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“La guerra contra las drogas”: de Nixon a la LUC

Desde que Richard Nixon declaró en 1969, que EE.UU. emprendería una “guerra contra las drogas”, la frase se instaló en el imaginario mundial.

Luego de dicha declaración se aprobó la Ley Comprehensiva para la Prevención y Control de la Drogadicción, que es la base legal de las políticas antidrogas en EE.UU.

La guerra de Nixon se inspiró en la ley Harrison de 1914 y en la Convención Internacional del Opio, firmada en La Haya en 1912. En la Ley Boggs de 1951 que clasifica a la marihuana en el mismo grupo que la heroína y la cocaína, e impuso la pena de muerte para los que la vendieran a menores. (Acaba la ONU en una decisión histórica, eliminar el cannabis de la lista de las drogas más peligrosas).

A fines del siglo XIX en San Francisco se prohibió fumar opio y en Nueva York a los fumadores de opio; leyes que perjudicaron a los inmigrantes chinos, para poderlos controlar.

El control sobre la marihuana estaba vinculado al control de los mexicanos.

A la legislación de 1969 siguió, el 6 de julio de 1973, la creación de la DEA (Administración Ejecutiva de Drogas), la agencia nacional antidroga que según el presidente Nixon, emprendería “una guerra global sin cuartel contra la amenaza de las drogas”. La DEA junto con el Departamento de Salud y los Servicios Humanos de los EE.UU. (HHS), son los pilares del andamiaje para la lucha contra las drogas.

No hay ninguna evidencia de que se estuviera ante una crisis nacional por las drogas. La guerra contra las drogas fue el Caballo de Troya de la Casa Blanca para intensificar la participación federal en las tareas policiales. Le permitió a Nixon llevar adelante su promesa electoral de ser duro contra el crimen y al mismo tiempo impedir la rebelión política organizada.

En realidad la guerra anti drogas se inició en 1968 cuando las protestas estudiantiles sacudieron a gran parte del mundo y la guerra en Vietnam empezaba a empantanarse. Para 1971, la mitad de los soldados estadounidenses en Vietnam habían probado la heroína y todos los meses morían soldados por sobredosis, en una época que los jóvenes experimentaban con drogas legales e ilegales a niveles nunca vistos en la historia de EE.UU.

Los esfuerzos antinarcóticos sirvieron de pantalla para reprimir y aplastar las protestas antibélicas y antiimperialistas de los años 60 y 70. Para ello hicieron leyes antidrogas estrictas y endurecieron las penas.

Estas medidas sirvieron para reprimir las manifestaciones de los hippies y sectores juveniles radicales en las calles y le permitieron a USA unificar criterios a nivel global, incluidas las dictaduras en América Latina.

Desde esa época EE.UU. lidera los esfuerzos mundiales del control antinarcóticos, en la reducción del suministro, partiendo del supuesto de que se reduciría la oferta, haciendo que los precios subieran y para que la demanda disminuyera; cosa que no ha ocurrido.

Parte de estos objetivos fue la Operación Intercepta llevada adelante por Nixon, como estrategia para frenar el ingreso de la marihuana desde México y poder así controlar la frontera y la migración. Esta Operación fue anunciada por Nixon a las 2:30 pm del domingo 21 de septiembre de 1969, en los cruces fronterizos con México para reducir la entrada de marihuana.

Esta Operación fue en realidad “un ejercicio de extorsión internacional, puro, simple y efectivo para someter a México a nuestra voluntad”, dijo G. Gordon Liddy consejero de Nixon y condenado por el caso Watergate.

La Ley de Sustancias Controladas (Controlled Substances Act –CSA-) promulgada por el Congreso de EE.UU., con el Titulo de la Ley de Control y Prevención Comprensiva del Abuso de Drogas de 1970. El CSA es la base legal por la cual la elaboración, importación, posesión y distribución de ciertas drogas están reguladas por el gobierno federal de EE.UU.

Otro pilar jurídico es la Convención Única sobre Estupefacientes, firmada en Nueva York el 30 de marzo de 1961, que es el primer tratado internacional para controlar las drogas. Acá EE.UU. incidió de manera decisiva.

El 21 de febrero de 1971 se realiza la Convención sobre substancias psicotrópicas, donde se flexibilizan las medidas de fiscalización para un grupo de productos farmacéuticos incluidos en las listas II, III y IV de la Convención de 1961. La nueva Convención entra en vigencia el 16 de agosto de 1976.

Las previsiones para terminar con el tráfico de drogas están recogidas en esta Convención, así como en el tratado de 1988 de la ONU, donde entre otras previsiones está el control del lavado de dinero.

Nuestro país que adhirió a dicho tratado, con la LUC, de reciente aprobación por la coalición multicolor, produce un enorme retroceso que facilita a los narcos el lavado de dinero, al relajar los controles para compras menores a 100.000 dólares.

Continuará.

Por Pablo Reveca
Comunicador Uruguayo


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