Trabajadores y pasivos pagan ahorro fiscal

El ahorro fiscal con el que este gobierno justifica su razón de ser, procede fundamentalmente del bolsillo de trabajadores y pasivos; de pagar menos salarios, jubilaciones y pensiones de todas las cajas, lo que perjudicó a unas 800.000 personas. A esto se agregan otros 65 millones de dólares al aumentar el número de contribuyentes del Impuesto a la renta de las Personas Físicas (IRPF) y del la base de recaudaciones del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) con la modificación de la Base de Prestaciones Contributivas (BPC), que hizo crecer el número de aportantes al modificar la base de cálculo. Esto, de un gobierno que prometió no aumentar impuestos.

En relación únicamente a la exacción de 200 millones de dólares en dos años a los pasivos, el ex ministro de Trabajo y ex presidente del BPS Ernesto Munro consideró en diálogo con este medio que “la peor reforma futura que hagan, si es que la hacen, es muy difícil que les ahorre tanto en dos años; tiene que ser muy dura para lograr ese ahorro en ese plazo”.

El “ahorro fiscal” por esta vía aumentará en el año en curso porque lamentablemente habrá una nueva pérdida salarial y en consecuencia de pensiones y jubilaciones, consideró Murro. Esto por el sistema de aumentar pasividades a la par de salarios, según decidió el 82% de la población en 1989 y convirtió al Uruguay en uno de los seis países que tiene este sistema de garantía de transmisión de ingresos en su Constitución. El gobierno uruguayo que asumía tomó inmediatas medidas para contrarrestarlo.

“Este gobierno, de Luis Lacalle Pou, hizo lo mismo que Lacalle padre (en su presidencia 1990-95), señaló Murro: lo que hace es desestimular los consejos de salarios, dejándolos en y con eso, rebajar salarios y en consecuencia, las pasividades.” En ese momento se estaba a cuatro años de salida de la dictadura cívico militar, y entre lo acordado entre todos los partidos políticos y organizaciones sociales en la Concertación Nacional Programática, la Conapro, figuraba la restauración de los Consejos de Salarios, suspendidos desde 1968. Y el gobierno de Julio María Sanguinetti empezó a cumplir con eso. Pero las asociaciones de jubilados, en pleno renacimiento tras la dictadura, observaron, con justicia, que no se estaba cumpliendo con el ajuste de pasividades a la par de los salarios, lo cual lleva a la reforma constitucional de 1989.

La caída salarial y de pasividades provocada por el gobierno de Lacalle Herrera, coaligado con Julio María Sanguinetti, es corregida recién cuando asume en Frente Amplio en 2005, que reinstauró los Consejos de Salarios, y los amplió a sectores que nunca lo habían tenido, como trabajadores rurales y trabajadoras domésticas. Así, mientras entre 1992 y 2004, solo el 20% de los trabajadores tenían negociación salarial, en 2005 se alcanza la negociación para casi el 100% de los trabajadores y empresas. Eso produce una notoria mejora de los salarios en los quince años siguientes, del orden del 60%.

Con la asunción de Lacalle Pou en 2020, y el advenimiento de la pandemia que afecta en forma directa a los sectores más desfavorecidos –que son los pasivos y los afectados por discapacidad — si bien se mantienen los consejos de salarios, se rebajan los salarios. El economista Gabriel Regalado, asesor del director por los pasivos del BPS, explicó que los aumentos salariales que tuvieron un proceso extraordinario de crecimiento entre 2004-19, con aumentos que superaban la inflación, conformaron un ciclo que se cortó en 2020 y se fue profundizando. Solo en 2021 la caída de la capacidad de compra fue del 3,5%. En los primeros cuatro meses de 2022, los precios aumentaron 4,94%, y en el primer trimestre del año, los salarios aumentaron 4,37%. Con estos guarismos, es improbable que no se supere notoriamente el rango meta inflacionario de 9,4% para marzo de 2023 que anunció el Banco Central del Uruguay (BCU). A esto se agrega que, por apreciación en el mercado internacional de productos básicos, hay un aumento de sus precios de 7,6%, a lo que se agrega la diferencia provocada por mayor inflación que remuneración. Con lo cual se está ante un escenario inmediato de creciente pérdida salarial.

“A esto el gobierno suma una nueva exacción, que sinceramente, no podía creer que la hicieran –señala Murro– que es el descuento de los 243 pesos de las jubilaciones mínimas”; ese aumento de 243 en julio de 2021 se pagó solo hasta diciembre, y además lo descontaron del aumento de enero de 2022. Según un pronunciamiento público del representante por los trabajadores en el directorio del BPS, Ramón Ruiz: “Este es un cambio con respecto a lo que se hizo en los últimos 16 años, y que perjudica a las pasividades mínimas, que son las que más necesitan”. Ni él ni el director en ejercicio por los pasivos Ariel Ferrari apoyaron este cambio.

Con esta medida se ahorrará en el 2022 unos 10 millones de dólares, perjudicando a 146.098 jubilados y pensionistas que perciben una pasividad mínima, los que ganan menos. Este perjuicio se suma a los que actúan por la diferencia entre ingresos e inflación superior, por la extensión del número de aportantes de dos impuestos, IRPF e IASS a los que ganan más, y por el aumento neto de los productos básicos, que son fundamentalmente alimentos.

Según el detalle que proporciona Ruiz, el 71,27% de los perjudicados son del interior del país, y totalizan 146.098 pasivos: 56.545 hombres y 89.553 mujeres. La rebaja la sufren 80.293 prestaciones por vejez, 35.003 por edad avanzada y18.773 pensiones por invalidez. De los perjudicados, 73.597 son ex cotizantes de Industria y Comercio; 42.714 son del sector rural y 25.238 del sector doméstico; el resto del sector público. En suma, esta rebaja de las pasividades mínimas castiga a 96.358 trabajadores dependientes y 37.711 patronos.

“La afectación de salarios y pasividades la hacen legal y constitucionalmente”, remarca Munro. En su criterio, además de la eventual reforma de pasividades que el gobierno debe decidir si encara tras la situación política de dos bandos equilibrados que planteó el referéndum, hay otras dos reformas en marcha: la de rebajarle los ingresos a la gente, aquí descrita, y la de la desregulación laboral.

 

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