1) Es parte de una realidad histórica que muestra el grado de violencia política existente en esa etapa. La verdad y la memoria nos harán más libres y responsables.
2) Pone sobre la mesa el debate crucial y siempre vigente sobre fines y medios en política. El fin NO justifica los medios.
El FA se definió en 1971 y 1972 como una fuerza pacífica y pacificadora, cuyo único camino para transformar la sociedad es el democrático con aval electoral.
Pasados tantos años y tantas cosas, resulta tan lúcida la posición de principios adoptada que no hay más que enorgullercerse de aquella generación liderada por Seregni. Y reafirmar el camino nuevamente.
3) Su apertura obligará o facilitará mantener abiertos los demás sitios de memoria, hecho nada menor con un gobierno de derechas y la presencia de CA y otros personajes que participaron en la dictadura abiertamente del P. Colorado y el P. Nacional. Incluso, que se deba contar que allí también funcionó un centro clandestino de reclusión estatal.
4) Es una gran oportunidad de explicar a fondo la diferencia entre el terrorismo de Estado y el no estatal, no para minimizar este sino para que la sociedad entienda por qué es tan grave el primero. En esto, la cra. Nane tiene razón: no son equiparables. (*)
5) La mirada crítica y autocrítica de todos los actores relevantes de la época y sus herederos, es fundamental. Desde el FA, otra vez fue Seregni quien dió un paso más explicitando que debió ser mucho más duro en su condena a los hechos violentos del MLN-T en aquellos años. No por tardía fue menos valiosa su declaración.
La acción armada del MLN-T y otros grupos menores fue todo lo contrario a ser una fuerza pacífica y pacificadora. Fue un factor fundamental en el agravamiento del clima de violencia política instalado y facilitador de la campaña más reaccionaria, antipopular y violenta de los enemigos de la democracia. Esto no exime al FA y otros actores de errores políticos importantes en la época, pero son de diferente calidad.
6) Reconocer esto no significa sostener la teoría de los dos demonios, falsa por donde se la mire. Basta decir dos cosas muy sencillas y documentadas:
i) el MLN-T fue totalmente desmantelado para octubre de 1972 y así se comunicó por las FFCC a la población entonces, siendo detenidos los principales dirigentes, el grueso de sus militantes y ubicada toda la logística de la organización. El golpe de 1973, en dos actos (9/2 y 27/6) NO fue consecuencia de la guerrilla ni de una guerra interna totalmente INEXISTENTE.
ii) países como Alemania o Italia, entre otros, combatieron grupos guerrilleros en la década del 60 y 70 sin necesidad de dar un golpe de estado y transformarse en dictaduras terroristas. Hoy, varios combaten al terrorismo islámico o al narcotráfico manteniendo las democracias, lo que es una fortaleza y no una debilidad.
La evidencia histórica muestra que no era inevitable el golpe de Estado y, mucho menos, aconsejable para resolver la crisis nacional.
O sea, las FFAA decidieron en sus cúpulas dar el golpe de estado sin más enemigo que la democracia pluralista uruguaya representada en el Parlamento, el movimiento popular y sus sindicatos, la Universidad autónoma y cogobernada, la cultura y toda manifestación crítica. No puede dejarse de recordar la pléyade de civiles que los acompañaron traicionando a los partidos blanco y colorado que también fueron perseguidos, con Juan María Bordaberry al frente.
Objetivo: imponer su visión de sociedad a cualquier precio, sintonizar con el Plan Cóndor y la estrategia norteamericana para A. Latina, imponer un modelo neoliberal, detentar el poder directamente y enriquecerse. Un solo demonio.
(*) Tienen el mismo valor supremo las vidas de Nibia Sabalsagaray y de Pascasio Baéz, por poner dos ejemplos, y sus asesinatos son imperdonables e injustificables desde todo punto de vista.
Son sus asesinos los que tienen una calidad institucional diferente: a ella la mató personal militar, en un interrogatorio en un cuartel, como parte de una política pública (represión de opositores), mientras que a él lo ejecutaron militantes de un grupo privado por su real saber y entender.
Toda la jurisprudencia internacional reconoce diferentes estatus en el terrorismo proveniente del Estado sobre su propio pueblo y el de organizaciones políticas, religiosas o delictivas que lo ejercitan. En el primero, es evidente que el propio Estado, vuelto al cauce democrático, debe hacerse cargo de la reparación integral de las víctimas y tomar todas las medidas necesarias para la no repetición. Incluso, debería hacerse cargo de las víctimas de la violencia privada de los grupos terroristas no estatales, a pesar de su no responsabilidad directa en los hechos pero sí como escudo protector de toda la sociedad.
Por Eduardo “Ewe” Vaz
Fundador y referente de Fuerza Renovadora
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