Camioneros y agenda pro-vida, liberados

El día después de la “Nueva normalidad” y la entrada en soledad de la “libertad responsable” que se irradia desde la presidencia”, nos permite informarnos mejor de que el gobierno del Dr. Lacalle lleva desde el 1° de Marzo un plan de formateo del Estado que heredó de la administración Frenteamplista.

Lo principal es informase en qué dirección se toman las nuevas leyes y decretos. Una de las más significativas y que cambiaran la vida a muchos ciudadanos, es si se modifica la “agenda de derechos” o mejor dicho los derechos adquiridos como desarrollo de una democracia de calidad.

Son muchas en tan poco tiempo las medidas de formateo, que cuando la información del coronavirus no sea la predominante, y dejemos de vivir en una burbuja de la “libertad pasaremos como de un sueño a la realidad.

Dos datos de esta “nueva realidad” no debieran olvidarse: muchas de estas medidas fueron aprobadas por el Parlamento con modalidad exprés, sin que la voz de la oposición alcanzara la fuerza de una alerta mayor. Y aún queda pendiente en la misma dirección, que la Ley de Urgente Consideración sea aprobada.

En la cadena de medios del lunes 4 de mayo, que fue con periodistas del interior en modalidad virtual, quedaron en evidencias algunas de estas medidas ya tomadas, que provocarán cambios sustanciales en un sentido regresivo.

Por ejemplo, ante una pregunta de un periodista sobre una probable “evasión de impuestos del transporte de carga”, el presidente Lacalle Pou respondió “que firmó un decreto que suspende el monitoreo del Sistema Integrado del Transporte de Carga (SITRAC) porque generaba dificultades para las medianas y pequeñas empresas de transporte”. Agregando que “La formalidad es un fin primordial para este Gobierno”, pero que se requiere un sistema de contralor que abarque a todos, los que tienen una flota de camiones o los que tienen dos.

Lo que faltó decir es que varias medidas tomadas en su momento fueron iniciativas del gremio de los camioneros.

Un aspecto de las medidas derogadas permitía continuar la profesionalización y la formalización de los transportistas. En tal sentido se había establecido para el año 2020 la obligatoriedad del uso del Sistema Integral de Control del Transporte de Carga, pero este gobierno lo suspendió. De ahí la pregunta del periodista sobre la “evasión de impuestos del transporte de carga en una suma superior a los 500.000.000 de pesos”

El argumento dado desde el Ejecutivo no se ajusta a lo sucedido.

Los que en realidad necesitan sobrevivir son los chicos y en general los evasores son los grandes que al no pagar ni BPS ni los laudos correspondientes, terminan imponiendo precios de fletes que no cubren los costos reales. Por lo que a la larga los que tienen uno o dos unidades al no poder competir, se funden.

Como muestra el documento que publicamos, el decreto fué firmado el 27 de febrero, pero empieza a conocerse ahora que según el presidente en esta misma conferencia del lunes 4/5; “no corre más aquello de quedate en casa”.

Otro pensamiento que sale de la presidencia y huele mal.

Ante una pregunta de un periodista de Paysandú, que de hecho se transforma en una declaración política reclamando al presidente que haga algo para que no siga sucediendo lo que prevé la “Ley conocida como la interrupción voluntaria del embarazo”, la repuesta de Lacalle Pou fue ambivalente; “cuando una sociedad ha decidido en el Parlamento y luego con la posibilidad de ser refrendado, plebiscitado en la opinión pública esa ley y no tuvo las voluntades que debió tener, esa es una ley vigente. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos una agenda pro-vida”. ¿Cómo entender que a la vez de reconocer que existe una ley aprobada por el parlamento y refrendada en un plebiscito el presidente tiene una “agenda pro-vida”?  ¿Sabe el presidente que esta “agenda” es una clara politización evangélica en torno a la “Ley conocida como la interrupción voluntaria del embarazo”?

Por Manuela Sanchez

TEMA VINCULANTE:  Opinión del Sindicatos de transportista SUTCRA a la opinión pública

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