisiera el gobierno no atrae votos. Tal como dijo el senador Jorge Gandini, esforzado en reconstruir un sector alternativo al herrerismo tras las huellas de Jorge Larrañaga, en diálogo con un periodista: “No voy a votar una reforma a la seguridad social por la que después voy a perder las elecciones”.

En esa posición y en ese dilema, se reunirán este jueves los parlamentarios oficialistas; todos ellos saben que la mayoría parlamentaria simple del oficialismo se lesiona con apenas un cimarrón. Por lo tanto, es incierto el color del humo que surja de la reunión del jueves, si es que no se posterga la decisión.

El electorado dividido en dos que mostró inequívocamente el referendum, es una información política contundente que Lacalle tardó en asimilar. No así Guido Manini, por ejemplo, que supo apreciar esa misma noche del 27 los muy estrechos márgenes de maniobra política que deja la nueva realidad constatada, y en la cual, como se dice, “cualquier error puede ser fatal para el artista” de la coalición.

Lacalle Pou recién reconoció el cambio en la situación el 2 de mayo, cuando convocó a la reunión de bancada. Y en ella no sólo es importante lo que decidan los parlamentarios, sino también el propio Lacalle Pou, que tiene ante sí el dilema de Hamlet: ser consecuente con las ideas que proclama, y quedar aparentemente en minoría, o ceder ante la realidad política incontrastable y sacar una reforma mucho menos ambiciosa si eso fuera viable, o –más drástico aún– avenirse a negociar con el FA una reforma que pueda salir y mantenerse. Y la actitud de la oposición no es de por sí previsible. Lo que podría querer el FA es que el oficialismo vote una mala reforma que lo ayude a ganar las elecciones, y luego encarar su reformulación a partir de 2025 en un escenario político habitado muy posiblemente por bloques de opinión menos rígidos que los que mostró el referendum.

Es curioso. Lacalle Pou sigue los pasos políticos de su padre; el botón de la muestra es lo que hizo con ahorros fiscales logrados a costa de ingresos de activos y pasivos, y Ernesto Murro se lo señala expresamente (https://www.laondadigital.uy/archivos/63355). Pero Lacalle Herrera, en esa línea neoliberal conservadora, logró producir cambios pese a no tener mayoría propia; no dejó intacto el statu quo, aunque no haya logrado todo lo que quería. Hoy, en este gobierno, esa línea política neoliberal está más acentuada y Lacalle Pou tiene mayoría propia. Pero a este presidente se le fue el tiempo político como agua en la arena: era una reforma para el primer o a lo más para el segundo año; no para el tercero de gestión.

A esto se agrega que las necesidades de sacar adelante la LUC pese al cuestionamiento opositor hizo que la coalición se abroquelara en su defensa sin dejar espacio para plantear otras reformas. Al final, la ley ómnibus que quiso superar disidencias en una coalición unida por tan poco, se transformó en una cadena que ancló al gobierno en materia de tiempo político y acción gubernativa. Y lo pone en la situación de mantener sus principios –aquellos que explican la presencia de Isaac Alfie en OPP  y la posibilidad de que Lacalle Pou lo nombre como “Lito” en las conferencias de prensa– aunque eso lo deje en la inacción reformista, o ser uno más del credo de la política como arte de lo posible.

Hoy, el oficialismo tiene un único punto en su agenda de gestión la reforma educativa. Son cambios que se pueden consolidar sin (casi) necesidad de leyes, y de hecho está en marcha. Sobre la seguridad social, puede especularse acerca del grado de reforma que contendrá, su viabilidad en el tiempo político y más. Pero ya se sabe que no será lo que quería Lacalle Pou y quienes lo propician.

Ya no será lo que anunciaba disimulado en uno de los 21 puntos del apartado 9 de los13 del Compromiso por el país, aquel documento inicial que se alegó para formar la coalición multicolor que sacara al FA del gobierno: “Iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político, con el fin de lograr un sistema previsional moderno, financieramente sostenible y menos dependiente de los tiempos políticos, que vele especialmente por los pasivos con mayores niveles de vulnerabilidad”.

Por su manejo político, Lacalle Pou perdió tiempo, perdió agenda, perdió maniobrabilidad y perdió la posibilidad de encabezar la recuperación del Partido Nacional a que tenga un tercio del electorado; esto, aunque lance un gran plan de obras públicas con lo logrado con la exacción fiscal, como se especula. Ahora, deberá decidir qué posición toma el jueves. Lo que es seguro es que no podrá resolver el dilema de Hamlet, y ser y no ser al mismo tiempo.

  

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