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La SIP rechaza la LUC, «encarcela a periodistas por agravios a policías»

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó este viernes una ley aprobada por el Senado de Uruguay que castiga con cárcel a periodistas y otros ciudadanos que agravien, insulten o critiquen en forma verbal o por escrito a policías.La SIP, con sede en Miami, subrayó que penalizar las críticas de ciudadanos, periodistas y medios de comunicación «es una forma de crear privilegios que se remontan a la desafortunada era cuando en América Latina había muchas leyes de desprecio e insulto que protegían erróneamente el honor de las autoridades».

Según la Sociedad Interamericana de Prensa, la iniciativa crea «un nuevo delito penal contra las libertades de expresión y de prensa…Los agentes de policía deben estar protegidos de las quejas físicas y violentas», subrayó la SIP, pero criticó la «sobreprotección».

Los legisladores «se han excedido en sus labores, al crear ‘un nuevo delito de comunicación’ o una nueva acción penal contraria a principios constitucionales sobre las libertades de expresión y de prensa», manifestó la organización.Christopher Barnes, presidente de la SIP, y Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, rechazaron la iniciativa, especialmente en una época de controversia mundial por «los abusos cometidos por policías contra los ciudadanos y por dotar a las fuerzas del orden con mayor institucionalidad».

El Senado uruguayo aprobó el pasado 6 de junio el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), un paquete de 476 artículos, entre los que se incluyen medidas de salud, educación, vivienda y seguridad.La iniciativa, ahora en discusión en la Cámara de Diputados, además crea «un nuevo delito penal contra las libertades de expresión y de prensa», se lamentó la SIP.El proyecto de ley precisa que aquel que «obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte, por palabras, escritos o hechos, a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas, será castigado con una pena de tres a dieciocho meses de prisión».

«El agente policial es quizás el primer contacto que el ciudadano tiene con el Estado, y el canal por el que frecuentemente experimenta violaciones a sus derechos, lo que lo transforma en sujeto natural de escrutinio social y de los medios en particular. Uruguay siempre ha dado muestras de una profunda cultura democrática y de libertad de expresión, por lo que esperamos que los diputados sean fieles a esa tradición», Christopher Barnes, presidente de SIP y Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. (laestrella.com.pa)

 

 

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