De los DDHH al Puerto: la caducidad de funciones estatales, una idea motivadora para los blancos

Cuando la derecha quiso amnistiar en 1986 a los asesinos, torturadores, violadores, envenenadores, secuestradores, ladrones, mentirosos y corruptos mandos militares y equipos especiales de represión del régimen, inventó la fórmula mágica de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Fue el P. Nacional quien ideó la salida que tanto agradeció Sanguinetti.

En buen romance, significaba renunciar como Estado a hacer Justicia. Tratamiento que reivindican, desde entonces, los ladrones de gallinas y ganado, narcotraficantes, rapiñeros y demás gremios del crimen organizado por una cuestión de igualdad ante la ley.

Con igual fórmula que aquella vez, con los mismos socios más el P. Independiente, decidieron reeditarla en otro tema específico: el Puerto de Montevideo.

La caducidad es convocada por los blancos solo en grandes temas: ante las violaciones de los DDHH, cesa la Justicia; ahora, ante la soberanía de la terminal de contenedores, cesa la regulación estatal y se crea por decreto un monopolio privado y extranjero.

¿Es por temor o por interés o por valores?
Ambas veces las justificaron por temor. En 1986 decían: el general Medina guardó las citaciones judiciales a Gavazzo y otros en su caja fuerte y no piensan concurrir al Juzgado ¡republicanos temblad!

En 2021 dicen: Katoen Natie. piensa hacernos un juicio por 1500 millones de dólares ¡pueblo temblad!

Sin explicaciones, se deja ver que estamos perdidos de antemano, no vale la pena dar pelea alguna, conviene pagar lo que reclaman y dejar pasar muchas décadas para olvidar estas pesadillas. Son malos pero fuertes, nada podemos hacer más que evitar que nos castiguen.

Cuesta creer que gente tan formada en el arte político y los vericuetos del poder desde la cuna como los Lacalle y los Heber, tengan miedo. No lo muestran sus trayectorias ni su partido que recoge una prolífica historia de levantamientos y guerras que tanto los honran.

Menos aún que se trate de valores siendo un Partido que tiene por lema «defensores de las leyes», y no hay letra chica en su escudo ni programa que diga nada sobre las caducidades de las mismas.

Entonces, queda la sospecha que lo hacen por intereses muy poco explicitados: ganar la voluntad y el voto de las huestes militares otrora, ganar ahora el apoyo de una multinacional poderosa que YA financió su campaña 2019 como consta en la Corte Electoral. ¿Y en las futuras hasta 2081?

También hay que quebrar una lanza por los seguidores de Aparicio: no solo intereses electorales los mueven, al menos los herreristas son enemigos declarados del estado batllista y similares y, por ende, de las empresas públicas y su rol regulador. Aquí hay una mirada ideológica profunda, hecha terrenal con el concepto de los «malla oro», un hallazgo presidencial que vale más que sesudos libros. Ley política solo uruguaya: los presidentes de apellido Lacalle buscan la forma de privatizar lo redituable, entienden que los ricos son el motor que debe liderar y que el pelotón debe seguir atrás pedaleando.

La caducidad de la caducidad
Sin embargo hoy, Gavazzo, la patota de la OCOA y algunos civiles asociados están procesados, los dictadores como Juan María Bordaberry y Goyo Álvarez murieron presos. Por suerte, hasta el propio ministro Heber decidió violar su tan defendida caducidad y pretende hoy hacer Justicia con el envenenamiento de su propia madre. ¡Enhorabuena!

Cayó la caducidad de la pretensión punitiva del Estado por inconstitucional, por violentar todo principio justiciero y republicano, por violar todos los tratados internacionales en materia de DDHH. La democracia es más sólida, la Justicia más creíble y el miedo desapareció.

La nueva caducidad de la pretensión reguladora y soberanista del Estado, que no se formula con este nombre porque tiene mala prensa pero es la esencia del decreto aprobado, ¿durará? ¿seremos la ciudad-puerto uruguayo-belga hasta 2081 por mandato del P. Nacional y la coalición multicolor?

Algo huele mal en el puerto de Montevideo y, a poco de andar, se va esclareciendo. Esto es inconstitucional como muestra el coloradísimo constitucionalista Dr. Correa Fleitas, es ilegal, perjudicial para la soberanía nacional, atenta contra el Estado y su rol regulador y favorece intereses extranjeros. También lo advierte el ex embajador, experto en materia portuaria y asuntos del Río de la Plata, Dr. Edison González Lapeyre. Se preocupan los importadores y exportadores que quedan a merced de una empresa trasnacional. En fin, no se trata pues de una andanada frenteamplista poniendo palos en la rueda o iceberg a los barcos del superior gobierno.

Por Eduardo “Ewe” Vaz
Fundador y referente de Fuerza Renovadora

La ONDA digital Nº 1008 (Síganos en Twitter y facebook)
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