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El acuerdo del gobierno con Katoen Natie: un tema grave y apto para todo público

Por Gustavo «Tato» Olmos
Diputado, integrante de Marea Frenteamplista /
Fuerza Renovadora

El gobierno otorgó a la empresa Katoen Natie un monopolio privado, sin regulación, para toda la operativa de contenedores en el puerto de Montevideo. Si no se logra revertir esta decisión, los próximos 60 años exportadores e importadores quedarán rehenes de una empresa que podrá cobrarles tarifas a su antojo. El aumento de tarifas al comercio exterior dañará la competitividad del trabajo uruguayo y encarecerá la canasta de consumo de los hogares.

Hay temas que, por su importancia, no deberían quedar sólo entre expertos y mucho menos cuando son asuntos fáciles de entender. El acuerdo que el gobierno firmó para el puerto con la empresa belga Katoen Natie (KN) reúne las dos condiciones: muy importante y fácil de entender. Es muy grave porque se trata de una decisión ilegal e inconstitucional, tomada por gobernantes de máxima jerarquía, con importantes consecuencias para la economía del Uruguay durante los próximos 60 años. Y es, a la vez, fácil de entender, porque la creación de un monopolio privado en el puerto viola tan claramente la constitución y las leyes, que no deja lugar para las famosas “dos bibliotecas”, tan comunes en temas jurídicos, donde todo parece ser discutible. Es fácil de entender también porque el acuerdo limita la competencia al extremo de crear un monopolio, para colmo privado y sin regulación, que como enseñan la Economía y la vida real, es la peor forma posible de organizar un mercado en lo que respecta al bienestar de los consumidores.

Gustavo «Tato» Olmos

KN, que desde 2001 opera en el puerto de Montevideo a través de la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP), amenazó al gobierno con un juicio que nunca concretó. La amenaza era por una cifra sin relación alguna con los números del negocio y no contaba ni por asomo con fundamentos jurídicos sólidos. En todo caso, ni KN ni el gobierno presentaron nunca estudios para justificar esa cifra millonaria, y los únicos argumentos jurídicos que se escucharon fueron los de la propia empresa. El ministro Heber, luego de contradecirse varias veces, tuvo que aceptar que tomó la decisión sin ningún informe jurídico, ni de expertos, ni de los servicios jurídicos de la Administración Nacional de Puertos o del Ministerio de Transporte. Ya en 2008 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) concluyó que KN no tenía derecho alguno a su reclamo de tratamiento preferencial o exclusivo, y que, en el puerto de Montevideo, regía la libre competencia. Frente a una amenaza muy poco creíble y a cambio de inversiones innecesarias en un puerto que tiene la mitad de su infraestructura disponible, el gobierno selló la suerte del puerto de Montevideo por los próximos 60 años. Exportadores e importadores quedan cautivos de una única empresa que podrá cobrar tarifas a su antojo.

El gobierno sostiene que el acuerdo permitirá mejorar la eficiencia de los servicios portuarios, y que de allí se deriva su conveniencia. Afirma que concentrando todo el movimiento de contenedores en una única empresa bajarán los costos medios. Pero concentrar toda la operativa en KN supone dejar sin clientes a cualquier otra empresa, eliminando la competencia. Los clientes que hoy, y desde hace años, se reparten en partes casi iguales entre dos empresas; a partir de la vigencia del acuerdo se verán obligados a operar sólo con KN. Esto se establece mediante la preferencia o exclusividad que se le asegura en el acuerdo y que, como vimos, es contraria al precedente establecido por el TCA. Como aquello de “si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra es un perro”, aunque no se usa la palabra monopolio, es precisamente eso lo que el acuerdo instaura. Se restringe la libre competencia al extremo de dejar en manos de la propia empresa la posibilidad de permitir o no la existencia de competidores.

Es muy discutible que limitar la competencia en el puerto pueda mejorar la eficiencia, pero es bien claro que la libre competencia portuaria es lo que establece nuestra legislación en tres leyes diferentes. Y también es clara nuestra Constitución en su art. 85: para crear un monopolio se necesita aprobación por ley y con mayorías especiales. No hay interpretación posible de decreto alguno, como hace el gobierno y KN, que pueda pasar por encima de la Constitución y las leyes. El acuerdo firmado por el gobierno viola claramente la Constitución y tres leyes.

Se viola la ley 16.246 (ley de Puertos) del año 1992, que dice en su artículo 13 que “la Administración Nacional de Puertos tomará las medidas jurídicas y prácticas pertinentes a efectos de A) Promover el ejercicio de la libertad de elección de los consumidores; B) Evitar la formación de monopolios de hecho y, cuando ello no fuere posible, establecer garantías que aseguren su control”. Se viola la ley 17.243 del año 2000 (por la que se creó TCP), que dice en su art. 20 “Se asegurará la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que los soliciten, (…) y no se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del Puerto de Montevideo”. Se viola la ley 18.159 (Defensa y Promoción de la Competencia) del año 2007, que dice en su art. 2 “Todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas por ley, por razones de interés general.” No hay dos bibliotecas, el acuerdo es ilegal.

El Frente Amplio ha exigido explicaciones para entender las razones que llevaron al gobierno a tomar esta decisión. Hasta ahora no hubo explicaciones, ni nadie que se manifestara conforme con el acuerdo, salvo la propia KN. Por el contrario, los expertos han sido muy críticos y, crecientemente, manifiestan también su rechazo, miedo e incertidumbre productores, trabajadores, exportadores, importadores, agencias marítimas y operadores portuarios.

Incluso los socios de la colación de gobierno, que reconocen no haber sido consultados, hacen públicas sus discrepancias. Todos reclaman una real rebaja de tarifas y una regulación que ponga límites a los apetitos de ganancia de la empresa. Sin embargo, ante el pedido de censura, respaldaron a Heber e impidieron así la caída del acuerdo. En cambio, impulsan una ley parche que sólo siembra más caos en el puerto, y que simula corregir aquello que el acuerdo expresamente excluye: la posibilidad de regular a KN. Esto lo constatamos fácilmente, también quienes no somos expertos, ya que el acuerdo dice en su cláusula 5a que los derechos y obligaciones de Katoen Natie previstos en el acuerdo “no deberán verse afectados de manera adversa como consecuencia de cambios normativos posteriores a la suscripción de este Acuerdo”. El gobierno ató de manos al Estado, renunciando a su capacidad regulatoria en favor de KN que cobrará tarifas a su antojo.

El Frente Amplio continuará buscando los mecanismos para evitar que los siguientes 12 gobiernos que surjan de las elecciones nacionales, hasta el año 2081, deban resignar soberanía por las decisiones tomadas por el gobierno actual.

 

 

 

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