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Dura respuesta a la Senadora Bianchi y al Dr. Sanguinetti por insistir en destituir a los Inspectores del CES

Un duro cuestionamiento a la Senadora Graciela Bianchi y al Dr.  Julio María Sanguinetti de la Dra. Beatriz Bello, por las declaraciones de estos senadores a medios de comunicación, pidiendo duras sanciones a Inspectores del Consejo de Educación Secundaria (CES) que según trascendió ya fueron sancionados por el CES, después de que mostraran públicamente su apoyo a la fórmula presidencial de Daniel Martínez y Graciela Villar, en las últimas eleciones nacionales.


La insistencia de la Senadora Bianchi y el senador, Julio María Sanguinettien, en destituir a los Inspectores del CES: Algunas reflexiones que parecen necesarias.

– Recientemente, la Senadora Graciela Bianchi, escribió en su cuenta de Twitter “La próxima semana se instalan las Comisiones del Senado. Propondré citar en forma inmediata al CODICEN y al Consejo de Educación Secundaria (CES). Los inspectores que violaron el art. 58 de la Constitución deben ser destituidos. Lo reclamo desde que se conoció la proclama”.

La molestia de la Senadora refiere a la decisión tomada por el CES de NO DESTITUIR a los denunciados por la Senadora por una declaración publicada en las redes en noviembre de 2019, en apoyo a la candidatura Martínez- Villar.

Dra. Beatriz Bello

La decisión del CES fue adoptada luego de realizar una investigación administrativa por denuncia de presunto proselitismo, violación de laicidad y abuso de funciones

Según surge de la lectura de la resolución cuestionada, de la investigación no surgió probada la denuncia de que los Inspectores y Coordinadores del CES hayan realizado proselitismo político en “horas de trabajo”, ni en el “lugar de trabajo”, ni que se hayan “usado bienes” ni el nombre “ANEP”.

No se constató violación de la laicidad ni otro abuso de funciones. Tampoco resultó probado que el mero hecho de adherir a una declaración signifique “constituir una agrupación con fines proselitistas”.

No hay NINGUNA PRUEBA de que hayan seguido ningún procedimiento para constituir ningún tipo de agrupación.

Sí se probó que se limitaron a adherir a una declaración cuyo fin NO fue constituir una agrupación, sino declarar algo sin actividades ulteriores. Es precisamente la «constitución» de agrupaciones con fines proselitistas lo que artículo 58 de la Constitución prohíbe cuando se utiliza en esa agrupación “las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes.”

Pero constituir una agrupación proselitista no se hace con una mera declaración de adhesión a una candidatura; eso es un acto de expresión de pensamiento que se agota en sí mismo. Así lo declararon los inculpados y no surgió ninguna prueba que demostrara lo contrario.

No obstante, el CES Sí consideró como reprochable que los funcionarios hayan publicado en redes sociales una declaración de apoyo a una candidatura mencionando sus cargos; pero NO por imputarle proselitismo ilícito, sino por considerarlo una conducta inadecuada. Por eso motivo aplicó sanciones de suspensión de 3 a 5 días, según el grado de participación.

En esta reflexión no analizaremos si esa sanción es justa o injusta: eso les corresponde a los sancionados, que pueden oponerse presentando recursos administrativos.

Aquí, lo que resulta preocupante, es que una Senadora decida citar a Comisión al CODICEN y al CES, porque ELLA entiende que “los inspectores (…) deben ser destituidos” y afirma que “lo reclamo desde que se conoció la proclama”.

La Senadora lo escribe sabiendo (aparentemente) que en la investigación administrativa NO SE PROBÓ que hubieran violado el artículo 58 de la Constitución; lo que parece desear, sería CAMBIAR una DECISIÓN ADMINISTRATIVA sin tener legitimación para recurrir, como requiere la legalidad vigente.

Los dichos de la Senadora no parecen una crítica, sino “una orden”: “DEBEN destituir…” – “LO RECLAMO…”.

Si realmente se atribuyera ese PODER, implicaría pretender avasallar las normas del Derecho Administrativo y los principios constitucionales del Debido Proceso y la Autonomía. Pero suponemos que sólo ha incurrido en un error de redacción.

No obstante, si el mensaje emitido con su tweet no fuera aclarado, el tema preocupa.

De su mensaje, se desprende que la Senadora parece creer que puede “ordenar” a un Consejo desconcentrado de un ente autónomo destituir a sus funcionarios porque, a SU criterio, “violaron la Constitución”.

Llama la atención que parezca desconocer que la Ley 18.437 (artículo 63 literales G y H, y artículo 59 literal J) establece que el CODICEN sólo puede destituir a funcionarios de los Consejos Desconcentrados cuando el RESPECTIVO Consejo Desconcentrado SOLICITA al CODICEN una destitución.

En su tweet parece que olvidara que ninguno de los 3 Poderes del Estado, puede OBLIGAR a un Consejo Desconcentrado de un ente autónomo a SOLICITAR una destitución (o 25, como en el caso denunciado), ni puede obligar al CODICEN a disponer una destitución de un funcionario del CES que NO fue solicitada por el propio CES.

Suponer lo contrario, sería una GRAVE VIOLACIÓN DE LA AUTONOMÍA. Pero no lo supondremos, insistimos: preferimos creer que se incurrió en un error de redacción.

Por su formación jurídica, seguramente la Senadora no desconoce ninguna de esas normas, pero desde su rol político, decidió ejercer su derecho a realizar una declaración unipersonal con finalidad proselitista (lo que no es ilícito) pero conjugando los verbos de modo poco feliz; puede CRITICAR, pero no ORDENAR tomar cierta decisión a ningún órgano con autonomía, siguiendo SU interpretación personal.

Según la Constitución de la República, la única interpretación vinculante es la que emana de la LEY (sin perjuicio de las facultades de la Suprema Corte de Justicia). No la de los legisladores. Si la Senadora Bianchi y el Senador Sanguinetti opinan que los Inspectores del CES (u otros) deberían tener prohibido realizar manifestaciones políticas públicas, salvo el voto (como lo hace el artículo 77.4 de la Constitución para otros cargos), o extender para ellos (u otros) solamente alguna de esas prohibiciones, por ejemplo, la de “suscribir manifiestos de partido” (que es idéntico a lo reprochado), podrán proponer un Proyecto de Ley que extienda la sanción de destitución para esos otros cargos, acudiendo al mecanismo previsto preceptivamente por el artículo 77.8 de la Constitución. Esa iniciativa, para convertirse en ley, requeriría dos tercios de componentes de cada Cámara, porque así lo dice la Constitución de la República.

Si lo que en realidad pretendió fue anunciar que desea explicaciones sobre lo actuado por parte de las autoridades competentes, estaría ejerciendo su rol de contralor; es su derecho, pero las palabras utilizadas puedan interpretarse en sentido diverso. Desde el respeto que merece su investidura, preferimos creer en la hipótesis del error en la redacción: nadie está libre de errar.

De la lectura de la resolución que parece haber molestado a la Senadora, no surge que el CES haya incurrido en omisión de ejercer su obligación de investigar la denuncia contra los Inspectores, ni que hayan omitido el ejercicio de su potestad sancionatoria.

Y este es el principal motivo de preocupación: el modo como se anuncia la citación que realizará.

La Senadora parece no haber meditado lo suficiente, ya que para destituir a UNA o a VEINTICINCO personas (como en este caso), NO alcanza ninguna convicción personal.

La destitución es la sanción máxima. Toda sanción debe analizarse con minuciosidad rigurosa, pero cuando se trata de una destitución, ese rigor debe ser extremo, porque los resultados son devastadores para el destituido.

Ese rigor no refiere solo a los hechos y a la responsabilidad en ellos, también refieren a la PRUEBA. No basta que la conducta “PAREZCA” prohibida: ello debe probarse sin que subsista ninguna DUDA razonable.

No se sanciona por la mera apariencia de ilicitud, ni por convicción sin pruebas.

De la lectura de los fundamentos de la resolución del CES, surgen elementos que conducen a presumir que el caso se analizó con la debida rigurosidad: análisis de los hechos y de la prueba, consideraciones sobre las distintas conclusiones vertidas en la Investigación, revisión de la normativa, análisis de las defensas presentadas, y una valoración del conjunto.

Eso es, ni más ni menos, que MOTIVAR una resolución. Así lo exige el Artículo Nº 123 de la Ordenanza 10 de la ANEP -que regula el procedimiento administrativo- cuando ordena que:

“Todo acto administrativo deberá ser motivado, explicándose las razones de hecho y de derecho que lo fundamentan. No son admisibles fórmulas generales de fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa y concreta de los hechos del caso específico en resolución, exponiéndose además las razones que con referencia a él en particular justifican la decisión adoptada.”

Las resoluciones con esas características suelen ser LEGÍTIMAS; lo que no equivale a afirmar que tengan que ser compartidas por TODOS.

Si hubiera solamente UNA interpretación del Derecho al ser aplicarlo a un caso concreto, no existirían varias instancias en los procesos judiciales; ni sentencias dictadas por Tribunales de Apelación que desestiman recursos o anulan sentencias anteriores por una votación de 2 a 1; ni sentencias de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que desestiman o acogen recursos mediante sentencias con votaciones de 3 a 2. Pocos son los casos TAN CLAROS que admiten unanimidades en todas las instancias.

Por otra parte, tampoco habremos de suponer que la Senadora haya “reclamado” públicamente la destitución esperando INFLUIR en la decisión de los Consejeros que debían adoptar una decisión luego de la Investigación. Porque -salvo que se demuestre lo contrario- no corresponde pensar que realizó su denuncia con ánimo de “predisponer” al CES a solicitar una destitución al CODICEN, ni para predisponer a éste a que destituyera.

En nuestro país rige el Principio del Debido Proceso. Y tal como afirma el Prof. Martín Risso1 con referencia a ese principio en nuestra Constitución, “No debe existir predisposición del Tribunal” lo que denomina GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD.

Por otra parte, descartamos que la iniciativa de convocar al CODICEN y al CES para concurrir a Comisión del Senado pueda tener el objetivo de influir, porque resulta evidente que a la fecha en la que se realice, seguramente los sancionados ya habrán cumplido con su sanción; y la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es constante al sostener la aplicación del principio de debido proceso conocido como “non bis in idem”, que implica que una misma persona no puede ser ni juzgada, ni sancionada, dos veces por los mismos hechos.

Lamentamos que una legisladora con su formación, parezca haber olvidado que todas las personas MERECEN RESPETO y se apresure a CONDENAR con ligereza.

Porque los Inspectores del CES, si bien no encabezaron ninguna lista política, tienen sus propios méritos: han realizado carreras de grado y la mayoría de ellos uno o varios posgrados -lo que implica décadas de estudios- ;y han llegado a sus cargos luego de largas décadas de función docente; han superando toda la sucesión de concursos requeridos para acceder a sus cargos: primero para acceder a la efectividad docente, luego para ejercer como directores, y finalmente para ocupar sus cargos como inspectores.

En nuestra opinión TODAS las PERSONAS, incluidos ellos, MERECEN RESPETO y que se presuma su INOCENCIA hasta que se DEMUESTRE lo contrario. Pero fueron condenados en los medios al denunciarlos, y ahora nuevamente quieren ignorar que ya fueron juzgados y piden nuevamente su condena.

Por su parte, el Senador Julio María Sanguinetti realizó declaraciones similares a las que venimos de comentar.

Según difundió Radio Montecarlo, el 13 de marzo habría reclamado “destituir a los inspectores de Secundaria que manifestaron su apoyo a Martínez en el balotaje 2019”.

De acuerdo a la misma fuente, Sanguinetti habría afirmado que “según el Estatuto del Funcionario Docente, deben ser destituidos por incurrir en proselitismo” (el destaque no figura en la fuente: es nuestro)

En esos dichos, el Senador también se refiere a SU convicción personal, pasando por alto -igual que lo hizo durante la campaña electoral- la presunción de inocencia de rango constitucional.

Tampoco hace referencia directa a las resultancias de la investigación realizada sobre esos hechos.

Sin embargo, la denuncia sobre la presunta violación del artículo 3.e) del Estatuto Docente, YA fue analizada y descartada por el Consejo de Secundaria, por no resultar probada.

Todos sabemos que el proselitismo, fuera de los lugares y horario de trabajo, es LÍCITO. Y en nuestro país, la mayoría de los ciudadanos hacemos proseliltismo durante las campañas electorales, de una forma u otra. Es un derecho político vinculado a la ciudadanía.

La norma estatutaria que cita el Senador Sanguinetti ordena a los docentes: “Abstenerse de hacer proselitismo de cualquier especie, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de las mismas, ni permitir que los bienes o el nombre del Ente sean usados con tales fines. La violación de este inciso será preceptiva causal de destitución.”

En su resolución, el CES analiza precisamente si los hechos denunciados violan o NO alguna de esas prohibiciones.
Porque el proselitismo realizado fuera de esas hipótesis es LÍCITO; está amparado por la libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión, garantizados por la Constitución.

Esa fue una de las defensas esgrimidas por los denunciados. Y en la investigación, NO SURGIÓ PROBADO que la declaración hubiera sido realizada en el ejercicio de la función, ni en ocasión de la misma, ni con uso de bienes, ni usando el nombre ANEP.

Lo único que resultó probado en la investigación administrativa es:
a) que los denunciados afirmaban adherir a la candidatura Martínez- Villar porque -según la declaración que se cuestiona- habían apoyado las políticas públicas en educación (construcción de decenas de liceos, planes educativos inclusivos, provisión de equipamientos, duplicación del salario docente, etc.); b) que al adherir, se identificaron como Inspectores del CES.

Pero al ejercer su derecho de defensa, afirmaron que ello NO estaba prohibido para SUS CARGOS, fundamentando que no están comprendidos en la prohibición del artículo 77.4 de la Constitución la República:
«Los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Cuentas, los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto.»

En su resolución, el Consejo de Secundaria hizo lugar a esa prueba de derecho, y agregó una reflexión: si se interpretara que el artículo 3.e) del Estatuto Docente puede ser violado por la mención de los cargos de Inspector en el CES al adherir a una declaración con contenido político, esa norma estatutaria sería inconstitucional, porque el artículo 77.8 de la Constitución dispone que “la Ley podrá extender a otras autoridades por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, la prohibición de los numerales 4º y 5º”.

Y no existe ninguna LEY que haya extendido esa prohibición a Inspectores docentes. En consecuencia, el CES concluyen que, desde una lectura del Estatuto acorde a la Constitución, no puede entenderse que su artículo 3.e) prohíba a los Inspectores mencionar sus cargos al adherir a una declaración de apoyo a cierta candidatura.

Ello que no impidió que esa conducta haya sido reprochada al aplicar otra sanción.

Lo que el Consejo de Secundaria decidió, es que no correspondía imputar proselitismo ilícito (o sea, prohibido), con pena de destitución preceptiva, por lo que NO dispuso sumario (indispensable para una destitución).

Pero sí compartió las conclusiones de la Instructora de la investigación administrativa, entendiendo que existió una conducta inadecuada por el uso de redes sociales mencionando su cargo en el CES, y aplicó una sanción de suspensión de 3 a 5 días que no exige sumario previo.

Tanto el Senador Sanguinetti como la Senadora Bianchi pueden interpretar los hechos de OTRA forma, según su leal saber y entender. Pero SU interpretación no tiene que ser la que adopte el órgano competente al adoptar resolución sobre lo denunciado e investigado.

Según la Constitución de la República, la única interpretación vinculante es la que emana de la LEY (sin perjuicio de las facultades de la Suprema Corte de Justicia). No la de los legisladores.

Si la Senadora Bianchi y el Senador Sanguinetti opinan que los Inspectores del CES (u otros) deberían tener prohibido realizar manifestaciones políticas públicas, salvo el voto (como lo hace el artículo 77.4 de la Constitución para otros cargos), o extender para ellos (u otros) solamente alguna de esas prohibiciones, por ejemplo, la de “suscribir manifiestos de partido” (que es idéntico a lo reprochado), podrán proponer un Proyecto de Ley que extienda la sanción de destitución para esos otros cargos, acudiendo al mecanismo previsto preceptivamente por el artículo 77.8 de la Constitución.

Esa iniciativa, para convertirse en ley, requeriría dos tercios de componentes de cada Cámara, porque así lo dice la Constitución de la República.

Es su derecho asumir la iniciativa e intentar obtener el apoyo de la mayoría constitucional de dos tercios de cada Cámara.

Pero como esa Ley aún NO EXISTE, lo actuado por el CES sería -en nuestra opinión- ajustado a Derecho.

Por último, creemos que sería saludable para la AUTONOMÍA que también se RESPETE a quienes decidieron este asunto, ejerciendo sus cargos de Consejeros, como dispone la Ley.-

Prof. Dra. Beatriz Bello
Profesora -jubilada- de Legislación de la Enseñanza.

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