La enorme responsabilidad de la derecha (II)

El general Guido Manini nos obsequió con una justificación falaz de la declaración de guerra interno, el 15 de abril de 1972, que ya fue motivo de consideraciones (https://www.laondadigital.uy/archivos/62659). Pero con el correr de los días se percibió que esa sesión del Senado del 5 de abril, y su tono, que pretendía tener distancia académica, contenía otra falacia: la de amparar una relectura de la realidad de hace 50 años, con el ánimo de repetir claves de aquella situación.

Esta situación de enorme tensión política que se quiere recrear, encuentra apoyo en la actitud del Poder Ejecutivo, que anuncia un aumento salarial a concretar dentro de cuatro meses, que no conforma ni a trabajadores ni a empleadores, con cifras mínimas que no condicen ni con la inflación, ni con lo comprometido por el gobierno, ni con las crecientes necesidades de la gente. Solo conforma a la coalición gobernante, que obtiene respuesta a sus imprecisos planteos de mejoras.

Esto se agrega a la apertura de la cárcel del pueblo para ejemplificar lo malo que eran los tupas pero para nada las torturas concretas que los represores hicieron en el mismo lugar con la impunidad del Estado. Se agrega a la invención de un sello, JOP (jóvenes o juventud oriental (es) de pie, según dónde aparezca) que induce a recordar la acción del patoterismo salvaje en nombre del anticomunismo y que supo financiar la derecha y la familia de Manini. Y se abre la puerta para que entre a la agenda política la demanda con la que Manini procura justificar su existencia política: la liberación de los genocidas presos en nombre de la prisión domiciliaria.

En este contexto, vale la pena repasar los hechos nomás de los dos o tres años anteriores a ese abril del 72, con los que se azuzó al progresismo para naturalizar la violencia y hacerla parte inherente al acontecer. El 24 de agosto de 1970, por ejemplo, allanaron la seccional 20 del Partido Comunista sin orden de allanamiento, causando destrozos. Volverían a Agraciada y Valentín Gomez el 17 de abril de 1972 para asesinar a 8 comunistas desarmados. Estiman en 500 los efectivos que atacaron. Nueve obreros comunistas son heridos, baleados cuando salieron con las manos en alto y desarmados del local; siete mueren instantáneamente o son dejados morir sin atención médica en la calle. Eran Luis Alberto Mendiola, Raúl Gancio, Elman Fernández, Justo Sena, Ricardo González, José Abreu y Ruben López. Héctor Cervelli muere días después en el Hospital Militar, y José Machado, a pesar de ser herido en la cabeza, sobrevive. De ese hecho, de esta masacre, también se cumplen 50 años. Pero la derecha no los recuerda: insiste en la grieta; es falso que vuelva la vista al pasado con la sobriedad de la distancia. Por el contrario: sabiendo de lo que fue capaz la derecha en sus distintas vertientes, es de temer su verdadera intención.

En esa sesión del Senado del 5 de abril, la senadora Liliam Kechichian se refirió al tema de la seccional 20 con una experiencia personal: “Sin duda, lo de los ocho asesinatos en la Seccional 20 del Partido Comunista es de las cosas más dolorosas que nos ha tocado vivir. El día antes, estaba preparada otra cosa. La provocación no era contra la Seccional 20 del Partido Comunista; la provocación fue el mismo día que se votó el estado de guerra interno a un activo de jóvenes comunistas del que yo era parte. Éramos quinientos jóvenes comunistas”.

“Yo estaba ahí; no me lo contó nadie. En la calle Sierra ingresan personas de civil con esvásticas, a los gritos y armados. Nos tiran al piso y nos amenazan con un revólver. Nos hubieran matado a todos, lo aseguro. No estoy haciendo drama, porque acá no estamos hablando solo de las cosas personales, sino de cómo las cosas personales hicieron también al derrotero del Uruguay. Por suerte, llamaron a este Parlamento e intervino Gutiérrez Ruíz, con un enorme coraje y una gran humanidad, porque éramos chiquilines, casi todos. Además, nos robaron, nos robaron las carteras y todo lo que pudieron. Esa fue la verdadera provocación, evitada por Jaime Pérez y por Héctor Gutiérrez Ruíz, que intervinieron directamente. Y, bueno, los cobardes huyeron cuando vieron a dos parlamentarios bien plantados en la vida, defendiendo a esos muchachos.”

Tal vez esos cobardes eran capaces de matar a tantos como 500; la violencia que desató el poder tenía mucho de irracional y todo lo hacía en nombre del anticomunismo. Un argumento monocorde que encuentra eco en la única razón que unió a esta coalición multicolor: sacar al Frente Amplio del gobierno. En fin. Otras víctimas de la calle Sierra de aquel 16 de abril de 1972 cuentan que habían seleccionado a un grupo tal vez de 20 personas, y dado lo que pasó al día siguiente, se infiere que era para fusilarlos.

Entre 1970 y 1971 se detuvo injustificadamente a más de cuatrocientas personas y muchas de ellas recibieron malos tratos. Integrantes de las fuerzas opositoras al gobierno fueron objeto de amenazas de muerte dirigidas también a sus familiares; a sus hijos. Fueron frecuentes los ataques en actos públicos, donde los asaltantes agredían al público con palos, hierros, cadenas y armas de fuego ante la pasividad policial.

Hubo cerca de ciento cincuenta atentados con bombas y metralletas contra domicilios de frenteamplistas, locales del Frente Amplio y liceos, y atropellos policiales contra adherentes y propagandistas del Frente Amplio. Y fueron asesinados Manuel Antonio Ramos Filipini, Heber Nieto y Abel Ayala. Ante ese panorama, el Ministerio del Interior aporta su cuota de apoyo al terror ocultando los hechos, al afirmar que había habido solamente seis atentados cometidos contra locales del Frente Amplio. Se trataba de despistar a la opinión pública acerca de los verdaderos culpables. Y en ese marco, se militarizó a los trabajadores, se congelaron los precios y en 1968 comenzó el asesinato de estudiantes, con Líber Arce el 14 de agosto de 1968. Y se sucedieron los de Hugo de los Santos, Susana Pintos, Heber Nieto, Julio Spósito, Íbero Gutiérrez, Santiago Rodríguez Muela, Joaquín Klüver, Ramón Peré, Walter Medina y Nibia Sabalsagaray.

Kechichian encuadró este desarrollo de la violencia política estatal, ilegal e ilegítima, que llevó al estado de Guerra interno y luego al terrorismo de Estado, en la situación que la población percibía como estado general de cosas. “Había también una sociedad enojada, una sociedad que criticaba mucho los beneficios del sistema político. En aquel momento, el artículo 383, de los autos baratos, y una cantidad de otras cosas fueron un golpe al corazón, al ánimo y a la bronca de mucha gente del Uruguay.”

“En los años 1959 y 1960, en el Ministerio de Obras Públicas y en el Consejo Nacional de Gobierno había un portero cada seis oficinistas. También se sabía que en la reorganización del Ministerio de Salud Pública, en 1958, permitieron el ingreso de 1449 nuevos funcionarios. En 1938, la República tenía 58.000 funcionarios; en 1955, pasaron a 168.000 y cuatro años más tarde teníamos casi 200.000; exactamente, 193.800. Todas estas eran señales que el sistema político también le daba a la gente que la estaba pasando muy mal debido a la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos de Uruguay (Coprin), cuyo ideólogo Jorge Peirano Facio le decía a la gente: «Cobre menos», «Pague menos»; «Su salario se va a hundir», mientras él mandaba la plata al exterior, cosa que ha venido haciendo hasta el día de hoy. No hace mucho, los paraguayos estaban pidiendo que Peirano Facio fuera llevado a Paraguay porque ha seguido estafando bancos, a la gente y a pueblos hasta hoy. Eso también estaba pasando.”

Ahora también hay razones para que la gente se vaya enojando cada vez más. Por ejemplo, el aumento salarial prometido que no se cumplirá, tal como vaticinó la calificadora de riesgo Fitch Ratings (https://www.laondadigital.uy/archivos/62673): “El gobierno promete una recuperación salarial real que podría erosionar parte de estos ahorros, pero su fuerte posición política podría ayudarle a navegar esta negociación en forma prudente.” El enemigo, que era el comunismo en aquellos años de plomo, fue el Frente Amplio para las elecciones. Y ahora, que la coalición necesita para mantenerse de concesiones, como los aumentos formales a sueldos y pasividades de un hasta hoy autosuficiente presidente Lacalle, el enemigo será el reclamo, el descontento popular y justificado, la protesta vedada. El gobierno llamará a todo “Frente Amplio”, dirá que la central obrera es su apéndice, ignorará a los movimientos sociales. Si así suceden las cosas, lo que se avecina es un creciente clima de confrontación.

 

  

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