El 4 de enero de 2021 se autorizará o no la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, que lo reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática castigados con hasta 175 años de cárcel en ese país.
La decisión sobre la extradición de Assange a Estados Unidos está próxima después de que en noviembre la acusación y la defensa del activista presentasen sus conclusiones finales. Acusado de revelación de secretos, se enfrenta a varias cadenas perpetuas.
En las últimas horas el gobierno alemán mostró su “preocupación” por el desarrollo del proceso de extradición del fundador de la plataforma WikiLeaks, Alemania recordó asimismo al Reino Unido que está ligado a la Convención europea de Derechos Humanos y se refirió concretamente a la posible pena y las condiciones de la condena.
El procesado considera que EE. UU. tiene «motivaciones políticas», permanecerá en prisión preventiva mientras sigue su proceso, que podría alargarse en el tiempo si, como es previsible, la parte perjudicada recurre el fallo.
Durante el proceso, la novia del procesado y madre de dos de sus hijos, Stella Moris, ha liderado una campaña para pedir la libertad de su pareja y ha recaudado más de 150.000 (165.000 euros) en internet para sufragar los costes legales.
En las últimas semanas varias instituciones de derechos humanos europeas y personalidades del ámbito jurídico, han especulado con la posibilidad de abrir una negociación sobre el “caso Assange” con el nuevo gobierno norteamericano que se instalara a partir del 20 de enero. Los contrarios a estas iniciativas recuerdan que ya existe un acuerdan con el gobierno del presidente Donald Trump negociado que comprendía la expulsión en abril de 2019 de Assange de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se había refugiado como asilado político en 2012 y su posterior entrega a los EE.UU.
(Con información de Diarios y Agencia)
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