La tercera no es la vencida (El caso del veto a la diputada Bettiana Díaz)

Qué tendrá que ver el referendum contra 135 artículos de la LUC con algo que pasó hace 30 años, en 1992, cuando dos tercios del electorado derrotaron en un referendum cinco artículos privatizadores de la ley de Empresas Públicas. La mayoría multicolor de Diputados entendió que sí, y la semana pasada le vetó a la diputada frentista Bettiana Díaz referirse al tema en una exposición. Si hay similitudes, que las encuentre el lector.

Bueno, está el apuro del gobierno apenas asumido y la sumatoria de fuerzas en ambos partidos tradicionales, en aquel momento únicos contrincantes del Frente Amplio (FA). Apenas cincuenta días después de asumir la Presidencia y a las dos semanas siguientes a la aprobación del “ajuste” fiscal por el Poder Ejecutivo, el 13 de septiembre de 1990, el gobierno presentó al Parlamento un proyecto de “Ley de modificaciones del régimen de empresas públicas del dominio industrial y comercial del Estado”.

Con su firma, Luis Alberto Lacalle Herrera distribuyó a los integrantes de lo que dio en llamar “coincidencia nacional”, un borrador de 125 artículos conteniendo las pautas para redactar la Ley de Empresas Públicas. Ahora fueron bastante más del triple de artículos, y la única “coincidencia nacional” lograda para las elecciones de 2019 fue la derrota electoral del FA. Hay una diferencia en que entonces el acuerdo se buscó a partir de un borrador, y esta vez los socios debieron buscar coincidencias sobre la segunda redacción de la LUC cuando ya estaba presentada al Poder Legislativo. La primera versión es un texto de 600 artículos, que dan mejor cuenta de las intenciones a mediano plazo del gobierno. Pese a sus ambiciones, Lacalle y el grupo de poder que representa comprendió que tanta ambición comprendida en esos 600 artículos no tenía posibilidades de despegar.

En 1992 dio trabajo conciliar opiniones entre Jorge Batlle, que iba por convertir a todas las empresas públicas en sociedades anónimas, y las de Alberto Zumarán y Carlos Julio Pereyra, nacionalistas del wilsonismo y del conservador y principista Movimiento de Rocha. Negociaciones febriles, claro, en las que cada sector buscaba retener su perfil para atraer acólitos dentro del mismo partido tradicional. El texto final se aprobó por unanimidad el 13 de setiembre de 1990, y suprimía varios monopolios estatales (como los seguros y la fabricación de alcoholes) y autorizaba a varios organismos (como Antel, Pluna y la administración Nacional de Puertos) a asociarse con privados. También incluía la liquidación de ILPE, el organismo estatal dedicado a la pesca.

Aquel Lacalle estaba orgulloso de haber sumado a Julio María Sanguinetti, Jorge Pacheco Areco y demás fuerzas parlamentarias tradicionales. Era la demostración de fuerza ideológica y política de ambos partidos, Nacional y Colorado, en avanzar en que el Estado dejara de ser el techo de los pobres, y que el batllismo ya no estuviera entre ellos. Como se dijo ya entonces, las ideas de éste estaban ahora en el progresismo, en el Frente Amplio, que venía creciendo desde el pie desde hacía otros treinta años, y con toda lógica, la estructura raleada por el FA de los partidos Nacional y Colorado quería establecer una nueva zanja reyuna, la primera defensa del Montevideo colonial, aquella en el hoy Buceo. Ahora, en 2022, vuelven a intentarlo.

Aparentemente los blancos lo hicieron mejor en 1990 que en 1958, cuando la unidad entre ellos y con el ruralismo logró desplazar a un alicaído Partido Colorado del gobierno que retenía hacía 93 años. Aquella fuerza albergaba al luego dictador Juan María Bordaberry, entonces del Partido Nacional y que lo abandona como senador en 1964 para presidir la Liga Federal de Acción Ruralista, que representaba a la alta burguesía agraria. Su periplo, que luego lo llevaría al Partido Colorado, es demostrativo de los intereses permanentes que salieron a defender en 1958, en 1990 y ahora. Nada indica que no los seguirán defendiendo en cada instancia que se les presente.

Aquel Lacalle estaba orgulloso de presidir el acuerdo logrado: “No me cabe duda de que se trata (…) de la sesión del Consejo de Ministros más importante del período de gobierno. (…) Todos los sectores (…) que están en el gabinete han dado su apoyo expreso (…). Es un compromiso asumido libremente, patrióticamente y entusiastamente por los principales dirigentes del Partido Colorado –los doctores Sanguinetti, Batlle y el señor Jorge Pacheco Areco– en las conversaciones previas a la formación del gobierno, y dentro del Partido Nacional por todos los sectores que están integrados dentro del gabinete”. El titular de Búsqueda sobre el hecho, el 20 de setiembre, fue más preciso al resumir la importancia y trascendencia del Consejo de Ministros: “Tras siete décadas de estatismo, el gobierno dio el primer paso para la reducción de su dominio industrial y comercial”. ¿Tal vez ahora quieran hacer algo parecido con la LUC?

El progresismo de este país reaccionó  con fuerza, e impugnó la ley llevándola a referendum, y el voto a favor del rechazo de la ley de privatizaciones, que había promovido el Gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle,–y que ya estaba en vigor, faltaba más– fue rechazada por el 66% de los votos de 2,3 millones de electores convocados. Se rechazó la ley, no al gobierno, péro éste había puesto tanto acento en su propósito económico  e ideológico, que significó una derrota para Lacalle y su “coincidencia nacional”. Los defensores de la ley de privatizaciones, recuerda El País de Madrid, habían planteado el referéndum como la ocasión para dar «un no al comunismo». Hoy siguen abjurando del batllismo, aunque no lo confiesen, y van a por quitarle el techo del Estado a los pobres.

 

Por Andrés Alsina_ 

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