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Por Sergio Schvarz

La politóloga y ex senadora Constanza Moreira hace un análisis exhaustivo sobre los gobiernos de izquierda en América Latina en la década larga que va desde principios de este siglo hasta nuestros días.

La politóloga y ex senadora Constanza Moreira, quien además es Doctora y Magister en Ciencia Política por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro de la Universidad Cándido Mendes (Brasil) y Licenciada en Filosofía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (Uruguay), hace un análisis exhaustivo sobre los gobiernos de izquierda en América Latina en la década larga que va desde principios de este siglo hasta nuestros días.

Distribuido en cuatro capítulos, que abordan desde aspectos teóricos extraídos de la práctica, la dinámica electoral y conformación de los gobiernos, el repaso de logros, debates y problemas de los tres gobiernos frenteamplistas, y la reconfiguración de las derechas, dichos análisis se hacen ineludibles para entender el proceso del progresismo en América Latina y el regreso del conservadurismo hacia posiciones ultra neoliberalistas y, quizá, nacionalchovinistas.

“Sin el líder, las construcciones partidarias se mostraron débiles e incapaces de encauzar la movilización y el voto”

En el caso de Uruguay se destaca que dicho análisis no es completo, pues al haberse escrito antes de las últimas elecciones no podía predecir totalmente el cambio de gobierno que se ha dado. Sin embargo, si tenemos que buscar las razones de la derrota electoral de la variopinta izquierda uruguaya, aquí hay abundantes elementos a considerar, y que deberemos tomar en cuenta.

Si bien este libro utiliza un lenguaje académico, apoyado en abundante bibliografía, datos de organismos independientes y objetivos, notas explicativas, gráficos y cuadros comparativos, es accesible al público en general. Muchos de los datos que se dan aquí no son muy conocidos, sobre todo el proceso que han recorrido otros países fuera del nuestro o de nuestros vecinos inmediatos. A la vez sirve como un buen resumen de lo que hemos vivido y que, por lo mismo, muchas veces nos cuesta abarcarlo totalmente y ponerlo en contexto.

En lo relativo al análisis del sistema político uruguayo y la situación político-electoral (capítulo 2), se dice que “el sistema de partidos tiende a fragmentarse” (mientras que el Frente Amplio “enfrenta un crecimiento de su fraccionalización”). Los procesos judiciales a varios dirigentes políticos, por su parte, “evidencia la caída de la confianza en los partidos políticos”. Hay allí un estudio del comportamiento electoral, y la politóloga Constanza Moreira llega a la conclusión que “el voto a los partidos en el Uruguay no se distribuye uniformemente ni entre clases, ni entre generaciones, ni entre regiones” (esto sucede con el FA, pero también con el PT de Brasil, el PS de Chile, el MAS boliviano y el PSUV venezolano). En este capítulo, el análisis realizado por Constanza Moreira, muestra (y demuestra) las claras señales del agotamiento de la izquierda luego de tres gobiernos frenteamplistas.

“La izquierda ganó el gobierno, pero no el poder”

Esta investigación analítica se completa con lo que fue la integración de los cargos de confianza, es decir sobre técnicos y políticos en el armado del gobierno, y un repaso de los logros, desafíos y dificultades de los quince años de la izquierda, así como los acuerdos interpartidarios y la interpretación de los mismos.

Y ni que hablar del espinoso tema de la seguridad, donde la autora destaca el conjunto de las iniciativas elaboradas, las que buscaron “mejorar el sueldo de los policías; mejorar el incentivo económico de las unidades preventorrepresivas; crear unidades para responder a los objetivos de prevención y represión del delito; crear una guardia republicana y la Dirección General contra el Crimen Organizado e Interpol; darle prioridad a la gestión de la privación de libertad, con énfasis en el delito adolescente, y crear un Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) encargado de la situación carcelaria pero separado del MI” (Ministerio del Interior), así como el nuevo CPP.

La última iniciativa, aprobada por todos los partidos políticos, el nuevo Código de Proceso Penal, a pesar de las dificultades para su implementación, parece haber ayudado en algo a solucionar el tema. Hay que decir, sin embargo, que todo ello no colmó las expectativas de la población en este tema (y es una de las mayores críticas al gobierno por parte de la oposición), pero también la oposición política y los medios de comunicación machacaron constantemente sobre este tema, muchas veces replicando la violencia, complejizando el tema y ofreciendo soluciones tremendistas. La seguridad es, al decir de la ex senadora, una demanda “infinita, incolmada y, básicamente, insatisfecha”.

El progresismo, ¿nuevo fantasma?
Lo primero es ajustar el término y la definición de progresismo. Dice que este término “comenzó a utilizarse para denominar a un conjunto de nuevos gobiernos en América del Sur tras la V Cumbre de Líderes Progresistas celebrada en 2003, en Londres”, y que apunta a una serie de políticas implementadas por las fuerzas de izquierda. En ese sentido hay tres modelos de ideología para definir la izquierda: 1) modelo espacial, modo de ubicarse en el espacio político definido por preferencias, valores y códigos compartidos, 2) modelo cultural, de acuerdo a rasgos de cultura política, y 3) modelo partidario, ideología y partido de modo conjunto. Además, la izquierda lucha por la descolonización total, así como hace una crítica al neoliberalismo. Critica el rol de Estados Unidos y el papel de organismos multilaterales de crédito y sus condicionamientos, el papel de la OEA (“siempre dispuesta a suspender la categoría de democracia” a los países que no comulgan con su ideología, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, “pero no a las peores dictadura latinoamericanas, ni a pronunciarse sobre ciertas usurpaciones flagrantes a la democracia”, como en el caso de Honduras, Bolivia o en estos días El Salvador).

La judicialización de la política expresa la frustración de expectativas, descontento creciente y pérdida de confianza en gobierno e instituciones políticas

Podemos identificar una primera oleada de la izquierda latinoamericana a partir de la Revolución Cubana y otra a partir del despegue político de la misma después de 1970 (la Unidad Popular y Allende en Chile, el Frente Amplio en Uruguay, el peronismo en Argentina, por ejemplo).

La unidad latinoamericana se ha expresado, entonces, en la búsqueda de una autonomía política y económica para América Latina, una ideología del desarrollo y el buen vivir en contraposición al consumismo desenfrenado. Es por ello que la (nueva) izquierda se ha rodeado de movimientos sociales, organizaciones populares, intelectuales, jóvenes, mujeres y población originaria (indigenismo), a diferencia de la izquierda clásica, blanca y europeizada. Asimismo ha buscado tener una relación sana con la naturaleza (biocentrismo versus antropocentrismo), y la defensa de los intereses de las clases populares en contra de la oligarquía.

Por otra parte, el populismo de izquierda ha sido muy dependiente de líderes y de los recursos de Estado, con poca capacidad organizativa, lo que evidencia una dificultad para llevar a cabo los cambios necesarios.

Hoy hay un estancamiento y una regresión conservadora, tanto en América Latina como en Europa (resurgimiento del neo nazismo). “El gobierno de Bolsonaro es la manifestación más caricatural del ascenso de las derechas al poder”, afirma Constanza Moreira. “Los análisis sobre los fracasos de la izquierda y sus decepciones (la corrupción en sus propias filas, la incapacidad de transformar el modelo de acumulación extractivista, la separación entre los gobiernos y sus partidos con sus bases sociales), no deben hacernos olvidar que las derechas triunfan, además, por sus méritos propios”.

La década ganada
Esa expresión, dada por la ex presidente (y actual vicepresidente) Cristina Fernández de Kirchner, “fue acompañada de un mejoramiento en casi todos los indicadores sociales y económicos”. “Aumentó el producto bruto interno (PBI) per cápita, se redujo la deuda externa, los países recuperaron competitividad, se amplió el mercado de empleo y la mano de obra aumentó considerablemente el nivel educativo de la población” (por ejemplo, el PBI total de América Latina y el Caribe fue de 6,2% en 2010, según la CEPAL). Esto fue posible por el aumento en los precios de las materias primas y por la recepción de inversión extranjera directa, por las políticas progresistas en lo fiscal, en lo laboral, en la educación, en lo sanitario, así como en la inserción internacional y las políticas sociales efectuadas. Todo ello redundó en la mejora del salario y las condiciones de vida de los trabajadores, la reducción de la pobreza y la desigualdad. Se pasó, entonces, “de la desregulación a la regulación laboral, de la apertura indiscriminada al proteccionismo —limitado— de la industria nacional, de la privatización a la reapropiación de activos públicos, del libre juego del mercado a la intervención decisiva del Estado, de medidas únicamente orientadas a mejorar el clima de negocios a medidas orientadas a la protección de los derechos de los trabajadores, de la restricción de las capacidades organizativas del campo popular a su promoción activa y su reconocimiento”. La caída de la pobreza, por ejemplo, “estuvo fuertemente asociada al mejoramiento de la actividad económica para los casos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay”.

“Las políticas de combate a la pobreza y la indigencia colocaron el tema de la obligación del Estado para asegurar derechos mínimos de los ciudadanos”

En lo concerniente a la pobreza, los avances en su reducción “fueron impulsados por una mejoría relativa de los ingresos laborales de los sectores de menores ingresos” y al aumento del gasto público y del gasto público social. Según Joana Silva, economista del Banco Mundial, la reducción de la desigualdad en esa década “se debió principalmente a dos fuerzas: el crecimiento económico y la expansión educativa —especialmente universitaria—, que mejoraron las habilidades de los trabajadores y, como consecuencia, sus salarios”. También se explica por una reducción en el ingreso de los más ricos, que se efectúa mediante “reformas tributarias, gravámenes al capital y aumento en el gasto público social en pro de los sectores más desfavorecidos”.

El Estado fue un instrumento, entonces, para corregir la injusta distribución de la riqueza.

La democracia, durante esa década, se expandió, hubo estabilidad democrática y legitimidad electoral, y en Chile, Brasil y Uruguay “las democracias representativas se afianzaron y se produjo un progresivo desmantelamiento de estructuras, instituciones y poderes heredados de la dictadura militar” (aunque no fue total y que amenaza con recomponerse). Además, “en muchos países, la democracia directa llevó a un aumento de la participación política: ya no solo se eligieron los titulares del poder político, sino que el pueblo fue llevado muchas veces a las urnas para decidir reformas constituciones de mayor o menor envergadura” (aunque la derecha también utilizó —y utiliza— esos mismos mecanismos para defender sus propios intereses). Pero sin duda que esa democracia directa reforzó las instituciones de la democracia representativa. Son las leyes como las de financiamiento de los partidos políticos o leyes orgánicas de los partidos, o sobre el gasto y transparencia del gasto electoral, o la participación de mujeres (y otros sectores como los trabajadores, indígenas y sectores vulnerables). O bien las leyes anticorrupción y de publicidad electoral, de equidad política en el uso de los medios de comunicación (“aunque los medios de comunicación tuvieron poca o ninguna reforma mínimamente estructural en estos años de democracia”).

“La justicia muchas veces jugó el rol conservador con respecto a los nuevos derechos consagrados secundarizándolos, volviéndolos subsidiarios de otros o dificultando su aplicación”.

También hubo un aumento de la representación política femenina (Dilma Rousseff, Michelle Bachelet, Cristina Fernández) y en el parlamento, con un promedio superior con respecto al promedio mundial. Sin embargo, los embates judiciales contra Cristina Fernández o contra Dilma Rousseff, así como la brusca caída en la popularidad de Michelle Bachelet advierten “sobre lo relativo de estos éxitos”. La retomación de la agenda conservadora, en curso en la región, puede echar por tierra “de manera directa o indirecta” estos logros. La judicialización de la política expresa “frustración de expectativas, descontento creciente y pérdida de confianza en gobierno e instituciones políticas”. Esto se magnifica por los medios de comunicación, realizando un concepto de soberanía negativa, puesto que los medios participan en actos de control y juzgamiento de gobiernos, personas o partidos.

Hubo claros avances en torno a los Derechos Humanos: derechos de los pueblos originarios, de los niños, de los afrodescendientes, llamados “derechos de cuarta generación” (no discriminación, reconocimiento jurídicos de la diversidad sexual, derechos a personas trans y a los discapacitados). “La fuerza de estas reivindicaciones, en parte, ha ido de la mano con una creciente autoidentificación de las poblaciones con los pueblos originarios y con el abandono de la otrora “vergonzante” sensación al respecto”. Además, a ello han contribuido las políticas de acción afirmativa para favorecer a grupos minoritarios y poblaciones vulnerables, como las leyes de salud sexual y reproductiva para las mujeres, contra la no violencia de género, de ampliación de derechos maternales y otorgamiento de derechos paternales, así como leyes y códigos de protección a la niñez y adolescencia.

A ello debemos sumar las políticas de transferencia de renta a poblaciones pobres, aumento en la cobertura social y el reconocimiento del trabajo no remunerado (ciudadanía social). La inclusión de estos sectores, pues, “es el triunfo de la idea de que el Estado debe velar por aquellas personas que sin ingreso propio (personas sin trabajo o con trabajo no remunerado, personas en grave pobreza) tuvieran asegurada una provisión básica de bienes (ingresos, vivienda, salud) que los acercara a un mínimo concebible de necesidades humanas satisfechas”.

Por otra parte, los programas de transferencias condicionadas o con corresponsabilidad se centraron en “I) transferencia directa de ingresos para el alivio a la pobreza; II) incentivos a la inversión en capital humano, y III) incorporación de la población a redes de protección y promoción social”.

La reforma de la seguridad social, o la del sistema de salud ha hecho posible un manejo social del riesgo, con énfasis solidarista y ciudadano. A la vez, ha existido una expansión como nunca antes del sistema educativo.

La derrota de los procesos progresistas, se deberían a explicaciones coyunturales, económicas; a explicaciones estructurales; y a explicaciones culturalistas

En síntesis, “la última década latinoamericana ha sido de presidentes populares, con poder político efectivo y capacidad de control de agenda. Una década de “príncipes nuevos”, al decir de Maquiavelo, que vinieron “desde abajo”, con una enorme capacidad de generar una intensa circulación de las elites políticas y el reemplazo de viejas elites (abogados, militares, representantes de los “notables”) por nuevas elites (indígenas, docentes, sindicalistas, mujeres).

Análisis por países
Para circunscribir el tema, la ex senadora afirma que “cada uno de los países del giro a la izquierda vivió su circunstancia política particular a partir del legado de la configuración de su sistema político, de sus experiencias partidarias, de su herencia estatal y de su peculiar inserción internacional”. En Argentina, por ejemplo, “los cambios que se produjeron como consecuencia del colapso del sistema de partidos tras la crisis de 2001 condujeron a tres de los gobiernos más exitosos política y económicamente en la ola de la democracia: los llamados gobiernos K o kirchneristas”. Estos gobiernos “lograron superar la crisis económica y de estancamientos que había vivido Argentina e impulsaron un modo de desarrollo capaz de superar las limitaciones de la falta de acceso al crédito internacional que había derivado del default de 2001”. Esta política es caracterizada como “proteccionista o de nacionalismo desarrollista” y a raíz de ello el país hermano pudo recuperar su capacidad industrial ociosa y disfrutar del boom de la soja, lo que dio pie para generar “sustentabilidad fiscal para las políticas de empleo, de recuperación de activos públicos y de transferencias monetarias a poblaciones vulnerables”.

Sin embargo, con la vuelta al gobierno de Macri, las cosas cambiaron para peor. La capacidad del gobierno de Macri “ha descansado en mantener unida a una heterogénea coalición en un contexto económico complejo, que durante su mandato se agravó escandalosamente a tal punto que la administración de Cambiemos terminó apelando, como en los años noventa, al auxilio financiero del FMI”, con la sujeción a las condiciones intervencionistas que esta dictó para la República Argentina. Como resultado de ello, “Argentina ha retrocedido, en solo cuatro años, lo que había logrado avanzar en los últimos doce”.

“La modernidad genera inseguridad, incertidumbre, indeterminación del futuro, sensación de riesgo constante”

La vuelta de un neo-kirchnerismo, ahora en la figura del presidente Alberto Fernández, a pesar de estar embretado por el peso de la deuda con el FMI (cuyo pago de intereses es insostenible), alienta la esperanza de recuperar, nuevamente, la industria nacional y mejorar las condiciones paupérrimas a que se ha visto obligada gran parte de la población vulnerable.

En Brasil, durante los gobiernos progresistas (sobre todo de Lula da Silva), se redujo la pobreza y el desempleo, el salario mínimo aumentó 66% en términos reales, tornándose la sexta economía más grande del mundo. Durante sus gobiernos, “se sacó a 20 millones de personas de la pobreza” (un 10% de la población). Es decir que, “con un complejo conjunto de políticas, los pobres y la clase media se apropiaron en gran medida de los frutos del crecimiento económico que los más ricos. Estos, sin embargo, no perdieron nada, sino que sus ingresos más bien acompañaron la evolución del crecimiento del país en el período”.

Sin embargo, “los escándalos de corrupción vinculados al lava jato volvieron a instalarse en el escenario público con fuerza”, permitiendo que su impacto en la población fuera muy grande (la constructora brasileña Odebrecht ha inundado de sobornos a políticos y empresarios de toda la región). “La crisis económica le asestó su golpe de muerte a la democracia. En medio de manifestaciones multitudinarias, de una recesión económica y de escándalos de corrupción que amenazaron con implosionar el sistema de partidos desde dentro, el viejo recurso al impeachment, tan usado en la política brasileña desde su estreno con Collor de Mello, hizo lo suyo. El triunfo de Bolsonaro es el corolario inevitable de esta defección en cámara lenta de la democracia brasileña”.

Así Brasil, de ser “la democracia plena más nueva de la región”, con la vuelta de tuerca conservadora de la elección de Jair Bolsonaro (que utilizó el combo mediático-judicial para llegar a la presidencia) ha pasado a ser —y esto lo digo yo, y no la ex senadora— la “democracia autoritaria más importante de la región”, donde una cantidad importante de ministros son de extracción militar (al igual que él).

En los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, hubo una refundación del orden republicano. Asimismo se hicieron reformas constitucionales de gran envergadura. Venezuela “hizo una reforma casi integral del sistema: instaló un régimen unicameral, aprobó la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y reglamentó el referéndum revocatorio”. Ecuador “aprobó el llamado Código de la democracia, reglamentó las consultas populares y la revocación de mandato  y también votó una Ley de Participación Ciudadana”. Bolivia aprobó “una reforma de la Carta Magna que […] instaló el Estado Plurinacional”. Estas reformas reforzaron el poder presidencial, y les permitieron a esos tres líderes (Chávez, Correa y Evo) “articularse políticamente, al fundar o refundar sus propias bases partidarias anteriores”. Con ello, sortearon las limitaciones del “presidencialismo de coalición”, prolongaron los mandatos presidenciales, así como instituyeron normativas y mecanismos para aumentar el poder popular y se reconocieron, por primera vez, los derechos de los pueblos indígenas. El presidencialismo predominante en América Latina buscó tener mayorías parlamentarias propias (para realizar los cambios necesarios) y reforzó los liderazgos de los presidentes que “encarnaron la antigua voluntad general”.

“La derecha refleja, en buena medida, el retorno de lo reprimido”

A ese proceso, dice Constanza Moreira, “le sobró rousseanianismo y adoleció de madisonianismo, no por pretensiones teóricas propias de estos gobiernos, sino como resultado del campo de composición de fuerzas políticas que se enfrentaron”, es decir, se comportaron con “una suerte de bonapartismo revisitado”, ya que tuvieron que librar dos batallas al mismo tiempo: “la de conseguir mayorías propias y la de mantener sus preferencias en el electorado”. El papel dirigente de esos “príncipes” (a lo Maquiavelo), caudillos políticos o líderes sociales (como por ejemplo Evo, Correa, Lula, Mujica, Kirchner), fue muy importante, “son liderazgos carismáticos surgidos del propio pueblo”. Es por ello que el recambio de esos líderes ha sido algo no bien elaborado, y desmentida luego por una política (quizá equivocada) de reelección. “Sin el líder, las construcciones partidarias se mostraron débiles e incapaces de encauzar la movilización y el voto”.

En los casos de Uruguay y Chile, que según la autora tiene varias semejanzas y problemas similares ( entre ellos: 1) angostamiento de su capacidad económica, 2) “crecientes niveles de descontento ciudadano con izquierdas condicionadas por alianzas y pactos que ponen un límite a los cambios estructurales más profundos, en especial aquellos que supondrían mayores gravámenes al capital, y 3) problemas de desafección política y protesta ciudadana, particularmente en Chile), donde ha habido continuidad democrática y estabilidad, “hay dos bloques en disputa”, bien definidos ideológicamente y de peso electoral equivalente. En Chile, “ambos bloques conforman coaliciones sólidas de partidos, mientras que en Uruguay, una coalición de izquierda, nacida a inicios de los años 70, “disputa el poder contra los dos viejos partidos tradicionales heredados del siglo XIX” (más otros partidos menores, de reciente creación —agrego— que están en la estela o a la sombra de estos dos partidos).

“En términos económicos, Chile ha tenido un desempeño estable a lo largo de la última década, con una tasa de crecimiento sostenida […]. Ello le ha permitido abatir la pobreza…” (de un 20% en el año 2000 al 8,6% en 2017. El gran problema de Chile, sin embargo, “ha sido tradicionalmente la desigualdad”.

Uruguay, en cambio, “ha tenido un comportamiento muy desparejo en términos económicos, con crisis profundas y que han estrangulado el desarrollo nacional, (ha) generado importantes problemas de empleo y propiciado la migración masiva de personas” (la dictadura, entre 1973 y 1984, acentuó ese exilio). “Desde la dictadura hasta hoy, Uruguay vivió apenas un período de crecimiento resaltable, durante la primera mitad de los noventa, en el cual el gobierno del PN ensayó distintas soluciones neoliberales con poco éxito, pero que profundizaron la desindustrialización, debilitaron al Estado y precarizaron el empleo”. Además, “entre los años 1998 y 2002, Uruguay vivió un período recesivo y sufrió una crisis financiera aguda…”.

El gobierno del Frente Amplio, por tanto, “realizó una gestión notable al frente de la economía del país (reconocida por organismos económicos y financieros mundiales) y muy razonable en términos de políticas sociales”. Quizá lo más destacable “haya sido el avance realizado en la llamada “agenda de derechos” (despenalización del aborto, legalización de la marihuana, matrimonio igualitario, ley trans)”.

Como síntesis del proceso progresista para América Latina vale la opinión del profesor Sergio Rodríguez Golfenstein, analista internacional, ex director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela: “América Latina y el Caribe hoy es superior a la del año 2000 y eso ha sido gracias a estos gobiernos democráticos y progresistas, que en el peor de los casos han creado mayores y mejores condiciones para la participación popular”.

Dos tendencias en la izquierda
En estos últimos años, y como parte de un proceso que viene desde la ya lejana caída del Muro de Berlín y el colapso del sistema socialista en Europa del este, sobre todo en la ex Unión Soviética, ha habido dos fuertes tendencias dentro de la izquierda. Por un lado un “reforzamiento de una dinámica política polarizada en dos bloques ideológicamente diferenciados, en el cual la vieja lucha por el centro ideológico deja lugar a la afirmación de partidos con espíritu programático diferenciado y disputa ideológica abierta y, en varios casos, centrífuga”, y por otra parte, creación de nuevos partidos políticos “que incorporan movimientos sociales en su interior y reformulan los ideales de la izquierda mediante la incorporación del indigenismo, el ecologismo y el feminismo como corrientes políticas”. También, por supuesto, “se verifican diferentes vertientes del socialismo democrático”.

A diferencia de las organizaciones políticas, en particular de Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela, que la politóloga Constanza Moreira analiza su desarrollo en detalle, en Uruguay y Brasil, el FA y el PT datan de comienzos de los años 70 y 80, y “surgieron en el gran caldero de la Guerra Fría” (durante la segunda ola de la democracia). Estos partidos “tienen en común el aglutinamiento de un conjunto variado de fuerzas para enfrentar el autoritarismo político y el ajuste económico conservador”. El PAIS, de Ecuador, por ejemplo, o el MAS, de Bolivia, dentro del socialismo democrático, “corresponde a creaciones políticas propias”, y se integran en la tercera ola de democracia.

En Chile, la Concertación (PS y PDC más el Partido por la Democracia), conformó una alianza no del todo estable, pues “dado que el escenario implicaba constreñimientos económicos y políticos de gran consideración heredados de la dictadura, los gobiernos, aun de orientación de izquierda, gobernaron con las “manos atadas” ”. Con la creación del Frente Amplio (coalición de una decena de pequeños partidos y movimientos políticos, que destaca por la juventud de sus dirigentes), reafirma las dos tendencias: “dinámica política polarizada en dos bloques políticos ideológicos diferenciados y creación de nuevos partidos políticos, algunos de los cuales incorporan movimientos sociales en su interior”.

En Venezuela con la creación del MVR de Chávez, luego transformado en el actual PSUV, se rompió el predominio tradicional y se quebró el puntofijismo.

Las bases materiales del consenso
“El crecimiento económico sostenido permitió distribuir beneficios entre los grupos más pobres y mejorar las condiciones de vida de la población asalariada. Todo ello sin alterar sustancialmente los equilibrios macroeconómico”. Lo cierto es que “la izquierda ganó el gobierno, pero no el poder”, aunque lo hizo satisfaciendo las expectativas de “millones de latinoamericanos que apostaron a un cambio”, evitando conflictos con el poder económico y financiero, logrando un difícil equilibrio.

Se trató de “fortalecer al Estado como líder en las inversiones y la explotación de recursos naturales”. “El gasto social como porcentaje del gasto total pasó de 53,87% en 1992-1993 a 66,4% en 2013-2014”, lo que explica la caída de la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, el principal logro de los gobiernos progresistas es la reducción de la desigualdad, en un contexto de crecimiento económico y recuperación del espacio fiscal del Estado (crecimiento propobre). La forma en que el gasto del Estado se distribuyó fue privilegiando al sector público sobre el privado, y a los más pobres y a las capas medias bajas.

La política laboral y la recuperación de los derechos de los trabajadores se dio en el marco de la alianza de partidos y gobiernos de izquierda con el movimiento sindical. Se promovieron políticas de regulación del mercado laboral: “negociación colectiva por rama de actividad entre trabajadores y empresas regulada por el estado; derechos de huelga y defensa de los fueros sindicales para proteger e impulsar la actividad sindical de los trabajadores; políticas de aumento del salario mínimo; protección de los salarios reales y aumento de los salarios públicos, en especial en la educación pública; políticas destinadas a la formalización del trabajo y de la pequeña y microempresa destinadas a asegurar los derechos laborales de trabajadores y pequeños empresarios; estrategias de formalización del empleo en ramas del trabajo con gran informalidad”.

La nueva agenda de derechos
Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, desnudó las relaciones entre la religión y la política, así como azuzó controversias que dividieron a la izquierda y a la derecha entre un pensamiento conservador y otro progresista. Ello incluye la despenalización parcial o total del aborto, la identidad de género y la ampliación de la licencia maternal (así como la creación de la licencia paternal). También desnudó las contradicciones del patriarcado en la política, expresadas en la búsqueda de la paridad política, la resolución del trabajo no remunerado de las mujeres y, sobre todo, la violencia de género que se ha hecho muy visible en los últimos años, con marchas multitudinarias como las realizadas los 8 de marzo. Otros derechos consagrados son los derechos de la población afrodescendiente, de los discapacitados o de los pueblos originarios.

“La tónica dominante fue la del reconocimiento del racismo como lucha política, la tipificación de los crímenes de odio, el diseño de políticas de acción afirmativa para las poblaciones afro, pero, muy especialmente, el derecho de los pueblos originarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y la convivencia de formas jurídicas distintas al derecho positivo. Se usó el término descolonización para designar estos procesos”.

La legalización y/o la regulación del cannabis, tanto de uso recreativo como medicinal, demostró que esto estuvo lejos de todos los temores moralistas (en Uruguay no se disparó el consumo, como decían quienes estaban en contra de la Ley de regulación de la marihuana), así como sucedió con la legalización de la planta de coca, de uso tradicional (y que nada tiene que ver con la cocaína).

Otras luchas, aún pendientes
Si bien se ha avanzado mucho en los temas de los Derechos Humanos, referidos al pasado reciente, aún hay un debe en cuanto a la verdad y la justicia referidos a los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, sobre todo al esclarecimiento de los hechos, la tipificación y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. La justicia, en este tema, fue “deliberadamente ambigua”, erigiéndose (como en Uruguay y en menor medida en Brasil) a modo de un muro, impidiendo procesos judiciales y condenas por crímenes cometidos, tras la proscripción de los delitos o la imprescriptibilidad de los mismos por el tiempo pasado.

Es claro, también, la necesidad de una lucha anticapitalista, para amortiguar “efectos perversos de su fase neoliberal, antirregulatoria, financierista y globalizada”(1). Para ello habrá que bregar por mantener el derecho de huelga, no permitir el libre despido sin causa, mantener los derechos políticos consagrados de los trabajadores y de libre sindicalización, así como el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida y, sobre todo, el mantenimiento de los consejos de salarios donde, en esta década larga, el Estado terció entre el capital y el trabajo, poniéndose del lado del más débil, a favor del trabajo. Además, “las políticas de combate a la pobreza y la indigencia colocaron el tema de la obligación del Estado para asegurar derechos mínimos de los ciudadanos”.

Dentro de lo jurídico, el Poder Judicial tuvo una notable capacidad para obstaculizar políticas públicas que pudieran transformar el statu quo, o bien inhabilitando o recortando las reformas tributarias proyectadas. “La justicia muchas veces jugó el rol conservador con respecto a los nuevos derechos consagrados secundarizándolos, volviéndolos subsidiarios de otros o dificultando su aplicación”. Por ejemplo, con la Ley de Medios, confundiendo la libertad de expresión con la libertad de empresa, la justicia se expidió de forma lenta, analizando los muchos pedidos de inconstitucionalidad, dando una tardía reglamentación. En la región hubo un activismo judicial que se tradujo en juicios políticos, principalmente para desacreditar a la izquierda.

El contexto regional e internacional
La apuesta de la Unasur, de desarrollar un espacio regional integrado, y que llegó a representar el 68% de la población de América Latina, no logró consolidarse. “Lo más resaltable de la posibilidad de colaborar con un nuevo orden mundial fue la creación de la Unasur”, afirma Constanza Moreira, pero una vez que la derecha fue reconquistando los gobiernos de la región, su desmembramiento dejó en claro cuál es el orden mundial que quiere la principal potencia. “La salida de Venezuela del Mercosur fue el primero de los movimientos para desandar el camino que la Unasur había construido durante una década”. Y “la posición del Grupo de Lima de exigir la salida de Maduro fue el corolario de este proceso”.

Una de las cosas que sí logró hacer fue la libre circulación de personas de la región sur (salvo la Guyana Francesa y Surinam), únicamente con la cédula de identidad. Y cuando los refugiados venezolanos fueron demasiados —alentados e instigados por una campaña mentirosa dentro y fuera de fronteras, sumado a la preocupante situación interna—, se volvieron a exigir pasaportes (como en Ecuador) para frenar la caótica situación de estos refugiados y la violencia hacia ellos, desatada por la reacción nacionalista y chovinista. Esta libre circulación permitía crear un área de libre residencia con derecho a trabajar, solamente con acreditar la nacionalidad y no poseer antecedentes penales (primero por 90 días, luego solicitando residencia temporal de 2 años y posteriormente accediendo a una residencia definitiva).

La creación del Consejo de Defensa Suramericano buscó la cooperación militar y la defensa regional. En torno a la educación se buscó la unificación del sistema, en primaria, secundaria y universidad, y la revalidación de materias bajo un sistema único de evaluación y malla curricular.

El problema de la deuda externa, en particular con el FMI, fue una verdadera espada de Damocles sobre la mayoría de los países sudamericanos, puesto que “los intereses de deuda constituyen una porción significativa del presupuesto nacional y la deuda latinoamericana se incorpora a las mediciones de riesgo país y condiciona la obtención de crédito”. En ese sentido, es bueno recordar que “Kirchner, Cristina, Lula, Vázquez y Mujica no firmaron acuerdos con el FMI ni permitieron más condicionalidades externas a la agenda del desarrollo. Pero las nuevas derechas rápidamente volvieron a la política de acuerdos con el Fondo” que lesionan la soberanía y hacen aún más dependientes a nuestras economías.

Sin embargo, durante el período se reforzó el carácter dependiente de las economías de la región, sobre todo dependientes de la inversión extranjera, “reforzó el extractivismo y la dependencia de los recursos naturales” con enormes costos ambientales, exoneraciones impositivas y el gasto de ingentes recursos del Estado para desarrollar la infraestructura que estas empresas (multinacionales) requerían.

En síntesis: “la región continuó exportando bienes primarios (aún con incorporación de tecnología) e importando bienes con valor agregado. No logró industrializarse o avanzar en un modelo de diversificación productiva”.

El Estado, además, tuvo una baja capacidad para invertir en infraestructura, lo que evidenció una dificultad importante para el desarrollo, a la vez que la burocracia estatal fue permeable a intereses externos, al alto clientelismo, la baja capacitación de funcionarios públicos, todo lo cual representaron escollos serios dentro del aparato del Estado. En suma, “los obstáculos al empoderamiento político del Estado como motor del desarrollo vinieron del Poder Judicial, de la globalización normativa y financiera y del impacto de esta sobre los márgenes de maniobra de los Estados para controlar sus variables domésticas”. “La judicialización de los conflictos políticos, la mediatización de los escándalos de corrupción, las declaratorias de inconstitucionalidad de leyes y políticas públicas revistan en el listado de los obstáculos enfrentados”, amén de la dificultad para modificar la estructura impositiva.

Además, hubo una gran dificultad para obtener mayores recursos para la educación, y ello hizo que la mano de obra tuviera una baja formación educativa.

“El que no salta es un botón”: el tema militar
Durante la última legislatura, la hoy ex senadora cumplió un papel de enfrentamiento directo hacia quienes reivindicaban, de uno u otro modo, a la dictadura, ya sea minimizando sus efectos u ocultando sus crímenes, o bien diciendo que esta fue resultado de una guerra, la llamada teoría de los dos demonios. En este libro la politóloga Constanza Moreira hace un análisis del tema militar, donde aborda desde el incremento del presupuesto para la Defensa Nacional y la inutilidad (teórica) de un ejército (en Uruguay) en el contexto regional. También aborda lo relacionado a las Misiones de Paz, su función mitigadora del desempleo y, sobre todo, el déficit de la llamada Caja Militar. “El déficit anual de esta Caja era casi del orden de todo el déficit que se había querido abatir en la rendición de cuentas”, es decir: “el déficit de todo el Banco de Previsión Social (BPS) había sido, en 2015, de 300 millones de dólares para cubrir a 600.000 pasivos. El de la caja militar era de 400 millones para cubrir apenas a 55.000 pasivos”, además de los beneficios jubilatorios que se les otorga a este sector.

La reforma de esta Caja, elaborada en la última legislatura, tímida sin lugar a dudas, permite un “régimen de transición tan generoso que, prácticamente, dejaba fuera al 80% del personal militar actual, el que continuará durante los próximos treinta años, jubilándose con un régimen de privilegio y manteniendo topes altísimos con relación al resto de los jubilados)”. Esto demuestra el contubernio existente entre la casta militar y buena parte del sistema político, principalmente los partidos tradicionales.

La Ley Orgánica Militar fue otro parto doloroso, pero se logró la reducción de generales y, con todo, cierto adecuamiento a la realidad. Lo que hace Constanza Moreira en este apartado, es una historia sobre la discusión y los debates en torno a este tema en el último período legislativo.

Otros temas abordados
Uno de ellos fue el debate sobre los medios de comunicación y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuyo objetivo era “la regulación de servicios de radio, televisión y otras herramientas de comunicación audiovisual”, en el entendido de que a estos servicios le eran “aplicables la Constitución y los convenios internacionales referidos a la protección y promoción de la libertad de expresión y de la diversidad de expresiones culturales, así como los emanados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Es decir, “dado que los medios son considerados de interés público, deben cumplir con garantizar el derecho a la libertad de información y de opinión, con asegurar el acceso a la pluralidad y la facilitación del debate democrático, y con promover la participación ciudadana en los asuntos públicos, así como el acceso a la cultura nacional”. Para ello debe haber  un acceso equitativo, prohibiendo la censura previa, la interferencia o presiones y conocer la identidad de los titulares de los servicios.

A decir verdad, tras dificultades para la aprobación y emplazamiento, la Ley de Medios tuvo algunos escasos logros: “el canal de la Intendencia de Montevideo, TV Ciudad, ganó un concurso que le permitió la transmisión de partidos de fútbol; la URSEC multó a los canales privados por incumplir la regulación respecto a las tandas comerciales, y el INAU aplicó los artículos de protección de los derechos de los niños y niñas en repetidas ocasiones”. Hay que consignar que, a últimas fechas (19 de febrero de 2020) el gobierno autorizó tres nuevos canales de televisión a privados, en el marco de esta ley, más allá que aún no se ha aprobado la integración del Consejo de Comunicación Audiovisual.

Otro capítulo aparte fueron la discusión y aprobación de acuerdos comerciales, en especial con Chile y la negativa a un TLC con Estados Unidos (TISA), el conflicto con Argentina por la instalación de la planta de celulosa, que tuvo muchas idas y vueltas, y que finalmente se resolvió con un monitoreo conjunto (en el marco de la CARU).

La nueva derecha y sus viejos objetivos
Para finalizar, la ex senadora hace un análisis sobre la derecha en Uruguay y su fortalecimiento, estrategias y socios: la “construcción de un partido político para la defensa de los intereses hasta la prosecución de estos por vía no políticas ni electorales (a través de influencia directa), pasando por la alternativa electoral partidaria o anti-establishment”, así como al hecho de que “las encuestadoras comienzan a transformarse en un actor político más del sistema”, evidenciando que “la llamada opinión pública […] (es) una construcción política fuertemente intermediada por los medios de comunicación, las encuestadoras y otros intérpretes privilegiados”. O sea que la derecha ha encontrado nuevas formas de expresión aunque busca los mismos objetivos de siempre, en el marco desregulatorio y de expresión neoliberal a rajatabla de la economía (más allá que deba mantener ciertas políticas sociales, conforme a su discurso electoral).

La explicación de la derrota de los procesos progresistas, se deberían a explicaciones coyunturales, económicas; a explicaciones estructurales (como una reacción a la globalización), es decir “la modernidad genera inseguridad, incertidumbre, indeterminación del futuro, sensación de riesgo constante”; y a explicaciones culturalistas. Lo cierto es que “hay un corrimiento a la derecha en segmentos importantes de los partidos tradicionales y en la creación de nuevos partidos”.

Por último, una definición que linda con el psicoanálisis: “la derecha refleja, en buena medida, el retorno de lo reprimido”.

Notas

1.- Del libro de V.I. Lenin, El imperialismo fase superior del capitalismo, sirve destacar los cinco rasgos principales (que hacen al neoliberalismo actual y al poder económico de las multinacionales): 1) la transformación de la competencia en monopolio. Bajo el imperialismo, “algunas de las particularidades fundamentales del capitalismo comenzaban a convertirse en su antítesis”. La libre concurrencia es la particularidad fundamental del capitalismo, el monopolio es la antítesis de la libre concurrencia, pero esta última, por el enorme crecimiento de la concentración de la producción que es su consecuencia, “se ha convertido a nuestros ojos en monopolio”, 2) la fusión del capital bancario con el industrial y la formación del capital financiero. Los Bancos, que antes desempeñaban el modesto papel de intermediarios, se han convertido en “monopolistas omnipotentes” que disponen de casi todo el capital monetario y de la mayor parte de los medios de producción así como de las fuentes de materias primas. Es decir la oligarquía financiera, 3) el predominio de la exportación de capital sobre la exportación de mercancías. La exportación de mercancías era característica del capitalismo preimperialista. Pero a consecuencia del monopolio preponderante de los países más ricos, la acumulación del capital alcanza en la época del imperialismo proporciones gigantescas, y el “exceso” de capital es exportado a los países atrasados, donde las materias primas y la mano de obra son baratas, y las ganancias de los capitalistas fabulosamente grandes, 4) el reparto del mundo entre los monopolios capitalistas. Los cartels; los trusts, los sindicatos más poderosos se reparten entre sí el mercado mundial; distribuyéndose las “esferas de influencia”, formando cartels internacionales, y 5) la lucha entre las “grandes potencias” por el nuevo reparto del mundo ya repartido. El imperialismo agudizó en medida enorme la lucha de los Estados capitalistas por las colonias. El reparto del mundo entre las “grandes potencias” quedó terminado hacia principios del siglo XX, sin que haya territorios no ocupados por los imperialistas. “De modo que lo que en adelante pueden efectuarse son únicamente nuevos repartos en otra forma, es decir, el paso de territorios de un “amo” a otro, y no el paso de un territorio sin amo a un “dueño”. Además la ley del desarrollo desigual bajo el imperialismo se pone de manifiesto en que los países capitalistas jóvenes, que se desarrollan rápidamente, se adelantan a los viejos países capitalistas. Las guerras imperialistas de rapiña y bandidaje por el reparto del mundo, por el nuevo reparto de las colonias, de las esferas de influencia del capital financiero, son inevitables mientras exista el imperialismo.

(Tiempos de democracia plebeya –Presente y futuro del progresismo en Uruguay y América Latina-, de Constanza Moreira, ed. CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), noviembre 2019, Montevideo, 421 páginas)

Por Sergio Schvarz
Escritor, poeta, y ensayos breves.


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