LA LIBERTAD FINANCIERA Y LA LUC /(Los diez gatos y la pretensión de la libertad “total”)

En una concepción supuestamente “liberal” —que apela a Keynes pero al contrario que lo que plantea éste se va en la dirección de un Estado mínimo, desmantelando el estado benefactor, el escudo de los pobres—, la coalición de gobierno, y en especial el partido político del presidente —y su ala más derechista, el herrerismo—, han ofrecido un discurso a favor de la mayor libertad de las personas. Y dicen que éste les ha ofrecido (nos ha ofrecido, e incluso otorgado), efectivamente, una mayor libertad. Pero los hechos son tercos, y el discurso cae en saco vacío, cuando habla de los instrumentos financieros que, bajo cualquier circunstancia, debemos usar todos (o casi todos) los uruguayos.

Lo mismo, pero en otro plano, pasa con los empresas del Estado, donde hablan de la libertad de otros actores —la competencia privada, conformada en multinacionales, que en algunos casos manejan recursos superiores al PBI de varios países— para gobernar distintas empresas. Por ejemplo, ANTEL habilita la portabilidad numérica aunque tenga que hacer una “inversión” de 400 millones de dólares en tecnología y demás para beneficiar a… empresas privadas, pero lo hace bajo el supuesto de preservar la libertad que tiene el usuario de conservar su número de teléfono celular si desea cambiarse de compañía.

Ya no se intenta privatizar a una empresa estatal, sino venderla “de a pedacitos”, o dejarla caer, hasta que disminuya tanto que, inevitablemente, desaparezca o sea engullida por los tiburones del capital aunque maúllen todos los gatos del mundo.

Es por ello que el Gobierno actual, en acuerdo entre los cinco partidos que integran la coalición, ha rediseñado lo que era la Ley Nº 19.210, del año 2014, que regula los medios de pagos electrónicos (tarjetas de débito, tarjetas de crédito, instrumentos de dinero electrónico y transferencias electrónicas de fondos, así como todo instrumento análogo que permita efectuar pagos electrónicos a través de cajeros automáticos, por Internet o por otras vías) y, de ser un deber que tenía el empleador para con el trabajador, ahora pasa a ser una posibilidad discrecional del empleador. Pero con el “argumento” de darle la libertad al empleador de que él decida cómo quiere cobrar su salario.

Esto no se entendería si no dijéramos que la relación que se da entre trabajador y patrón es totalmente asimétrica, y de hecho el empleador puede ejercer presión y decidir él, unilateralmente. Además, habilita a realizar prácticas que, en última instancia, perjudican al trabajador (y que, por supuesto, benefician al empleador), como el pago “en negro” que le resta lo que no llega a volcarse en el BPS para su futura jubilación. También ya no es necesario inquirir sobre el origen de los fondos, por tanto la transparencia no se efectiviza, al no ser un requisito, por lo que éstos pueden provenir de cualquier actividad, incluso ilegal.

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Paradójicamente, el artículo 215,  que introdujo los cambios que señalamos, lleva por título “Opción a favor del trabajador”, dando a entender que con esta ley el trabajador puede decidir de qué manera cobrar, si en efectivo o por medios electrónicos, pero en toda relación asimétrica, habilita, de hecho, a que el empleador “obligue”, de alguna manera, a cobrar de la forma que él quiere, so pena del trabajador a quedarse sin trabajo por no aceptar las condiciones establecidas.

Algo más sobre esto: no sé si recordarán que se hizo una campaña, sistemática, en contra de la inclusión financiera y el uso de medios electrónicos para cobrar. Uno de los argumentos era que en las poblaciones chicas no  había cajero, y si había que trasladarse era un contratiempo. Es verdad, quizá pasara eso en algunos lugares puntuales, pero la solución era poner cajeros, no volver al régimen anterior, donde el empleador paga una parte en blanco y otra en negro, y con ello hace evasión de impuestos (por lo tanto el empleador gana y la sociedad pierde). Pero además, la pandemia nos enseñó que si estos instrumentos no hubieran existido, hubiera sido muy difícil transitar estos años, especialmente cuando las actividades se vieron restringidas por el aumento de las infecciones y muertes por covid 19.

Por lo que el gobierno herrerista (y sus seguidores coaligados), a pesar de los pesares, descubrió que este instrumento era necesario, y lo utilizó, hasta el punto que recortó 2% del descuento de 4% que se hacía al IVA al utilizar tarjetas de cobro, lo que se traduce en un impuesto encubierto, puesto que el beneficio para la persona se reduce y la recaudación aumenta, en la misma proporción. Hay una transferencia, que hicimos todos nosotros al gobierno central, de modo indirecto. Póngale el nombre que quiera.

Pero hay otros artículos en este capítulo, como el 219, que trata del cobro de honorarios profesionales. Y allí, nuevamente, se quita el deber de pagar de modo electrónico (necesario, sobre todo, para saber la trazabilidad de los recursos económicos). Ahora en su lugar, dice “podrá” ser en efectivo hasta un monto máximo equivalente a 1 millón de Unidades Indexadas (aproximadamente U$S 110.000). Esto favorece la discrecionalidad y habilita prácticas ilegales, le quita transparencia e imposibilita la trazabilidad. El tope es ficticio, en la medida que puede ser reiterado con otras operaciones similares.

E incluso para el artículo referente al pago para proveedores del Estado (art. 220), establece la misma modalidad: ya no deberá ser únicamente mediante Instrumentos de Intermediación Financiera, sino que puede ser en efectivo hasta el límite máximo para la compra directa común, o a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera. Pero si esto se realiza en efectivo, establece prácticas de dudosa legitimidad financiera, haciendo imposible el rastreo, la trazabilidad de los fondos.

Estos fondos, tenían antes, con la ley aprobada por el gobierno frenteamplista en 2007, (y tienen ahora con la LUC), cierta restricción en cuanto a los montos, que alcanzaba a los 40.000 Unidades Indexadas. La nueva redacción habilita a que se “podrá” realizar hasta la suma de 1.000.000 UI, alrededor de 110 mil dólares, para determinados pagos que se detallan (y que no tienen desacuerdos en ambos textos). La diferencia, que es muy grande, entre la restricción al pago en efectivo anterior y el de ahora, con la LUC, puede habilitar “blanqueo” de dinero ya sea de narcotraficantes u otros, ya que no va a ser necesario demostrar de dónde procede el dinero. Pareciera hecho para asegurar ciertos negocios “turbios”. Se trata del artículo 221, Restricción al uso de efectivo para ciertos pagos. (No cualquiera tiene 110 mil dólares para comprar un bien, no se trata de los trabajadores asalariados, ni de la gente común. Por supuesto.)

Para ello, para que este artículo en particular, se pudiera cumplir, la LUC estableció derogar una serie de artículos de la anterior Ley (la Ley 19.210), de modo de mantener cierta coherencia en el articulado sobre el particular. Se trata del artículo 224 (Derogación de artículos de la Ley N° 19.210). Por ello entre los artículos a anular está éste, porque ya la anterior ley era clara al respecto. Si gana el SI, se volverá (y no hay ningún cuco en esto) a la anterior ley, la Ley Nº 19.210, que demostró su eficacia en cuanto al lavado de activos, en particular, y protegió al trabajador de los abusos de empleadores negligentes.

Un último artículo, el 225, habla de Procedimientos de debida diligencia, y trata de un aspecto sensible, que tiene relación con la prevención y la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. “Las cuentas de origen y destino de los fondos o valores podrán estar radicadas en instituciones de intermediación financiera del exterior, siempre que dichas instituciones estén situadas en países que cumplan con los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. Esto se mantiene en la LUC, aunque se le agregan algunos aspectos legales que no hacen a la cosa, tanto sobre las medidas de debida diligencia intensificadas, o bien las medidas simplificadas de debida diligencia, su categorización de acuerdo al comportamiento de esas instituciones.

En conclusión, bajo la premisa de una mayor libertad general, en realidad se le otorgan beneficios a un determinado sector de la sociedad, que el gobierno ha llamado los “malla oro”, esos que siempre caen parados. Como los diez gatos de mi vecina.

Por Sergio Schvarz
Periodista y escritor

 

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