En tanto Gobierno e Inversores coinciden en reactivar la construcción, el Sunca negocia medidas de “sanidad” para sus afiliados. Toda la discusión se centra en el virus.
Los riesgos para un trabajador de la construcción son de todos los días, cientos, miles de días en que expone su físico y su salud. Los de un monteador, un zafrero rural, ídem. Sé bien de qué hablo y no me duelen prendas. No es una cuestión de suerte que en mi extenso tiempo de obras no murió un trabajador. Sabido es que el desgaste físico, las lesiones, aminoran con el uso de vestimenta adecuada, al fin obligatorio. Las nuevas generaciones deben acostumbrarse al utilizar el casco, los guantes, antiparras y calzado de seguridad. Pero en la 
actualidad, la disposición en el mercado local de equipos mecanico-electricos livianos, personales, es otro formidable componente que sustituye el esfuerzo físico. La disminución de su precio contribuye a una mayor utilización ya que un taladro percutor, una amoladora y otras nuevas herramientas se amortizan en un pequeño tiempo de uso. Estos insumos deben ser incorporados mediante un adiestramiento previo al ejercicio y con una certificación de las instituciones al efecto avaladas por el Estado. De esa forma se vinculará la actividad con una doble protección personal específica al trabajador.
Los gremios del ramo y el Ministerio de Trabajo han avanzado notoriamente en estos aspectos y como en este caso el Derecho debe amparar las costumbres, es hora de normalizar estos adelantos, hacer su requisito de ingreso y cumplimiento obligatorio. Este principio de humanidad efectivizado permitirá que miles de compatriotas lleguen a su jubilación sin mutilaciones, con los pies, manos y ojos sanos, sin la espalda deshecha. Porque no ha sido el virus el que históricamente atenta contra su salud sino las condiciones de trabajo. Y la legislación no ha acompañado a estas ramas de la actividad en esto y otros parámetros. Baste saber que los militares se jubilan a los cincuenta años con el excluyente argumento de ser una profesión de riesgo mientras un obrero debe tener 65 y 30 años de aportes para obtener la suya. Ocupados con riesgos tangibles, inherentes a su profesión. Causantes, en menor o mayor grado, de secuelas para una post-vida problemática y, en promedio, de menor duración.
En tanto la clase política asume la responsabilidad de legislar al respecto las gremiales de la Construcción pueden y tienen mucho de bueno para aportar aun en tiempos del virus.
Por Luis Fabre
La ONDA digital Nº 945 (Síganos en Twitter y facebook)
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