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Causa judicial: memorándum con Irán

Antes, un poco de historia, para entender mejor.

El lunes 18 de julio de 1994 se produce el atentado terrorista que voló la sede de la AMIA.

Menem puso al frente de la  Secretaría de Seguridad al brigadier Andrés Antonietti, quien en 1980 en plena dictadura terrorista le puso una bomba al estudio jurídico de los Kirchner en Río Gallegos.

En 1996 Cristina Fernández integró la Comisión bicameral de seguimiento de los  atentados de la AMIA y la Embajada de Israel. Formó  parte de la misma hasta 2001, cuando finalizó.

Quedó claro para Cristina, que se buscaba impedir que se llegará a la verdad. Estaba frente a una “fabricación de un juicio”. Hubo varios testigos que decían que el juez Galeano cometía irregularidades para que no se llegara al fondo del asunto.

Se inventaron acusaciones contra integrantes de la policía bonaerense para perjudicar a Duhalde y beneficiar a Menem. Al oficial superior Juan José Ribelli de una foja intachable  y a otros policías los acusaron falazmente de ser un eslabón del atentado, junto a Carlos Telleldín, en la entrega de la camioneta con la que se habría realizado el atentado.

Fue una jugada contra Duhalde que se candidateaba para presidente, dado que los policías inculpados dependía de él que era el gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

En 2004 en el juicio oral de la causa AMIA se supo que el juez Galeano había ordenado a una parte de la SIDE que pagara 400 mil dólares a Telleldín para que acusara por el atentado a los policías de la provincia de Buenos Aires.

Había todo un entramado formado por Menem, integrantes del Poder Judicial, la Secretaría de Inteligencia y la Policía Federal controlada por Menem.

El Tribunal Oral resolvió la nulidad de todo lo investigado. Volvió todo a foja cero y empezó AMIA II. Dispuso la libertad de Ribelli que se comió un garrón de 8 años presos.

Fue uno de los  fraudes procesales más importantes de la historia argentina.

Cristina en solitario firmó el Tercer Informe de la comisión parlamentaria para llevar a juicio oral al juez Galeano, cosa que no ocurrió.

La causa de encubrimiento, AMIA II, se había iniciado en el año 2000 a cargo del juez Claudio Bonadío, que había sido funcionario de Carlos Menem hasta días antes del atentado a la AMIA. Fue apartado del caso por su inacción y denunciado por la Cámara Federal que decidió su apartamiento.

Bonadío fue unos de los jueces de “el escándalo de la servilleta” donde a dedo, en un bar, se designaron jueces sin méritos, como jueces federales.

De ahí vienen muchos de los integrantes que después persiguieron a Cristina.

Apartado Bonadio, asumió el caso el juez Ariel Lijo. Los imputados eran el juez Galeano y el ex secretario de Inteligencia Hugo Alfredo Anzorreguy y los ex fiscales Eamon Gabriel Mullen y José Barbaccia; Telleldín y la pareja del mismo, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, el ex agente de la SIDE Patricio Finnen. La lista se completaba con Carlos Menem y Jorge Alberto “Fino” Palacios de la Policía Federal –quien fuera con Macri como Intendente de Bs.As., primer jefe de Policía de la ciudad, quien tuvo que renunciar por las escuchas ilegales- y el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar y el ex policía Federal Carlos Antonio Castañeda.

En 2004 cuando el Tribunal Federal decreta la nulidad de todo lo actuado en la causa AMIA, la Procuración General de la Nación crea la UFI-AMIA o Unidad Fiscal para investigar el atentado, que van a encabezar los fiscales Alberto Natalio Nisman y Marcelo Martínez Burgos.

Nisman estaba desde el año 1997 y trabajaba ya con los fiscales Mullen y Barbaccia en el caso. Como estos dos últimos fueron acusados de encubrimiento, quedó solo, él. Nisman quedó encargado de buscar pruebas contra los miembros de la Policía Federal, acusados de haber participado en el atentado.

Desde setiembre de 2003 el fiscal se vinculó con Antonio “Jaime” Stiuso un poderoso agente de inteligencia desde 1972, llegando a jefe de Operaciones de la ex SIDE, que se ocupaba de los iraníes. Vinculado  a la CIA y Mossad. Desde 1997 se fueron estrechando los lazos entre Stiuso y Nisman.

En setiembre de 2004 quedó comprobado el desvió de la  investigación y el encubrimiento, cuando el Tribunal Oral Federal sostuvo que el juez Galeano había armado una acusación falsa con complicidades varias, entre ellos fiscales, entre los que estaba Nisman en complicidad con la ex SIDE. Nisman no apeló la decisión, cuando él había tenido gran participación en la incriminación. Su objetivo era seguir en la causa, lo que logró cuando su designación al frente de la UFI-AMIA.

Nisman y  Martínez Burgos no investigaron a los fiscales Mullen y Barbaccia, porque era investigarse a sí mismo. Siguió Nisman detrás de su único objetivo: la culpabilidad de Irán.

Nisman recibía “información” de dos servicios de inteligencia extranjeros. Antes de decidir consultaba con la Embajada de los EE.UU., que le aconsejaba que se enfocara en los autores del atentado y no en la primera investigación.

En octubre de 2006 Nisman y Martínez Burgos en un dictamen acusaban por el atentado al gobierno de Irán y a la organización terrorista libanesa Hezbollah.

Le solicitaron al juez Canicoba Corral la captura internacional del presidente iraní del momento y de otros funcionarios del gobierno iraní y a un integrante de Hezbollah. Las acusaciones se apoyaban en la información que aportaba Stiuso.

En 2007 renunció Martínez Burgos y luego quien lo sustituyó, Hernán Longo; así Nisman y Stiuso concentraron todo el poder, la información y los recursos de la UFI-AMIA.

Los gobiernos de Néstor y Cristina hicieron todo lo posible para seguir con la investigación. Prueba de ello, fueron sus discursos  en la Asamblea General de la ONU, reclamándole al gobierno de Irán su colaboración para tomarles declaraciones a ciudadanos de ese país.

La causa estaba paralizada porque de acuerdo a las leyes argentinas  no se pueden hacer juicios en ausencia. El gobierno Iraní no daba lugar a los reclamos porque de acuerdo a su Constitución está prohibida la extradición de sus ciudadanos.

La firma del memorándum de entendimiento con Irán, el 27 de enero de 2013 buscaba destrabar una causa, que venía de más de 18 años atrás.

Las autoridades del Poder Judicial pidieron tomarles declaraciones a los acusados en Teherán. Irán aceptó conversar sobre el tema.

El 25 de setiembre de 2012, Cristina Fernández anunció en la ONU que había dado instrucciones a su Canciller para reunirse con su par iraní.

En su intervención remarcó que en caso de acuerdo, el mismo debería aprobarse por los parlamentos de ambos países y que se debía tener en cuenta la opinión de los familiares de las víctimas del atentado. Los familiares y las organizaciones AMIA y DAIA vieron bien  el discurso de Cristina en la ONU.

El memorándum buscaba destrabar la situación. Mientras se negociaba se mantenían las alertas rojas que sólo el juez de la causa puede levantarlas.

Finalmente el Memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán fue debatido y aprobado por el Parlamento argentino el 27 de febrero de 2013. Pero, el Memorándum nunca estuvo en vigencia, porque el parlamento iraní ni siquiera lo trató.

Es absurdo que se quiera meter presa a una  ex presidenta y acusarla de traición a la patria cuando el memorándum nunca entró en vigencia. Porque  además tendrían que ir presos la mayoría del Congreso que lo aprobó. Las dos cosas son ridículas más allá de cualquier valoración.

 

Por el Prof. Gonzalo Alsina

La ONDA digital Nº 998 (Síganos en Twitter y facebook)
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