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No es poco importante, trivial o insignificante que los formalizados en la Operación Océano por explotación sexual de menores estén contratando “agencias de comunicaciones”, expertos en imagen pública y publicidad, para tender una cortina de humo que les ayude a eludir la responsabilidad y las consecuencias de sus actividades criminales.

Es parte de una operación equiparable, salvada alguna distancia, a “la linea de las ratas” que se montó, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, para ayudar a escapar a los criminales nazis, ya fuese ocultándolos en distintas zonas de Alemania o trasladándoles, con la ayuda de la Cruz Roja y de sectores del Vaticano, hacia las Américas, África o el Medio Oriente.

A los penalistas más competentes les llueven clientes pudientes y se moviliza el entorno de las amistades, vínculos y subordinados para conformar el coro y la cadena de quienes clamarán por la excelencia, la inocencia o la prístina conducta de los formalizados.

Esto se desarrolla en medio de una idea de campaña, sistemáticamente promovida durante los últimos años por la derecha, según la cual nuestro país se encuentra en una grave crisis generalizada.

Se trata de una idea o un relato que es desmentido por todos los indicadores sociales y económicos que se ha instalado magnificando frenéticamente preocupaciones legítimas y falencias reales pero sobre todo creando una dinámica de confrontación, de odio y de exclusión mediante noticias falsas, posverdades y otras perlas del manejo mediático.

Ha sido una dinámica, promovida con fines estrictamente electorales, que fue exitosa para desplazar a la izquierda del gobierno y para poner en marcha un plan global reaccionario mediante una artimaña de leguleyos: una ley “de urgente consideración” que debe ser aprobada por el parlamento en 90 días. Un mamotreto con más de 500 artículos que abarca todos los ámbitos de la vida del país (trabajo, salud, educación, seguridad, tenencia de la tierra, agenda de derechos, etc.). El contenido y la forma de la ley son claramente antidemocráticos. Procura imponer una política neoliberal y regresiva, evitar la discusión y dotarse de herramientas para reprimir y amordazar cualquier oposición.

En este marco la pandemia Covid-19 ha agregado un clima propicio para el autobombo gubernamental perpetuo, para establecer un clima de “emergencia” y para disimular su intención autoritaria de no negociar, no discutir, no aclarar y sobre todo, mantener su tesitura de que todo lo que se hizo en los tres gobiernos anteriores ha sido malo y debe ser liquidado. Si hubiera que definir en dos frases las principales características del gobierno habría que decir que su preocupación principal es “el restablecimiento del principio de autoridad” y la sustitución de la solidaridad popular por la mezquina caridad de los poderosos.

Volviendo a la idea instalada de un país en profunda crisis, que una mayoría de la ciudadanía acompañó en las últimas elecciones nacionales, muchos admiten que siendo la situación tan grave como se la pinta (sin argumentos serios) no hay más remedio que aceptar las medidas extremas aunque estas aumenten la pobreza y acarreen sufrimiento para la gran mayoría de la población.

Tal como se la presenta (con el aderezo de la pandemia y el consiguiente perjuicio para la economía del país) se pensaría que nos encontramos en una situación similar a una guerra. De hecho jerarcas del gobierno y sobre todo voceros de la ultra derecha como el ex-general Manini Ríos han definido que enfrentamos efectivamente “una guerra contra un enemigo invisible”.

En nombre de esta “causa justa” se recurre a métodos crueles (aumento de tarifas públicas, rebaja de salarios y jubilaciones, aumento de impuestos) destinados a excluir a los “combatientes prescindibles”: los viejos, los niños, los trabajadores informales, los hogares con menores ingresos y en general a quienes no se plieguen entusiastas a las medidas frl programa reaccionario.

En el terreno del trabajo lo fundamental no es el equipamiento bélico convencional (excepto para algunas exhibiciones propagandísticas y/o intimidatorias) sino el desarrollo de la competitividad. En medio de esta guerra, que nadie santifica, muchos aceptan declinar libertades y principios antes proclamados. El fin justifica los medios.

Se trata de una guerra por la salud de la población pero para los gobiernos derechistas (cuyo ejemplo perfecto es Bolsonaro) lo fundamental es la salud de las empresas. En nombre de esta guerra no se producen únicamente víctimas individuales o civiles porque, para las cámaras empresariales de gravitación decisiva, la puja no tiene como objetivo único la supervivencia y la superación de la crisis. Para los grandes empresarios, sobre todo los del agronegocio, la guerra sirve también para preparar sus armas para liquidar a sus competidores, ganándoles mercado o empujándolos a la quiebra.

Naturalmente las pequeñas y medianas empresas son las que más sufren aunque esto no quiere decir que las más grandes estén a salvo del fracaso. A veces alguna gran empresa es obligada a una rendición incondicional o sus dirigentes o propietarios optan por huir dejando a los trabajadores y proveedores en la estacada. Esta guerra económica provoca bajas aún entre los más ardientes partidarios del neoliberalismo.

Muchos analistas y expertos, especialmente en el campo de la economía, se dan cuenta que hay medidas absurdas incluidas por el gobierno en la llamada “ley de urgente consideración” y tratan de advertir que se debe actuar de otra forma.Vano intento. Esta situación ya se ha vivido en el país más de una vez desde mediados del siglo pasado. Los economistas neoliberales y los políticos derechistas son muy conscientes de los riesgos que corren y desde luego de los que corre el país.

Nadie puede negar que la crisis catastrófica del año 2002, que llevó al Uruguay al borde de la bancarrota, había sido prevista y advertida con mucha claridad y antelación. Sin embargo, los economistas neoliberales son reacios a cambiar el rumbo porque siempre piensan que sus competidores van a caer antes que ellos y que sus opositores serán silenciados.

Esto no quiere decir que las posiciones y decisiones de los dirigentes derechistas de la coalición multicolor no sean legales o legítimas o que quienes se oponen al neoliberalismo, el Frente Amplio, las organizaciones sociales, la central obrera, se limiten a denunciar los riesgos. Quienes se oponen o reclaman plantean alternativas, tienen propuestas, de modo que no hay aquí ni resignación ni desistimiento.

Desde el punto de vista del psicólogo no se trata de comprender la lógica económica o política de la coyuntura – asunto en el que hay eximios analistas – sino en concentrarse en el análisis de las conductas humanas que producen este tipo de “guerra” y en el de las que llevan a admitir tales condiciones y a someterse a ellas.

La “guerra económica” puede funcionar porque hay hombres y mujeres que consienten en participar en la misma. Por eso – dicho sea al pasar – resulta tan vigente e importante ahora estudiar el fenómeno del nazismo para comprobar como fue que se insertaron en el Tercer Reich las conductas de una parte mayoritaria de la población alemana.

En suma se trata de pesquisar los resortes subjetivos de la dominación y de responder a un interrogante que ha formulado el antropólogo francés Alain Morice: ¿porqué hay quienes consienten en experimentar el sufrimiento, mientras que otros aceptan infligir este sufrimiento a quienes lo padecen? La respuesta se encuentra en el estudio del sufrimiento en el trabajo que sugiere que los resortes del consentimiento correspondientes al sujeto psíquico son determinantes.

El sufrimiento en el trabajo va generando una actitud de consentimiento y participación en el sistema. En los casos en que el consentimiento funciona, el sistema genera más sufrimiento y quienes trabajan pueden ir perdiendo la esperanza de que las condiciones puedan mejorar. Los trabajadores pueden sentir que su esfuerzo y compromiso con la empresa no hace sino empeorar la situación. De este modo, la relación de las personas con su trabajo se va apartando cada vez más de la felicidad y seguridad compartidas. La del trabajador o la trabajadora, en primer lugar, pero también la de su familia y sus compañeros, sus amigos y sus hijos.

El sufrimiento está en relación directa con el absurdo de esforzarse cuando eso no se corresponde con lo esperado en el plano material, afectivo, social y político. Por otra parte, el sufrimiento en el trabajo tiene una incidencia directa e inquietante en el funcionamiento psíquico y la salud general de los trabajadores pero no es capaz de detener la maquinaria de la “guerra económica”.

El hecho de que los sindicatos uruguayos y su central, el PIT-CNT , no limiten su lucha reivindicativa a la preservación de los puestos de trabajo y a la defensa del salario, sino que incorporen una preocupación permanente por las condiciones de trabajo es muy importante para enfrentar el consentimiento. En materia de sufrimiento (y este incluye el empobrecimiento, la rebaja salarial, el aumento de la explotación, la degradación de los empleos, la desocupación, etc.) no existen leyes naturales. El sufrimiento no es inexorable y la defensa contra él se articula con la solidaridad y otras reglas de conducta construidas por los trabajadoras y las trabajadores organizados.

Por Lic. Fernando Britos V.

La ONDA digital Nº 954 (Síganos en Twitter y facebook)
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